martes, 11 de septiembre de 2018

Fino relanza su línea de cuidado de ropa Uno



Industrias de Aceite Fino relanzó su línea de jabones Uno, productos que desde ahora cuentan con una nueva imagen, fórmula y envases mejorados.

Así, la variedad Blancos Extremos pasa a ser Blancos Brillantes con aroma floral; Poder Limón a Protección Limón con fragancia a ese cítrico; Ropa Delicada tiene olor a “delicado” y Protección Color una esencia frutal; y el Antibacterial se mantiene igual.

Las jabones cuentan además con una nueva fórmula que ayuda a mejorar la espuma y el poder de lavado; fragancias más especiales e intensificadas; colores con tonos más pasteles; y una forma mucho más ergonómica, que permite un óptimo agarre y manejo.

Empresas de Porongo impulsarán integración con Santa Cruz

Unas 21 compañías con sede en el municipio de Porongo crearon la Asociación de Empresas para el desarrollo de Porongo (Aedep). La institución pretende impulsar el desarrollo de Santa Cruz desde esa localidad. Uno de sus objetivos es vincularla con la región metropolitana de Santa Cruz con infraestructura, específicamente puentes.

"Si Porongo crece de forma planificada, crece Santa Cruz y hacemos de la región metropolitana un polo de atracción de inversiones, lo que fortalece el posicionamiento de Santa Cruz como una de las regiones de Latinoamérica más importantes", señaló Mario Foianini, presidente de Aedep.

Estudios de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) señalan que en 2030 el 68% de la población de Santa Cruz vivirá en el área metropolitana, donde se encuentra también Porongo. Eso implica desafíos para el sector empresarial, ya que de acuerdo a datos que manejan, alrededor de 25.000 trabajadores se trasladan cada día a ese municipio.

"La integración de Porongo y Santa Cruz debe darse. Deben identificar quién tiene las competencias plenas para la integración intermunicipal, en este caso el Gobierno Departamental", explicó Foianini.

Aedep colaborará con las autoridades de Porongo para diseñar una planificación urbana y vial ordenada, contar con un plan desagüe pluvial y análisis de las microcuencas del municipio con la ayuda del Searpi (Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí), entre otras actividades.

Crisis Argentina Bajó comercio en Bermejo

El intendente municipal de Bermejo, Freddy Valdez, indicó que alrededor de 70% de las actividades económicas en el sector comercial se han cerrado, debido a la crisis económica que atraviesa Argentina que repercute en el movimiento económico de la ciudad fronteriza.

En entrevista con Radio Bermejo de la Red Erbol, el funcionario señaló que con la baja del peso argentino respecto al dólar, se ha reducido considerablemente el “turismo comercial”, que antes generaba un efecto multiplicador en la localidad del sur tarijeño.

“Mucha gente de la zona de la Avenida Petrolera ha tenido que cerrar sus puestos de venta, otros todavía los mantienen, pero se calcula que un 70% del comercio en este sector se encuentra totalmente cerrado”, afirmó.

lunes, 10 de septiembre de 2018

Por ocho puntos se internan bebidas que eluden control


Las bebidas alcohólicas que ingresan al país de contrabando lo hacen por Cobija, Desaguadero, Pisiga, Guayaramerín, Puerto Quijarro, Bermejo, Villazón y Yacuiba, según un estudio realizado por Euromonitor.

Por la capital pandina ingresa, principalmente, cerveza de origen brasileño y peruano, que no tiene representación en Bolivia, y también otros alcoholes como el ron. En Desaguadero, además de cerveza peruana, se internan bebidas falsificadas e importadas desde Panamá.

Entre tanto, por Bermejo, Villazón y Yacuiba se introduce al país de forma ilegal vino, fernet, cervezas argentinas y destilados en general. Por Pisiga entran, sobre todo, vinos en cartón.

En Puerto Quijarro y Guayaramerín ocurre algo similar a lo que sucede en Cobija, ya que se introducen mayoritariamente cervezas brasileñas. En la ciudad beniana también ingresan de alijo ron y whisky.

Para el economista Teófilo Caballero, falta control por parte de las instituciones estatales para verificar la adulteración y falsificación de bebidas. A decir del experto, en el país cualquier persona puede vender productos de consumo masivo sin ningún control fitosanitario y de calidad. Eso ocasiona que los habitantes corran el riesgo de contraer cualquier enfermedad por la irresponsabilidad del Gobierno nacional y de los municipios encargados de esas actividades.

Se movilizan hasta $us 219 millones por alcohol ilegal


El mercado ilegal de alcohol en Bolivia genera $us 219,73 millones, de acuerdo con un estudio de Euromonitor que data de 2016, con relevamiento de información en 2013 y 2016. Tan solo el valor monetario del mercado ilegal de bebidas destiladas fue de $us 120,67 millones.

