domingo, 22 de febrero de 2009

Auténtica invierte $us 8 millones para competir

La Compañía Cervecera Boliviana S.A., fabricante de la cerveza Auténtica, invirtió ocho millones de dólares en equipamiento y aplicación de su capacidad productiva con el objetivo de romper el monopolio del mercado que ostenta la Cervecería Boliviana Nacional (CBN).

Los ejecutivos de Auténtica afirmaron que esa inversión es fundamental para ampliar su producción, que actualmente alcanza a 40.000 botellas diarias y expandir sus ventas en todo el país. El jefe de Eventos de la empresa, Carlos Calvo, dijo que se está reactivando la economía en el altiplano paceño con la siembra de cebada.

Gobierno inicia el proceso para estatizar tres firmas eléctricas

Se destinarán $us.185.000 para las auditorías a las empresas ferroviarias Andina y Oriental.

En diez días, el Poder Ejecutivo hará los primeros acercamientos con las empresas capitalizadas de generación eléctrica Valle Hermoso, Corani y Guaracachi para negociar su paquete accionario y dar inicio a la recuperación del control del Estado sobre los servicios que prestan.

En el sector ferroviario, el proceso quedó en suspenso mientras no se tengan las auditorías para conocer la situación de Andina y Oriental.

La recuperación de estas empresas por parte del Gobierno está enmarcada en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en cuyo artículo 20 señala que “toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones” y “que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gestión, la provisión de los servicios básicos”.

El viceministro de Electricidad, Miguel Yagüe, anunció que se cuenta con una estrategia y con los recursos presupuestados —los cuales no precisó— para negociar y comprar las acciones de las tres generadoras.

Según dijo la autoridad, se quiere tener al menos el 50 por ciento más uno del paquete accionario y una “convivencia sana” con el sector privado.

Sin embargo, si las compañías no ceden el control, no se descarta que el Estado asuma “tomar el 100 por ciento” de su paquete accionario.

“Estamos haciendo las aproximaciones, me imagino que oficialmente el nuevo Ministro (de Obras Públicas, Wálter Delgadillo) convocará a las empresas en unos diez días para bajar la bandera y el día que tengamos cerrados los temas habrá que oficializarlo con la transferencia de acciones, (que) es un tema administrativo nomás”.

El 50 por ciento de las acciones de Corani las tiene Ecoenergy International, subsidiaria a su vez de la francesa GDF Suez; en Guaracachi, la británica Rurelec PLC posee la mitad de las acciones; en tanto que Valle Hermoso tiene como socia también en un 50 por ciento a The Bolivian Generating Group, que pertenece a la firma inversora Panamerican. Según datos de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), también tienen una participación en las tres eléctricas, entre un 47 y 49 por ciento, las AFP Futuro y Previsión.

Yagüe explicó que paralelamente el Gobierno negociará la manera de controlar la Transportadora de Electricidad (TDE), que tiene la totalidad de las acciones que eran de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) antes del proceso de capitalización.

Más adelante, dijo, se iniciará acercamientos con las empresas distribuidoras (Electropaz, ELFEO, ELFEC, etc.), que hoy operan de manera monopólica, para arribar a acuerdos ya que el Estado debe tener presencia y control en la cadena industrial eléctrica (generación, transporte y distribución). “En el caso de transporte también tenemos que cerrar en junio, a medio año, digamos, es el tope que nos estamos dando, yo creo que con (las empresas de) generación va a ser mucho más rápido el proceso (de negociación)”. De manera paralela, una comisión trabaja en una nueva Ley de Electricidad que recogerá los lineamientos, principios y valores de la nueva Constitución, se prevé que el proyecto estará listo en dos meses.

En el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se capitalizaron, además de ENDE, Entel, ENFE, YPFB, LAB y la Empresa Metalúrgica Vinto.

El 1 de mayo de 2006, el Gobierno decretó la nacionalización en el sector de hidrocarburos, ahora controla las petroleras Chaco y Andina y las transportadoras Transredes y CLBH. Entel también pasó a sus manos.

