Leyes impiden nuevos eventos transgénicos

El Comité Científico de Biotecnología –que reúne a varios especialistas en la materia– criticó las presiones que ejercen organizaciones de pequeños productores sobre el Gobierno para la aprobación de nuevos eventos transgénicos con el argumento de que, “la única opción para enfrentar el cambio climático, las plagas y los bajos rendimientos es la introducción de más eventos transgénicos de soya, maíz, algodón y caña de azúcar”.

Según un documento divulgado por el Comité, el pasado 25 de enero, existen leyes que prohíben el uso y comercialización de los organismos genéticamente modificados y productos tóxicos que afecten la salud y el medioambiente. Señala que dicha prohibición está establecida en el Art 255 de la CPE y en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, suscrito por el Estado boliviano el 29 de enero del 2000, Ley 300 de la Madre Tierra, en su Art. 24, Ley 144 de la Revolución Productiva en su Art 15, la Ley 401 sobre Celebración de Tratados en su art 4, la Ley 622 de la Alimentación Escolar y Soberanía Alimentaria en su Art 7, la Ley 3525 de la Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria Ecológica, entre otras disposiciones.

De acuerdo con la entidad privada, las normas legales enmarcadas en la CPE prohíben la introducción de transgénicos a nuestro país, y dichas normas han sido elaboradas en base a un proceso de reflexión y aporte de los miles de productores y consumidores de todo el país. El directivo del Comité, Miguel Ángel Crespo, dijo que el pedido de los campesinos apunta a incrementar la producción de caña de azúcar para la producción de etanol y –por consiguiente– elevar los altos niveles de deforestación en el departamento.

DEMANDAS

El pasado 23 de enero, se conoció un voto resolutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de cuatro provincias del norte del departamento de Santa Cruz y desde Montero demandaron al Ejecutivo el uso de semilla transgénica, además de la conformación del Comité Nacional de Bioseguridad y la compra de urea a precios de exportación.

El año pasado, similar postura asumieron los directivos de la organización denominada Cappo. Entonces, el dirigente Isidoro Barrientos lanzó un pronunciamiento de apoyo a la agroindustria de Santa Cruz para la apertura de nuevos cultivos con Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

GOBIERNO

El exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, asumió cautela sobre las demandas de los pequeños productores y no procedió con la creación del Comité de Bioseguridad que estableció la Constitución como la instancia técnica que debe analizar las propuestas de nuevos eventos transgénicos.

En 2005, el Gobierno de entonces autorizó el uso de semilla transgénica para el cultivo de soya resistente al glifosato uno de los pesticidas controvertidos que es fabricado por la transnacional Bayer – Monsanto, recientemente fusionadas.