El Gobierno volvió a dar su confianza a Manuel Morales Olivera, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y lo designó como su representante ante el Tratado de Comercio de los Pueblos y la Alternativa Bolivariana de las Américas (TCP- Alba).
Fue nombrado con la Resolución Suprema 228510, del 10 de enero de este año, que está contenida en la Gaceta 3061.
El funcionario es investigado por la Fiscalía de Distrito de La Paz por supuesto incumplimiento de deberes. Se le vincula con el cambio de anexos de los contratos de los campos San Alberto, San Antonio y Río Hondo, suscritos entre YPFB y Petrobras.
El sábado, Morales Olivera apareció junto al mandatario Evo Morales y al ex presidente de YPFB Jorge Alvarado, de quien fue su asesor anteriormente en la empresa, en un acto de conmemoración del Alba, celebrado en Caracas (Venezuela).
El 23 de marzo, el Jefe de Estado destituyó a Morales Olivera después de que se generara un escándalo cuando se conoció que pactó acuerdos secretos con las petroleras. Dos días antes, frente al Senado, el ex ejecutivo admitió que en su calidad de asesor de Yacimientos tomó decisiones unilaterales y no sólo acordó verbalmente un Anexo D “flexible” con Petrobras, Total y Andina, horas antes de que terminara el plazo de negociación, sino también con otras compañías, de las que no precisó los nombres.
A ese hecho se sumó que se publicaron fotos de diversión del funcionario con algunos de sus colaboradores, conocidos como “Rugrats”, en las playas de La Habana (Cuba), adonde fueron a pasar un curso de especialización petrolera.
El fiscal Alaín de Canedo aclaró que mientras Morales Olivera sea sujeto a investigación no existe ningún problema para que desempeñe un cargo público a nombre del Estado, pues se presume su inocencia.
Sin embargo, hizo notar que si después de las indagaciones, que terminan a mediados de este año, la justicia le encuentra culpabilidad, deberá dejar el puesto inmediatamente.
Este diario trató de contactarse con él, pero pese a los esfuerzos no se le pudo ubicar.
La Prensa consultó en la Embajada de Bolivia en Venezuela, donde explicaron que no trabajaba en aquel país y que no podían dar ningún otro dato.
En el Ministerio de la Presidencia se limitaron a decir que cumplirá funciones en Bolivia.
El portavoz presidencial, Álex Contreras, aseguró que no conocía la designación del funcionario; no obstante, para obtener información proporcionó un número telefónico equivocado.
Sus actividades
El TCP-Alba es un acuerdo suscrito entre Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en abril de 2006, que se perfila como una opción comercial y de cooperación al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que impulsaba Estados Unidos.
El TCP-Alba crea ventajas para que las naciones miembros compensen sus asimetrías sociales y económicas.
La disposición publicada en la Gaceta Oficial no brinda detalles sobre las funciones que ejercerá Morales Olivera.
La Fiscalía también indaga a Juan Carlos Ortiz, otro ex ejecutivo de la petrolera estatal
Fue nombrado con la Resolución Suprema 228510, del 10 de enero de este año, que está contenida en la Gaceta 3061.
El funcionario es investigado por la Fiscalía de Distrito de La Paz por supuesto incumplimiento de deberes. Se le vincula con el cambio de anexos de los contratos de los campos San Alberto, San Antonio y Río Hondo, suscritos entre YPFB y Petrobras.
El sábado, Morales Olivera apareció junto al mandatario Evo Morales y al ex presidente de YPFB Jorge Alvarado, de quien fue su asesor anteriormente en la empresa, en un acto de conmemoración del Alba, celebrado en Caracas (Venezuela).
El 23 de marzo, el Jefe de Estado destituyó a Morales Olivera después de que se generara un escándalo cuando se conoció que pactó acuerdos secretos con las petroleras. Dos días antes, frente al Senado, el ex ejecutivo admitió que en su calidad de asesor de Yacimientos tomó decisiones unilaterales y no sólo acordó verbalmente un Anexo D “flexible” con Petrobras, Total y Andina, horas antes de que terminara el plazo de negociación, sino también con otras compañías, de las que no precisó los nombres.
A ese hecho se sumó que se publicaron fotos de diversión del funcionario con algunos de sus colaboradores, conocidos como “Rugrats”, en las playas de La Habana (Cuba), adonde fueron a pasar un curso de especialización petrolera.
El fiscal Alaín de Canedo aclaró que mientras Morales Olivera sea sujeto a investigación no existe ningún problema para que desempeñe un cargo público a nombre del Estado, pues se presume su inocencia.
Sin embargo, hizo notar que si después de las indagaciones, que terminan a mediados de este año, la justicia le encuentra culpabilidad, deberá dejar el puesto inmediatamente.
Este diario trató de contactarse con él, pero pese a los esfuerzos no se le pudo ubicar.
La Prensa consultó en la Embajada de Bolivia en Venezuela, donde explicaron que no trabajaba en aquel país y que no podían dar ningún otro dato.
En el Ministerio de la Presidencia se limitaron a decir que cumplirá funciones en Bolivia.
El portavoz presidencial, Álex Contreras, aseguró que no conocía la designación del funcionario; no obstante, para obtener información proporcionó un número telefónico equivocado.
Sus actividades
El TCP-Alba es un acuerdo suscrito entre Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en abril de 2006, que se perfila como una opción comercial y de cooperación al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que impulsaba Estados Unidos.
El TCP-Alba crea ventajas para que las naciones miembros compensen sus asimetrías sociales y económicas.
La disposición publicada en la Gaceta Oficial no brinda detalles sobre las funciones que ejercerá Morales Olivera.
La Fiscalía también indaga a Juan Carlos Ortiz, otro ex ejecutivo de la petrolera estatal
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