En el caso del sector ferroviario, el viceministro de Transportes, José Kinn, anunció que el Gobierno está impulsando una nueva política de desarrollo que incorpora la recuperación de los ferrocarriles, mas no precisó cuándo comenzará este proceso.

Explicó que habrá que esperar los resultados de las auditorías técnica, legal y financiera que la Contraloría General realizará a las empresas ferroviarias Andina y Oriental, para lo que se traspasarán por decreto 185.000 dólares para su ejecución, que se prevé que comience en marzo y dure cinco o seis meses.

Kinn dijo que se debe reconocer que hubo un retroceso en el transporte ferroviario y que existen denuncias de incumplimiento del contrato, lo cual será confirmado con las auditorías que determinarán si hubo incumplimiento o algún tipo de daño económico al Estado.

“(La nacionalización de las ferroviarias) forma parte de una estrategia que se tiene que definir a la luz de las auditorías, los resultados nos van a decir el camino y ahí veremos si será negociación de compra de acciones o será simplemente una reversión si es que hay daños económicos”.

El 50 por ciento de la ferroviaria Andina está en manos Bolivian Railways S.A. y el resto, en las dos AFP. La ferroviaria Oriental S.A. tiene como accionistas a las AFP y Trenes Continentales, esta última liderada por Genesee & Wyoming, una corporación de Estados Unidos que administra 40 ferrocarriles en Canadá, Australia y Bolivia.

Un analista teme que firmas terminen como YPFB

El sector eléctrico es uno de los que mejor han funcionado, uno de los más ordenados y mejor supervisados por la Superintendencia del área, por lo que no hay razón para que el Gobierno intente estatizarlo, menos después de lo que ocurrió en la nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), envuelta en denuncias de corrupción, alertó el analista económico Alberto Bonadona.

“Considero que (Guaracachi, Corani y Valle Hermoso) se deben mantener como están porque es un sector que ha mostrado buena eficiencia y no hay razón para un proceso de estatización, más aún dadas las condiciones en que se han presentado las otras empresas estatales que no están funcionando como deberían”.

Lo que debe hacer el Gobierno, recomendó, es crear confianza con la fiscalización y supervisión en el resto de las empresas productivas que están bajo control estatal, como Emapa, Comibol o Cartonbol, para que la gente vea que no está ocurriendo lo mismo que en la estatal petrolera.

En cuanto a las ferroviarias Andina y Oriental, dijo que al nacionalizarlas ocurrirá lo que en Yacimientos, donde se produjo una especie de “empleomanía dando ‘pegas’ a todo el mundo como también ocurrió en el pasado con la desaparecida Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)”.

En criterio de Bonadona, se debe hacer una diferenciación entre las dos empresas porque el comportamiento en la empresa Oriental fue distinto del de Andina. En la primera se logró una expansión de los servicios de transporte de pasajeros y carga, en tanto que para a segunda no fue atractivo invertir en tramos que no son rentables.

El Gobierno debe buscar acuerdos con el sector privado, explicó el experto, para que haya mayores inversiones en el rubro ferroviario a partir de un plan que debe cumplirse y “dejar tranquilas a las empresas (capitalizadas)”.

SABSA está en la mira

El Gobierno dejó en suspenso indefinido la decisión de nacionalizar la administración de los servicios en los aeropuertos de El Alto en La Paz, Viru Viru en Santa Cruz y Jorge Wilstermann en Cochabamba, que actualmente están en manos de la privada SABSA.

El viceministro de Transportes, José Kinn, dijo que la estatización de esos servicios está abierta, pero “no la estamos encarando todavía”. Antes, dijo, se confirmarán o refutarán denuncias a través de auditorías.

“Tenemos denuncias de incumplimiento de inversiones que hay que verificar a través de una auditoría”.

LOS DATOS

La Contraloría practicará auditorías a las empresas ferroviarias Andina y Oriental.

El Gobierno participará en toda la cadena industrial del sector eléctrico.

Una comisión trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Electricidad.

viernes, 20 de febrero de 2009

FEPO reafirmó su unidad y defensa de la libre iniciativa empresarial

La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), reafirmó su unidad empresarial y la defensa intransigente de la libre iniciativa privada, al recordar 39 años de su existencia.

