La entidad espera respuesta del ministro Javier Hurtado a sus demandas, caso contrario iniciarán movilizaciones.
Los pocos alcances de la lucha contra el contrabando y la continuidad en la venta de ropa usada, pese a la prohibición de importarla, son resultados de la protección de la actual administración de Estado a este sector, según el Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina).
El presidente de la entidad, Porfirio Quispe, expresó su preocupación por este delicado tema al señalar que hasta familiares de autoridades de Gobierno y del partido oficialista tienen relación directa o indirecta con comercializadores que contrabandean con este producto.
“Sí hay dirigentes o familiares de dirigentes que han financiado sus campañas políticas para ocupar el lugar donde ahora están”, declaró a EL DIARIO el presidente de Codeína al recordar que medios televisivos mostraron a familiares del propio Jefe de Estado que se dedican a la venta de ropa usada.
“También me quedé sorprendido porque la candidata de Chuquisaca del MAS, Sabina Cuéllar, cuenta con dos tiendas de ropa usada y que ha financiado con la venta de ropa usada su candidatura”, afirmó Quispe.
De la misma manera, no descartó la posibilidad que parlamentarios o familiares de los mismos que estén vinculados con este negocio, especialmente del departamento de Oruro que es donde más se concentra esta actividad y se reparte a todo el país.
“No se pudo poner un freno a esta actividad que con el tiempo se ha articulado más. Hasta hablan de formar un partido político”, manifestó el representante de Codeína.
Este problema que persiste en el país se tornó, con esta coyuntura un hecho político, afirma Quispe, ya que no sólo se relaciona con el sector productivo del país que es el más dañado sino ahora con intereses políticos.
“Es por eso que al Gobierno no le queda más que proteger porque la ampliación lo único que ha hecho es proteger a los contrabandistas donde hay gente que está inmersa en el Gobierno”, sostuvo.
Una de las consecuencias de la ampliación en la venta de ropa usada por un año más que decidió el Gobierno en abril es que ocasionará la pérdida entre 21 mil a 25 mil empleos directos e indirectos, sólo en el sector textil, según revela el Comité de Defensa de la Industria Nacional.
Entre los empleos directos se perderán entre 11 y 16 mil y los indirectos alrededor de 10 mil, lo que demuestra que a pesar del decreto que prohibe la importación de ropa usada la oferta del producto en todo el país no ha disminuido.
En esa coyuntura la entidad que aglutina a los pequeño y microproductores de prendas de vestir en el país se encuentra a la espera del Ministerio de Producción y Microempresas a sus demandas entre las cuales pide designar un cinco por ciento del IDH para incentivar la industria nacional, reforzar con más efectivos el Control Operativos de Aduanas y crear un viceministerio de Defensa de Industria Nacional.
En tanto, el Gobierno no emita una señal clara y positiva a sus demandas Codeína se mantiene en estado de emergencia y no descarta iniciar movilizaciones en cualquier momento.
“Esta en manos del Gobierno con la respuesta de las demandas el que iniciemos nuestras acciones que están en cuarto intermedio. Si las respuestas serían negativas a nuestros pedidos, lamentablemente vamos a tener que iniciar movilizaciones”, finalizó Quispe.
Los pocos alcances de la lucha contra el contrabando y la continuidad en la venta de ropa usada, pese a la prohibición de importarla, son resultados de la protección de la actual administración de Estado a este sector, según el Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina).
El presidente de la entidad, Porfirio Quispe, expresó su preocupación por este delicado tema al señalar que hasta familiares de autoridades de Gobierno y del partido oficialista tienen relación directa o indirecta con comercializadores que contrabandean con este producto.
“Sí hay dirigentes o familiares de dirigentes que han financiado sus campañas políticas para ocupar el lugar donde ahora están”, declaró a EL DIARIO el presidente de Codeína al recordar que medios televisivos mostraron a familiares del propio Jefe de Estado que se dedican a la venta de ropa usada.
“También me quedé sorprendido porque la candidata de Chuquisaca del MAS, Sabina Cuéllar, cuenta con dos tiendas de ropa usada y que ha financiado con la venta de ropa usada su candidatura”, afirmó Quispe.
De la misma manera, no descartó la posibilidad que parlamentarios o familiares de los mismos que estén vinculados con este negocio, especialmente del departamento de Oruro que es donde más se concentra esta actividad y se reparte a todo el país.
“No se pudo poner un freno a esta actividad que con el tiempo se ha articulado más. Hasta hablan de formar un partido político”, manifestó el representante de Codeína.
Este problema que persiste en el país se tornó, con esta coyuntura un hecho político, afirma Quispe, ya que no sólo se relaciona con el sector productivo del país que es el más dañado sino ahora con intereses políticos.
“Es por eso que al Gobierno no le queda más que proteger porque la ampliación lo único que ha hecho es proteger a los contrabandistas donde hay gente que está inmersa en el Gobierno”, sostuvo.
Una de las consecuencias de la ampliación en la venta de ropa usada por un año más que decidió el Gobierno en abril es que ocasionará la pérdida entre 21 mil a 25 mil empleos directos e indirectos, sólo en el sector textil, según revela el Comité de Defensa de la Industria Nacional.
Entre los empleos directos se perderán entre 11 y 16 mil y los indirectos alrededor de 10 mil, lo que demuestra que a pesar del decreto que prohibe la importación de ropa usada la oferta del producto en todo el país no ha disminuido.
En esa coyuntura la entidad que aglutina a los pequeño y microproductores de prendas de vestir en el país se encuentra a la espera del Ministerio de Producción y Microempresas a sus demandas entre las cuales pide designar un cinco por ciento del IDH para incentivar la industria nacional, reforzar con más efectivos el Control Operativos de Aduanas y crear un viceministerio de Defensa de Industria Nacional.
En tanto, el Gobierno no emita una señal clara y positiva a sus demandas Codeína se mantiene en estado de emergencia y no descarta iniciar movilizaciones en cualquier momento.
“Esta en manos del Gobierno con la respuesta de las demandas el que iniciemos nuestras acciones que están en cuarto intermedio. Si las respuestas serían negativas a nuestros pedidos, lamentablemente vamos a tener que iniciar movilizaciones”, finalizó Quispe.
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