En lo que va del año, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) inició 178 procesos a las compañías privadas, por lo cual los industriales denuncian una presión fiscalizadora excesiva de esa reguladora estatal.
"Estamos sintiendo una presión excesiva de fiscalizaciones. En 2012 se registraron 283 fiscalizaciones a nuestras empresas por parte de la Autoridad de Empresas y, en lo que va del año, son 178 procesos”, informó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, al dar a conocer el Informe 2013 de los resultados de la Encuesta de Opinión y Desempeño Industrial de enero a junio de 2013, reportó ANF.
Según el titular de la CNI, esta situación implica que, además de lo complejo que es descargar los documentos electrónicos para las fiscalizaciones y justificar la actividad de las empresas, significa también "una gran pérdida de tiempo y, sobre todo, multas onerosas que afectan y dañan a la situación económica de nuestras compañías”, precisó.
Este problema, a los que se suman los excesivos trámites que deben cumplir los asociados a la CNI, representan un desincentivo para generar un buen clima de negocios, añadió Yaffar.
Quejas
Algunas empresa, en julio, presentaron varias quejas por la aplicación en forma retroactiva del Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales, aprobado por resolución administrativa de la AEMP en agosto de 2011 y publicado en febrero de 2012.
Con esta normativa se sancionó al menos a tres empresas con fuertes multas, pese a que ninguna norma se puede aplicar con retroactividad, pues siempre rige para el futuro.
La compañía Editora Luna Llena, empresa editora de Página Siete, fue fiscalizada por la AEMP, pagó una multa, pero la impugnó ante la autoridad jerárquica superior. Otras empresas sancionadas pidieron que sus nombres no sean divulgados.
Al respecto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) informó en julio que se presentaron recursos y quejas ante el Ministerio de Desarrollo Productivo por el accionar de la AEMP.
"Se presentaron algunos recursos al propio ministerio como instancia mayor, pero alguien debe ponerle un límite a la AEMP y hacerle respetar las leyes. Ninguna ley es retroactiva y lo dice la propia Constitución Política del Estado; han utilizado una norma para sancionar cualquier acción anterior. Eso me parece un abuso de poder que debe ser investigado”, afirmó entonces el presidente de la CEPB, Daniel Sánchez.
Yaffar dijo ayer que estos aspectos generan incertidumbre entre el sector industrial, que registra cifras de crecimiento.
El desincentivo
Reclamos El presidente de los empresarios, Daniel Sánchez, aseguró en julio que se presentaron quejas al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y a través de él al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera sobre el accionar de la reguladora de empresas.
Presión La reguladora desalienta a las empresas legalmente constituidas, registradas en Impuestos, en las cajas y en las AFP, que reciben presión de todo lado; no se amplía la base tributaria y lo que se hace es "exprimir” a las compañías del sector formal del país.
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