El acto de recordación y homenaje, se desarrolló en el Salón Auditorio Enrique Miralles Bonnecarrere, en presencia de representantes de las instituciones que se encuentran afiliadas a la entidad del empresariado orureño.

El presidente de la FEPO, Luís Ramiro García Pérez, en su discurso, dijo que la misión principal de la entidad, es apoyar al conjunto de empresarios, diseñar políticas empresariales y de desarrollo, preservando la unidad de las instituciones afiliadas.

“Queremos promocionar una cultura de competitividad y de inversiones para que sumado al liderazgo institucional, sirva para apoyar a los sectores estratégicos de la economía y la ampliación de las acciones en el ámbito de la responsabilidad social, corporativa”, manifestó en parte de su discurso.

Por su parte el past presidente de la FEPO, Luís Urquieta Molleda, dio a conocer el mensaje central, a nombre del Comité Ejecutivo y Consejo Directivo, pidiendo que se mantenga los principios de la libre iniciativa privada.

Recordó que la Cámara de Industrias de Oruro, liderizó la iniciativa agrupando a las instituciones privadas existentes en un solo ente, con objetivos como incentivar las iniciativas industriales, lograr orden y unidad empresarial, exigir el apoyo y garantías del gobierno, para desarrollar libremente sus actividades, fortalecer la nueva institución con miras a su crecimiento y gestionar un tratamiento para el pago de tributos.

“Con la premisa de unidad y libertad empresarial el 19 de febrero de 1970, quedó constituida la Federación de Empresarios Privados de Oruro, respaldada por la Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Cámara de Minería, Cámara de Construcción, Asociación de la Banca Privada y las compañías de Seguros”, informó.

En la oportunidad, también recordó la composición del primer directorio emergente de un comité Ad hoc, establecido como presidente Enrique Miralles Bonnecarrere; primer vicepresidente, Francisco Morales; segundo vicepresidente, Danilo Bakovic, secretario, Alejandro Cabrera; prosecretario Otto Vidaurre; Tesorero Ernesto Siles; vocales, Armando Rosas García, Max Justiniano, Miguel Rodríguez, Luís Samsó, Felipe Rojas, Anuncio Hirmas, René Selaya Ríos, Luís Ghezzi, Jorge Ponce, Hernán Bayá, Nicolás Mihaic y Manuel Pacheco.

Al acto de posesión asistieron delgados de las empresas e instituciones fundadoras, como ELFEO, Periódico LA PATRIA, Fábrica Fernández, Fabrica de Zapatos El Driguez, Fábrica de Zapatos Zamora, Ferrari Ghezzi, imprenta La Escolar, Samco, Cico, Fanatex, Asoban, Hilbo, y Salvieti.

Los empresarios son un instrumento empresarial dinámico por su inserción en la carrera productiva de la sociedad, tiene un lugar en los actos de la historia, siendo así tiene héroes, fundadores, que son parte fundamental de una causa, manifestó Luis Urquieta Molleda, Past presidente de la FEPO.

Los trabajadores con hijos de hasta un año de edad no podrán ser despedidos de sus empleos


El Gobierno aprobó ayer tres decretos supremos de carácter social. El 0012 establece la inamovilidad laboral para el varón desde la concepción de su hijo hasta que el niño cumpla un año de edad; el 0011 es sobre paternidad; y el tercero, 0013, fija el incremento salarial para el sector público y al salario básico.

La vigencia de las tres normas será inmediata y el ajuste salarial es de aplicación retroactiva, es decir que se debe incluir en los haberes básicos desde enero y restituir al trabajador el dinero acumulado.

En el primer caso, la norma establece que un trabajador cuya pareja esté embarazada adquiere el derecho de permanecer en su puesto laboral, sin disminución de su ingreso ni cambio de cargo, durante 21 meses, que corresponden a los nueve de la gestación del bebé y 12 al primer año de vida del niño.

En el acto de promulgación, en el Palacio de Gobierno, el presidente Evo Morales afirmó que el objetivo del decreto es “establecer la obligación para el empleador de no despedir a un trabajador”.

La norma es paralela a la Ley 975, vigente desde 1988, que concede este derecho a la mujer.

