De acuerdo a la información del Ministerio sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, en menos de tres años el Estado boliviano ya tiene demandas, con cuatro consorcios internacionales, por $us 925 millones.
Tres de estas demandas están relacionadas con la actual política de nacionalización impulsada por el Gobierno y, la última, por la anulación de una concesión de explotación minera.
La demanda más importante es con Ashmore Energy International (AEI), perteneciente a TR Holding, que era propietaria del 50% de las acciones de la transportadora de hidrocarburos Transredes. El proceso se inició en junio de este año. La probable suma de la demanda es por $us 500 millones, según información oficial del Gobierno.
Luego está la demanda iniciada en octubre del 2007 por el consorcio italiano Euro Telecom International NV (ETI), ex mayor accionista de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), y cuyo monto demandado alcanza a $us 350 millones.
Los litigios menores son con la empresa Gas Transboliviano (GTB) por 35 millones de dólares de devolución impositiva, iniciado a finales de abril del 2008, y con la compañía minera Quiborax, por 40 millones de dólares, que se inició a finales del mes de octubre del año 2005.
El ministro del área, Héctor Arce Zaconeta, explicó que en todos estos casos el Gobierno está asumiendo ya una defensa, y adelantó que en el litigio con GTB ya se está por llegar a una solución, misma que se dará a conocer en los próximos días.
Cabe recordar que la británica AEI inició la demanda en contra del Estado boliviano luego de que la empresa Transredes, de la que era accionista mayoritaria, fuera nacionalizada el 2 de junio.
Arce recordó que, en este caso, se lleva adelante el arbitraje en la Cámara de Comercio de Estocolmo. Remarcó que ´Bolivia ya asumió la defensa´. La AEI apeló al tratado de promoción y protección mutua de inversiones suscrito entre Bolivia y la Unión Belgo-Luxemburguesa. El convenio establece el pago de una indemnización en caso de nacionalización o expropiación de inversiones. El problema con ETI empezó en octubre del pasado año, cuando el Ejecutivo se hizo con una parte de las acciones de Entel, las que pertenecían a los bolivianos y que estaban en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), administrado por las AFP, y pidió negociar con la transnacional para obtener la mayoría accionaria.
En esa oportunidad, la italiana ETI apeló al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para iniciar un arbitraje y Bolivia decidió retirarse de esa entidad.
Finalmente, el Gobierno, en mayo de este año, ejecutó la nacionalización de Entel, recuperó las acciones que estaban en manos de la empresa europea (50%) e intervino a la telefónica.
Ahora, ETI pidió a la CIADI asignar el tribunal arbitral para resolver el caso, y el Ejecutivo, a pesar de desconocer a este centro, alista su estrategia de defensa, según adelantó ayer el propio ministro Héctor Arce.
Con la empresa GTB, la autoridad aclaró que se trata de un tema impositivo en contra del Estado. Adelantó que éste ya se está solucionando y que hubo una aceptación de la privada.
Por otra parte, la empresa chilena Quiborax, accionista de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA, demandó al país por la anulación de su concesión para la explotación de ulexita y otros minerales no metálicos en el salar de Uyuni (Potosí).
CARACTERÍSTICAS
Tarea • El Ministerio Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales formula, coordina y ejecuta la política de defensa del Estado boliviano en instancias nacionales e internacionales.
Notificaciones • Además de estas demandas, el ministerio también tiene notificaciones de las empresas Glencore (Suiza) y de Graña y Montero (Perú).
Tres de estas demandas están relacionadas con la actual política de nacionalización impulsada por el Gobierno y, la última, por la anulación de una concesión de explotación minera.
La demanda más importante es con Ashmore Energy International (AEI), perteneciente a TR Holding, que era propietaria del 50% de las acciones de la transportadora de hidrocarburos Transredes. El proceso se inició en junio de este año. La probable suma de la demanda es por $us 500 millones, según información oficial del Gobierno.
Luego está la demanda iniciada en octubre del 2007 por el consorcio italiano Euro Telecom International NV (ETI), ex mayor accionista de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), y cuyo monto demandado alcanza a $us 350 millones.
Los litigios menores son con la empresa Gas Transboliviano (GTB) por 35 millones de dólares de devolución impositiva, iniciado a finales de abril del 2008, y con la compañía minera Quiborax, por 40 millones de dólares, que se inició a finales del mes de octubre del año 2005.
El ministro del área, Héctor Arce Zaconeta, explicó que en todos estos casos el Gobierno está asumiendo ya una defensa, y adelantó que en el litigio con GTB ya se está por llegar a una solución, misma que se dará a conocer en los próximos días.
Cabe recordar que la británica AEI inició la demanda en contra del Estado boliviano luego de que la empresa Transredes, de la que era accionista mayoritaria, fuera nacionalizada el 2 de junio.
Arce recordó que, en este caso, se lleva adelante el arbitraje en la Cámara de Comercio de Estocolmo. Remarcó que ´Bolivia ya asumió la defensa´. La AEI apeló al tratado de promoción y protección mutua de inversiones suscrito entre Bolivia y la Unión Belgo-Luxemburguesa. El convenio establece el pago de una indemnización en caso de nacionalización o expropiación de inversiones. El problema con ETI empezó en octubre del pasado año, cuando el Ejecutivo se hizo con una parte de las acciones de Entel, las que pertenecían a los bolivianos y que estaban en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), administrado por las AFP, y pidió negociar con la transnacional para obtener la mayoría accionaria.
En esa oportunidad, la italiana ETI apeló al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para iniciar un arbitraje y Bolivia decidió retirarse de esa entidad.
Finalmente, el Gobierno, en mayo de este año, ejecutó la nacionalización de Entel, recuperó las acciones que estaban en manos de la empresa europea (50%) e intervino a la telefónica.
Ahora, ETI pidió a la CIADI asignar el tribunal arbitral para resolver el caso, y el Ejecutivo, a pesar de desconocer a este centro, alista su estrategia de defensa, según adelantó ayer el propio ministro Héctor Arce.
Con la empresa GTB, la autoridad aclaró que se trata de un tema impositivo en contra del Estado. Adelantó que éste ya se está solucionando y que hubo una aceptación de la privada.
Por otra parte, la empresa chilena Quiborax, accionista de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA, demandó al país por la anulación de su concesión para la explotación de ulexita y otros minerales no metálicos en el salar de Uyuni (Potosí).
CARACTERÍSTICAS
Tarea • El Ministerio Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales formula, coordina y ejecuta la política de defensa del Estado boliviano en instancias nacionales e internacionales.
Notificaciones • Además de estas demandas, el ministerio también tiene notificaciones de las empresas Glencore (Suiza) y de Graña y Montero (Perú).
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