La Procuraduría General del Estado (PGE) aún lleva adelante la defensa del Estado en cinco arbitrajes interpuestos contra el país por la nacionalización de firmas privadas y otros; sin embargo, logró la suspensión de dos demandas, según el informe de gestión 2012 de esa entidad.
Los casos que están siendo atendidos son los que Rurelec inició el 24 de diciembre de 2010 por la nacionalización de la empresa eléctrica Guaracachi en mayo de 2010.
La Procuraduría propuso llevar adelante una audiencia este mes para dilucidar las objeciones sobre la jurisdicción del arbitraje.
La segunda demanda que se sigue es la iniciada el 12 de marzo de 2010 por Pan American Energy ante el CIADI por la nacionalización de su participación en la petrolera Chaco. La PGE propuso resolver la controversia mediante el diálogo, sin embargo, la compañía reactivó el arbitraje el 2 de agosto de 2012.
Un tercer caso es el arbitraje interpuesto por Abertis Infraestructuras de España (SABSA) el pasado 5 de mayo de 2011 ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por la supuesta vulneración a los acuerdos suscritos en el contrato de concesión para la administración de los aeropuertos del eje central.
La compañía española observó el congelamiento y disminución de tarifas por parte de la ex Superintendencia de Transportes y la negativa de AASANA a entregar facturas. Según la PGE, en este caso se espera la respuesta del tribunal a las objeciones que presentó.
El lunes, el Gobierno procedió a nacionalizar la administración de SABSA de tres aeropuertos.
La cuarta demanda es la que presentó Non Metallic (caso Quiborax) el 4 de octubre de 2005 ante el CIADI por la anulación de su concesión minera tras declararse reserva fiscal al Salar de Uyuni. La PGE ha propuesto al tribunal un nuevo calendario procesal.
El quinto arbitraje es el interpuesto por Jindal ante la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, en diciembre de 2011, por la ejecución de su boleta de garantía por 18 millones de dólares. A la fecha se espera la conformación del Tribunal Arbitral.
Casos suspendidos
Según la PGE, la demanda interpuesta por British Petroleum por la nacionalización de AIR BP en 2009 logró frenarse y las partes están en acercamiento para lograr un entendimiento.
También se frenó la controversia con Glencore Internacional por la nacionalización de la Fundición de Vinto. En el caso de Colquiri sólo de pagará a esta firma por la maquinaria. Con Mallku Khota se espera que se finalice la valoración de las inversiones para proceder a compensar a la empresa por la reversión de la mina; también se espera la valuación de Red Eléctrica de España por la nacionalización de la Transportadora de Electricidad (TDE).
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