El ministro de Trabajo, Calixto Chipana, informó que el beneficio se enmarca en los derechos sociales reconocidos por la nueva Constitución Política del Estado (CPE), promulgada el 7 de febrero.

El artículo 48, párrafo sexto, ordena la protección a la mujer y se garantiza la inamovilidad de los progenitores (padre y madre) en su fuente laboral. Estos derechos además se complementan con otros que figuran en el Código Civil y el Código de Familia.

El director general del Trabajo, Álvaro Salinas Terrazas, explicó que el decreto será reglamentado en tres meses.

Agregó que la inamovilidad se aplicará bajo el principio de subsidiaridad, que quiere decir la total e inmediata protección legal del trabajador que certifique el embarazo de su pareja. Y se basará en las reglas que se usaron con la Ley 975 de la Mujer en Gestación, aprobada en 1988.

Para exigir el cumplimiento de este derecho, la norma obligará a presentar el certificado médico de embarazo, extendido por el ente gestor de salud o por establecimientos públicos.

Salinas explicó que estas acreditaciones serán expedidas sólo por las cajas de Salud; las privadas, como la Petrolera, o en su defecto se podrá recurrir a una posta de salud.

En el caso de las clínicas, sólo se aceptará el certificado en dos casos: si la trabajadora no fue afiliada por negligencia del empleador o cuando la empresa asegure a sus obreros en un centro de salud de este tipo.

El segundo documento que se deberá acreditar es el certificado de matrimonio de la pareja o el acta de reconocimiento extendida por un oficial de Registro Civil. Este último es un documento que podrán presentar las personas que no estén casadas y con el que el hombre aceptó ante la justicia que es el padre del niño aún en gestación. Y por último se podrá mostrar el certificado de nacimiento del niño, expedido por la Corte Departamental Electoral (CDE).

Salinas dijo que con estos documentos sólo se busca que “el trabajador acredite el estado de embarazo”. En caso de presentarse un fraude en los documentos, se sancionará conforme al Código Penal.

El Decreto 0012 excluye del goce del beneficio a aquellos trabajadores eventuales o con contrato civil, por ejemplo un consultor. “La excepción a esta norma son los que tienen un contrato civil camuflado y que reconoce características de una relación laboral permanente”.

Por ejemplo, una secretaria en un consultorio jurídico, porque las tareas que cumple son propias y necesarias en la institución. En este caso, la autoridad dijo que se puede solicitar la conversión del contrato civil a uno laboral ante el Ministerio de Empleo y el Juez de Trabajo. Esto no invalida la vigencia de la inamovilidad para la persona.

El beneficio no procede cuando la relación laboral está a punto de concluir, pero el empleador debe demostrar esta situación y el acuerdo laboral vigente.

En caso de acceder al beneficio, el padre tendrá que cumplir las obligaciones de asistencia para su hijo conforme al Código Niño, Niña y Adolescente.

Si existiera incumplimiento de la empresa, verificado por el Ministerio, ésta deberá pagar multas que varían de 1.000 a 10.000 bolivianos. La investigación puede iniciarse de oficio o por la denuncia de un trabajador.

El Ministerio del área será responsable de la fiscalización.

Incremento salarial

Con la promulgación del Decreto Supremo 0013, los empleadores del sector público y del privado están obligados a incrementar el 12 por ciento al salario mínimo nacional, esto significa que el pago de 577,50 bolivianos que rigió en 2008 es ahora de 647 bolivianos. La mejora es de 12 por ciento respecto del 10 por ciento que se aprobó en 2008.

El Gobierno también fijó en 14 por ciento el aumento al salario básico de los maestros y trabajadores del sector de salud, que rige con retroactividad, además de 12 por ciento sobre la masa salarial para la Policía y las Fuerzas Armadas de la Nación.

Según el presidente Morales, estos incrementos representan un esfuerzo para el Estado en un contexto de crisis económica global.

Los problemas financieros en Estados Unidos arrastraron a las economías de Europa, China y Japón hacia una desaceleración y recesión. Esto incidió en una menor demanda y caída de los precios internacionales de las materias primas, especialmente minerales y del petróleo.