Esa actividad viene acompañada de un gran perjuicio, dado que la evasión tributaria ocasionó una pérdida económica (no pago del ICE, IVA, IT, IUE, GA e ICE) al Estado por valor de $us 102,2 millones.

El estudio, además, da cuenta de que el 12% de los 4,5 millones de hectolitros (hl) de alcohol que se consumieron en 2016 en Bolivia, provinieron de fuentes ilegales.

De los 546.353 hl de las bebidas alcohólicas ilegales consumidas en el territorio nacional en dicho periodo, el 60,37% tuvo su origen en el contrabando. Un 27,62% provinieron de fuentes artesanales ilícitas, un 10,43% de falsificaciones y el 0,87% fueron sustitutos (alcohol no apto para el consumo).


Cervecerías, las más afectadas


La industria cervecera formal en el país es una de las más afectadas por el ingreso ilegal de bebidas alcohólicas. En 2016, el mercado ilegal de cervezas generó $us 48,39 millones.

Además de las cifras, el sector está preocupado por la nueva política pública de control al contrabando. A decir de Ibo Blazicevic, gerente institucional de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, que depende del Ministerio de Defensa, se debilitaron las labores de interdicción en las fronteras, que antes las realizaba la Aduana Nacional y que hoy no tiene competencia para intervenir.

En su criterio, la lentitud en el traspaso de funciones hacia el viceministerio afecta a toda la producción nacional. Indicó que en el sector cervecero más del 25% del alcohol que se consume en Bolivia proviene del contrabando y la informalidad y, en menor escala, de fábricas clandestinas no reguladas.

La CBN produce en promedio alrededor de 3.400 hl de cerveza por año, que casi en su totalidad se comercializan en el país.

El ingreso y venta ilícita de alcohol no solo afecta a la gran industria, también pasa factura a las cervecerías medianas y pequeñas. “Las bebidas producidas en el país e importadas legalmente pagan elevadas tasas de impuestos a través del ICE, por lo que el contrabando, que está libre de esa carga, puede competir sin restricciones. El Gobierno debe proteger a los que tributamos”, manifestó el presidente ejecutivo de Cervecería Corsa, Gonzalo Álvarez.

Refirió que el efecto mayor es el achicamiento del mercado para los productos nacionales. Además, hace que la industria más grande sea más ‘agresiva’ con las pequeñas.

A decir de Juan Pablo Zilveti, gerente comercial de Cervecería Unión (Cerveza Potosina), el contrabando de alcohol impide el desarrollo comercial de las firmas locales, en respuesta a la demanda real de consumo del mercado.


Impacto en otras industrias


Otro ramo que recibe un impacto del mercado ilegal de alcohol es el sector vitivinícola del país. Según datos recogidos por Euromonitor, en 2016 ingresaron vía contrabando unos 33.429 hl de vino a Bolivia y se estima que se produjeron 139.071 hl de vino artesanal ilícito.

“Es un mal que nos viene afectando hace varios años, frenando el crecimiento de todo el sector vitivinícola, ya que nos hace menos competitivos en precios. Vemos que cada año la informalidad crece, poniendo en riesgo al sector productivo más completo del país”, dijo Franz Molina, gerente de producción de la bodega Kuhlmann.

La empresa produce 500.000 litros de singanis y 20.000 litros de vinos espumantes por año. Exporta a China, EEUU, Suiza y México.

Desde Bodegas Aranjuez, el gerente general, Mauricio Hoyos, indicó que la facilidad de ingreso y contrabando ‘hormiga’ de vinos en poblaciones fronterizas de Tarija con Argentina, es un flagelo que genera una competencia perversa en términos de precio. Dijo que pese a estar vigente una norma que prohíbe la internación y venta de vinos en cajas de cartón en el país, en Tarija se ofrece y vende este envase. Un litro de vino argentino en caja de cartón vale Bs 8, un nacional, en botella, Bs 19. Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, falta una verdadera política de Estado de combate al contrabando, alejada de improvisaciones y experimentos que tienen más efecto público que resultados efectivos. “Las FFAA hacen su mejor esfuerzo, pero no es su función ni su naturaleza desarrollar planes, acciones y operaciones contra un problema complejo que incluye factores económicos, sociales, jurídicos y políticos”, apuntó, al detallar que el sector planteó la creación de una entidad autónoma que no sea ni las FFAA ni la Policía, sino una institución especializada para actuar en prevención, interdicción y educación. Observó el alejamiento de la Aduana de la labor de interdicción.

Entre los operativos realizados por la Aduana este año, destaca uno que llevó a cabo en febrero en Tarija, en el que decomisaron unas 20 toneladas de bebidas alcohólicas de contrabando.




