viernes, 15 de marzo de 2013

Aduana ofrece el 20% del valor de la mercadería a quien denuncie contrabando

A través de la reglamentación a la Ley de incentivo a denuncias de contrabando de importación y exportación, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) estableció que las personas denunciantes podrán recibir el 20 por ciento del total de la mercancía incautada, esto después de que concluya el proceso y que el valor de la mercadería sea superior a las 200.000 UFVs (Bs 365.568). Ed decir, si el valor de la mercadería decomisada es de 365.568 bolivianos, el denunciante recibirá mercadería por un valor de 73.113 bolivianos.

“El denunciante va a recibir el 20 por ciento de la mercancía decomisada definitivamente a la conclusión del proceso de forma gratuita, es decir, sin pagar tributos aduaneros y sin pago por depósitos en aduana”, señaló la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya.

Según explicó la autoridad aduanera, el denunciante debe apersonarse a las oficinas autorizadas de la Aduana (Fuerzas Armadas o Policía), donde debe llenar un formulario y seguir el proceso que dura 20 días. La entidad de la persona no será revelada.

Además de esta figura, que se aplica a personas naturales, también puede darse el caso de que la denuncia venga de una comunidad o un municipio, en este caso recibirán el 10 por ciento de la mercancía, con la condición de que debe utilizarse para fines sociales.

Mercancías prohibidas y aceptadas

Según detalló Ardaya, entre las mercancías que no podrán acogerse a esta norma, se encuentra la ropa usada, los vehículos indocumentados, maquinaria o artículos que sean indivisibles, mercancía no apta para consumo humano e hidrocarburos.

Sin embargo, sí serán repartidas las mercancías que contengan principalmente artículos de línea blanca y línea negra. Por ejemplo, si se incautan 1.000 televisores, el denunciante podrá recibir 200 televisores como recompensa.

¿Quiénes no pueden beneficiarse?

Los que no pueden beneficiarse son los servidores públicos, funcionarios dependientes de entidades estatales o de empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria y miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.

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