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el incremento salarial anunciado ayer fue definido tomando en cuenta la inflación de 2008, que alcanzó una tasa de 11,7 por ciento.

Gobierno retrocede y deja en suspenso aumento en empresas

El Gobierno retrocede en la fijación del incremento salarial para los trabajadores en las empresas privadas debido a que ninguno de los tres decretos supremos aprobados ayer menciona el tema, que estará sujeto a una negociación laboral-patronal.

La semana pasada, el Órgano Ejecutivo había anunciado que el aumento bordearía el 12 por ciento para todos los empleados con un sueldo tope de 8.000 bolivianos.

El ministro de Trabajo, Calixto Chipana, informó ayer que el 12 por ciento de incremento es sólo una base y que las partes pueden acordar un porcentaje superior.

“Hay muchos empresarios que hay que aplaudir y ponderar porque hacen las negociaciones en un tiempo límite, pero vamos a dejar a los empresarios que lo hagan a voluntad (las negociaciones)”.

El director general de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, Álvaro Salinas, informó que el Órgano Ejecutivo aún trabaja en la reglamentación del aumento en el sector privado a través de otro decreto supremo. El año pasado, el incremento salarial para los obreros en las empresas privadas fue fijado en 10 por ciento a través de una disposición legal similar. En 2007 fue de 5 por ciento, pero el sector privado interpuso un amparo ante el Tribunal Constitucional que hasta ahora no se resolvió por la falta de miembros de esta instancia judicial.

El presidente Evo Morales ayer sólo promulgó los decretos que establecen el salario mínimo nacional en 647 bolivianos y el ajuste en lo sectores de salud y educación 14 por ciento, y en la Policía y Fuerzas Armadas (FFAA) en 12 por ciento.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, señaló que todo ajuste debe estar sujeto a una negociación entre las partes y sin imposiciones.

Adelantó que no todas las empresas estarán en condiciones de cumplir las disposiciones que emanen del Poder Ejecutivo debido a los efectos de la crisis financiera internacional.

De confirmarse el incremento del 12 por ciento, advirtió, representará para la empresa privada en general un costo de 197,6 millones de bolivianos, mientras que en el sector público apenas será de 89,7 millones de bolivianos.

Dabdoub señaló que las empresas que estén en capacidad mejorarán los salarios de sus obreros en 12 por ciento o más, pero aclaró que en otros casos será imposible por la caída en los precios y de las ventas y por la pérdida de mercados. “La imposición va a afectar al productor más pequeño, que por su tamaño y poca diversificación de productos y mercados no podrá sostener con menores ingresos mayores obligaciones laborales”.

Desde Santa Cruz, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios y Turismo (Cainco), Eduardo Paz, comentó que, debido a la crisis, el sector minero y el agroindustrial tendrán dificultades para mejorar los salarios.

El secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Sósimo Paniagua, señaló que a causa de la inflación el Gobierno debe disponer el incremento de salarios en general y en un 20 por ciento.

Prueba de paternidad

Ayer fue promulgado el Decreto Supremo 0011, que obliga al hombre a someterse a la prueba de ADN (test genético), mediante la cual se comprobará la paternidad de un niño a pedido de la mujer y sin la necesidad de que un juez lo ordene.

La ministra de Justicia, Celima Torrico, explicó que el objetivo de la medida es acabar con la discriminación de los niños por llevar un solo apellido, situación que durante mucho tiempo se vio especialmente en las zonas rurales. Además será una forma de terminar con el abandono de hijos.

El artículo 2 de la norma, sobre presunción de filiación, señala que “por interés de toda niña, niño y adolescente y su derecho a la identidad” se le otorgará el apellido de la madre y el padre.

Esto significa que la madre solicitará la prueba y el hombre deberá someterse. Si resulta positivo, asumirá sus responsabilidades paternas, y de ser negativo, será la mujer quien se haga cargo de los costos de la prueba.

A la fecha, la solicitud de esta prueba se hacía ante un Juez de Familia, quien debía emitir una orden para proceder con el requerimiento después de valorar su necesidad.

El vicepresidente Álvaro García Linera opinó “que (la norma) favorece en general a las mujeres madres de familia, muchas veces abandonadas por los padres que no asumen su responsabilidad, que no quieren asumir la paternidad de los niños procreados”.