TPA ofrece usar zona de extensión para cargas, pero Bolivia lo rechaza



La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) rechazó la decisión unilateral de la empresa privada Terminal Puerto de Arica (TPA) de Chile de querer sacar de sus instalaciones la carga boliviana. La entidad dice desconocer las condiciones, los costos y los alcances de la ‘zona de respaldo’ en el valle de Lluta, a 11 kilómetros fuera de la TPA.

En los últimos meses, la carga de exportación e importación boliviana en el puerto ha venido retrasándose tanto que los transportistas han alzado su voz de protesta, ya que estarían perdiendo alrededor de $us 25.000 diarios por cada 1.000 vehículos varados.

En una carta enviada el 27 de agosto pasado por el gerente de TPA, Iván Silva, se lee que reconoce la “situación de congestión en las áreas de respaldo”, por lo que “en previsión de estas situaciones, la estatal Empresa Portuaria de Arica (EPA) habilitó una zona de respaldo de seis hectáreas en el recinto ZEAP en el valle de Lluta, aledaño a la ruta 11-Ch con destino a Bolivia”.

En su página web, TPA informa que esta zona fue diseñada para recibir cargas bolivianas que demandan grandes áreas para su almacenamiento, con una inversión de $us 6,2 millones. El proyecto contempla la pavimentación con adocretos de alta resistencia, una romana de pesaje por eje, servicios básicos, oficinas de fiscalización, iluminación, circuito cerrado de televisión y cierre perimetral.

Rechazo boliviano


El gerente de la ASP-B, David Sánchez, indicó ayer que la invitación fue rechazada. “Primero, denunciamos que nunca hubo ninguna inversión en relación al incremento del comercio boliviano en el TPA. Y ahora nos dicen que su puerto ya no abastece el comercio boliviano y quieren enviar nuestra carga a 11 kilómetros del puerto. Nosotros nos quedamos sorprendidos porque ellos ya tomaron una decisión, de sacarnos del puerto porque no abastece. Eso implicaría otros costos. Por el Tratado de 1904, somos un Estado con el que se debería coordinar cualquier decisión y no lo ha hecho hasta ahora”, lamentó.

No hay normalidad


Mientras tanto, en el puerto, no hay normalidad en la salida de los camiones con la mercadería que llega o va a ultramar.

La Asociación de Transporte Pesado Internacional y Nacional (Asociatrin) denunció que la carga de exportación sigue paralizada por más de una semana, pese a la promesa de despacho de 200 camiones diarios. Habría como 2.000 camiones varados y según la dirigente de la entidad, Noelia Fuentes, pierden $us 25.000 diarios en viáticos y garaje por cada 1.000 camiones.

En un comunicado, la TPA informó ayer que luego de un proceso de ajustes de las operaciones y los sistemas tecnológicos, TPA “logró despachar más de 600 contenedores; es decir, un 75% de los pendientes que se habían acumulado, producto de la ralentización de la atención en los últimos días”.

domingo, 9 de septiembre de 2018

ASP-B denunció traslado de oficinas a Valle de Lluta

La Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B, a través de su gerente ejecutivo, David Sánchez, denunció la intención de la administración privada del puerto de Arica para trasladar las oficinas bolivianas de la entidad estatal del país al Valle de Lluta, distante a 11 kilómetros del puerto y negó deuda alguna con la concesionaria Terminal Puerto Arica (TPA).

“Aclaramos que no tenemos ninguna deuda pendiente (con TPA) y que todo el retraso se debe a las decisiones de esta empresa, que esperamos se haga el reclamo formal (…). Estamos al día en pagos quincenales al concesionar a una empresa privada con el compromiso que iba a mejorar, lamentablemente no ha generado las inversiones”, señaló Sánchez en conferencia de prensa.

Ante la queja que hizo la Cámara Boliviana de Transportes en sentido de que se les estaba negando los servicios portuarios en Arica, Sánchez dijo: “En fecha 22 de agosto, estuvimos en Arica para aclarar de lo que se estaba hablando de una supuesta deuda de un incremento de 2016 que la empresa chilena subió al 10,72%, se ha ido contabilizando como deuda y nos llama la atención que algunas personas estén hablando de pagar deuda para atenderlos”.

Efectivamente el TPA pretendió el año pasado ajustar el régimen tarifario en esa proporción, sin previamente contar con la anuencia de la ASP-B.

En cuanto a la posición de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) que afirmó que la ASP-B encarece el comercio exterior boliviano; el Gerente dijo que el presupuesto de esta entidad estatal es transparente, y que el promedio de presupuesto anual de los últimos cinco años fue de 100 millones de bolivianos, de los cuales Bs 70 millones se destinan al pago a la concesionaria chilena que privatiza los servicios del puerto y el otro 30% para el pago de salarios de más de 160 funcionarios y gastos administrativos, entre otros.