El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, considera que el proyecto de Ley de la Empresa Pública, es una norma que “cerraría con candado” la información sobre el uso y utilización de los recursos públicos y que genera “discrecionalidad” respecto a la asignación de estos recursos al crear subordinación directamente relacionada con el Presidente del Estado.
“Nos estamos enfrentando a una norma que cerraría con candado la información respecto del uso y la utilización de los recursos públicos destinados al desarrollo, además, se estaría creando una gran discrecionalidad respecto a la asignación de los recursos destinados al desarrollo y, esta subordinación está directamente relacionada con el Presidente del Estado”, afirmó Vargas respecto a dicho proyecto de Ley ingresado oficialmente el pasado 13 de junio a la Cámara de Diputados.
Se trata de la Disposición Adicional Décima que modifica el Artículo 228 del Código Penal con el siguiente texto: “El que en virtud de su cargo, empleo, posición o responsabilidad, teniendo acceso o conociendo información privilegiada, utilice, divulgue, transmita o disponga de la misma para lograr beneficios, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”.
Sin embargo, respecto a ese documento ingresado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la Cámara de Diputados, con la clave PL-398-13 el pasado 13 de junio, será cuestionado a través de la Presidencia de la entidad camaral para dar a conocer los criterios de los periodistas al respecto.
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