Sector público recibirá hasta 14%

El Gobierno promulgó el incremento salarial del 14 por ciento para el magisterio y para salud, y del 12 por ciento para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación (FFAA).

El Decreto Supremo 0013 señala que en el primer caso se aplicará el alza al haber básico, esto significa que los maestros recibirán un incremento de 182 bolivianos sobre su haber básico de 1.300 bolivianos. A esto se sumará el pago por la categoría que se establece mediante el escalafón del magisterio, que varía desde el 30 por ciento hasta el 150 por ciento sobre el haber básico.

Este aumento se aplicará de forma retroactiva a enero de este año para los profesores y personal administrativo de las unidades educativas, la Unidad Pedagógica Mariscal Sucre, los institutos normales superiores y los institutos técnicos y comerciales sujetos al reglamento de escalafón del magisterio.

En salud, el incremento se calcula de la misma forma. Éste beneficiará a los profesionales y trabajadores que cumplen labores en los centros de atención médica bajo dependencia de los servicios departamentales, el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (Inlasa), las Escuelas de Salud, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), cajas de Salud del sector público, los programas nacionales de salud y los médicos residentes.

En el segundo caso, los policías y militares accederán a un incremento en la masa salarial, esto significa que el cálculo se hará sobre la base del sueldo total de cada trabajador.

Bajo esta modalidad, el aumento es diferenciado por el nivel salarial, o sea, si se percibe un sueldo bajo, el incremento es alto, y de forma opuesta, un ingreso alto incluirá un incremento bajo.

La disposición no incluye a los trabajadores administrativos del Ministerio de Defensa porque su relación laboral con el Estado se encuentra regulada por el Estatuto del Funcionario Público.

Inamovilidad será una carga

El sector privado considera que la inamovilidad laboral para los varones con hijos de hasta un año de edad representará costos adicionales para las empresas, aunque un analista asegura que la medida constituye un avance en la legislación laboral.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, señaló que la obligación que tienen ahora las empresas de no despedir a trabajadores con esposas en gestación y con hijos de hasta un año aumentará la carga laboral de las empresas, pero se la acatará por tener un carácter social.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (Cainco), Eduardo Paz, informó que la medida incrementará la dificultad de las empresas para adaptarse a los efectos de la crisis financiera internacional que ya se observan en el país.

A su vez representará un obstáculo para que las empresas puedan contratar más personal, porque ahora será más difícil ejecutar despidos, sin embargo dijo que la Cainco espera analizar con mayor detalle la norma y su posible impacto entre sus afiliadas.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, señaló que el sector privado aún no conoce con exactitud los alcances de la nueva norma.

El experto laboralista Marco Dick señaló que con esta disposición social se establece un grado más rígido de estabilidad laboral, pero ante todo el objetivo central apunta a proteger al nuevo ser, lo cual es un avance en la legislación.

Recordó que en otros países existen seguros de cesantía y leyes que precautelan al trabajador.

Sin embargo señaló que la norma puede generar algunas distorsiones, como el hecho de que las personas, por preservar su puesto laboral, recurran al embarazo. Para evitar esas situaciones, el Gobierno deberá reglamentar adecuadamente el beneficio.

Mas datos

En 2007, el ajuste al salario mínimo fue de 13 por ciento. Antes estuvo congelado.

El año pasado, el Ejecutivo aprobó un incremento del 10 por ciento para los trabajadores.

Con este sueldo básico se calculan bonos de antigüedad y de lactancia.

Normas complementarias

Artículo 46 CPE: toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable .

El Código Civil dispone que el nacimiento señala el comienzo de la personalidad.

El Código de Familia dice que puede reconocerse a los hijos concebidos y prematuros.

El ministro de Trabajo tiene la misión de garantizar el cumplimiento del decreto respectivo.

Todas las empresas, privadas y públicas, deben acatar la disposición legal.

El incremento de salarios aún carece de reglamento

Si bien el Gobierno promulgó ayer los decretos que establecen los incrementos salariales para la gestión 2009, aún está pendiente la reglamentación que definirá el aumento para los empleados del sector privado.

El presidente Evo Morales y el ministro de Trabajo, Calixto Chipana, reiteraron ayer en un acto en el Palacio de Gobierno que el incremento salarial para el sector del magisterio y los trabajadores en salud será del 14%, y el sector privado tendrá que negociar sobre la base de 12%.

El Decreto Supremo 0016 consolidó el incremento al salario mínimo nacional programado en la Ley Financial, de Bs 577,50 a Bs 647, un 12% más que el 2008.

Según un comunicado del Ministerio de Trabajo, esa misma norma establece que el incremento al haber básico en el sector privado se debe negociar sobre la base del 12% y será retroactivo al 1 de enero del 2009. “Este incremento podrá ser superior a este porcentaje previo acuerdo de partes”, explicó el ministro Calixto Chipana.

Tras el anuncio, el sector del magisterio paceño expresó su rechazo a la oferta gubernamental. Aunque fue por razones diferentes, una reacción similar se produjo a nivel de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), cuyo presidente, Gabriel Dabdoub, advirtió que “no todas las empresas podrán cumplir, sin afectar su estabilidad”.

El Decreto 0013 fija un aumento del 12% a la masa salarial en el caso de la Policía y FFAA.

Puntos de vista

No todas podrán dar el aumento
GABRIEL DABDOUB.
Presidente de la CEPB

“El 2008 fue una gestión inflacionaria y creemos que corresponde un aumento salarial para compensar el efecto de subida de precios, pero no todas las empresas están en condiciones de asumir a fardo cerrado un incremento del 12%, como el anunciado por el Gobierno. Tenemos la esperanza de que muchas puedan cumplir con al menos 12%, pero otras estamos seguros que no lo podrán hacer, sin que ello afecte a la viabilidad del emprendimiento”.

No llega a cubrir el costo de vida
RENÉ PARDO.
Dirigente del magisterio de La Paz

“El incremento salarial del 14% anunciado por el Gobierno no cubre el costo de vida de los maestros. Para nosotros el alza en realidad está por encima del 60 y 70%. En consecuencia, nosotros rechazamos esta oferta y, por el contrario, nos ratificamos en la lucha por un incremento salarial de acuerdo a los precios de la canasta familiar que rigen en el mercado. 14% significa Bs 2 para el sector administrativo y Bs 4 para los docentes por día. Eso no cubre ni siquiera los pasajes”.

miércoles, 18 de febrero de 2009

Hilanderas pierden producción y anuncian suspensión de actividades

El contrabando, las restricciones, el ingreso de prendas chinas y la falta de mercados reducen producción de las hilanderas en 50 por ciento, que están a punto de suspender sus actividades en caso de que el panorama no cambie.

La información fue proporcionada por Germán Tarqui, el vicepresidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fermypes) de la ciudad de El Alto, quien advirtió la quiebra de 10 empresas hilanderas sino toma medidas adecuadas el Gobierno central.

El cierre de esas empresas significaría mayor desempleo, por lo que el dirigente pide mayor control en las fronteras y una política adecuada para fortalecer al sector productivo para competir con las prendas chinas. Además de la apertura de más mercados.

La difícil situación es a consecuencia del incremento de contrabando de ropa China y usada, aspecto que en los últimos cinco meses generó la perdida en un 50 por ciento la producción de las hilanderas.

Tarqui informó a EL DIARIO que en la reunión con propietarios de las empresas hilanderas se analizó el incremento del contrabando de ropa usada y china.

En la cita se concluyó que la mercadería ingresa a territorio nacional sin ningún control, lo que afecta a las empresas que perdieron contratos en el mercado interno.

Estado dE Emergencia

Los microempresarios de las Hilanderías en la ciudad de El Alto y Santa Cruz, mediante comunicación y documentación presentado a Fermypes, señalan la pérdida de producción y posible cierre de las empresas en caso de no obtener resultados por parte de la Aduana en cuanto al control del contrabando de prendas usadas y chinas.

“La internación de mercadería vía contrabando, que continúan efectuando el sector de ropa vejeros, combinada con el contrabando de ropa china, que se incrementó conjuntamente con los comercializadores en la ciudad de El Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, generan la pérdida del mercado interno. Los sectores ahora están en estado de emergencia”, detalló.

Exportaciones suspendidas

El dirigente del sector informó que los países vecinos como Chile, Argentina y Brasil, eran los que compraban productos de tejido de punto, mercadería a la fecha restringida.

“La restricción en los países mencionados se debe a una de las políticas de Estado de cada país para proteger su producción interna y evitar el cierre de empresas o el despido de trabajadores, como protección a la crisis internacional, aspecto que en Bolivia no se efectúa, (ya que de parte del gobierno no hay) ninguna política proteccionista”, observó.

El contrabando se incrementó en un 60 por ciento en los últimos cinco meses, el mismo apunta a seguir subiendo por falta de control en las fronteras.

Las exportaciones de las hilanderas fueron restringidas en un 50 por ciento a Chile y Argentina desde el pasado año, mientras a Ecuador el incremento del arancel pone trabas a la venta de mercadería.

Entre tanto la no homologación de los acuerdos establecidos en el Mercosur (Mercado Común del Sur) paraliza las exportaciones.

Este viernes, Fermypes, en conferencia de prensa, dará a conocer la preocupación de su sector y de las empresas hilanderas, que se ven perjudicadas ante el incremento incontrolado del contrabando, por falta de control de la Aduana, reiteró.

lunes, 16 de febrero de 2009

Los ingresos por envíos de zinc, madera y cuero cayeron en 2008

Las exportaciones de madera, cuero y minerales cayeron en valor hasta en un 11 por ciento en 2008, con relación al año anterior. Con excepción de estos últimos, los volúmenes enviados al exterior también sufrieron un descenso.

Así lo refleja el informe anual de exportaciones nacionales elaborado por la Cámara de Exportadores de La Paz (Camex).

El sector maderero se vio más afectado en su manufactura. La madera aserrada cayó de 150,6 millones de dólares que se recibió en 2007 a 147,2 millones de dólares, con los que cerró diciembre de la gestión 2008. Esto significó una baja en 11,22 por ciento en el valor. Pero se enviaron 3.352 toneladas métricas (TM) menos que en 2007, cuando se alcanzaron a150.000 TM.

Las puertas y sus marcos también cayeron en 13,26 millones de dólares a 7,81 millones, un 47,71 por ciento menos. En volumen se tuvo un descenso de 4,6 millones de TM a 2,5 millones.

Por las sillas se recibió un 41,18 por ciento menos, vale decir, de 4,9 millones de dólares pasó a 2,8 millones. El volumen también cayó de 1.331 TM a 793 TM. Los otros muebles cayeron de 20 millones recibidos en 2007 a 10,4 millones en 2008, una diferencia de 47,71 por ciento. El volumen descendió en 2.402 TM, de 8.378 TM a 5.976 TM.

En el rubro del cuero manufacturado, en 2007 se recibieron 41,52 millones de dólares frente a 36,9 millones el año pasado, una caída del 10,9 por ciento. Se enviaron 2.000 TM menos; hasta diciembre pasado sumó 9.545 TM.

La minería

Las cifras del zinc reflejan igualmente una caída que bordea el 2,22 por ciento en el valor, es decir que el 2007 se recibieron 456 millones de dólares por 434.000 TM y un año después sólo 445 millones de dólares por una mayor cantidad, 747.000 TM. Esto significa que se envió al exterior 71,9 por ciento más, pero a un menor precio.

Este mineral ocupa el primer lugar de las exportaciones mineras nacionales. A pesar de que inició la gestión pasada con un precio de 2,36 dólares la TM, la tendencia fue de subida hasta llegar a 2,5 dólares en marzo de 2008. Sin embargo, los siguientes meses reflejan una caída que se precipitó en octubre a 1,3 dólares por TM, de 1,7 dólares registrado en septiembre. Finalmente se situó en 1,1 dólar a fin de año.

Este panorama también se vio en otros minerales, como el estaño y la plata, también de mucha importancia productiva y comercial para el país.

El informe refleja también una caída en el wolframio, los ingresos bajaron de 27 millones de dólares a 26 millones.