Lorgio Vaca Surubí tiene 50 años y durante 30 de ellos, sus manos callosas por el trabajo han deslizado a través de la filosas cuchillas de los aserraderos de Santa Rosa del Sara, las más finas especies de maderas. Pese a los años, su cuerpo curtido por las jornadas laborales no siente cansancio.
Sin embargo, su cara denota preocupación. Desde hace meses el lugar donde pone en práctica su experiencia no recibe madera en cantidad considerable, y si las cosas no cambian perderá su trabajo. Actualmente, 6 de los ocho aserraderos de este municipio han cerrado por falta de material y el mal tiempo.
Además hace seis años, el acceso a la zona forestal de El Choré, la tercera más importante del país, es restringida por los colonos y las restrictivas emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierra.
La actividad se paralizó. Raúl Vaca, presidente de la Asociación de Aserraderos de Santa Rosa del Sara, cuenta que la actividad forestal en este municipio se fue deteriorando rápidamente en los últimos 6 años por el uso irracional de la madera. A ello se sumó el avasallamiento de la zona forestal de El Choré y también las normas restrictivas impuestas por la Autoridad Bosques y Tierra (ABT).
El dirigente se quejó de que la entidad se limita a controlar la actividad forestal en los centros donde se comercializa la madera pero no así en los bosques, que están en franco dominio de colonos que vociferan que "están con el proceso de cambio". De los ocho aserraderos que operaban y daban trabajo a los más de 20.000 habitantes de este municipio solo dos se mantienen a flote con la escasa madera que logran sacar del monte. "Nosotros tenemos vocación maderera, pero la gente se está quedando sin trabajo porque los aserraderos se están cerrando".
Al borde la quiebra. Hace seis años, el aserrado Pardo vivía la bonanza económica de la actividad. La empresa, administrada por don Juan Carlos Fernández, tenía 36 empleados que trabajaban en dos turnos de 18 personas.
La empresa facturaba de forma anual cerca de Bs 50.000.
Ahora la realidad es otra, su planilla se redujo a cinco operarios. Uno de ellos es don Lorgio Vaca Surubí. El hombre sabe que el trabajo se acaba y que pese tener la experiencia, será muy difícil encontrar un empleo en esa zona, porque los dos aserraderos que funcionan plenamente tienen sus planillas copadas.
"Antes la cosa era bonita, pero ahora todo anda mal", dice el hombre mientras desliza madera de ochoó, (una de las pocas especies que se pueden hallar en la zona, pero de escaso valor), por la sierra mecánica del aserradero.
Inversión perdida. Fernández cuenta que cuando su familia llegó a la zona invirtió cerca de $us 100.000 para montar el aserradero a través de un crédito bancario, que paga mes a mes. A este gasto se suman los Bs 2.000 que paga por el consumo de energía, el sueldo de sus cinco trabajadores que oscila entre los Bs 1.800 y Bs 2.500.
El hombre, natural de Potosí, está desesperado porque sabe que pronto lo perderá todo. “Dejamos las minas en Potosí, y nos venimos a trabajar con la madera, luego hemos sacado un crédito, hipotecamos el aserradero y pagamos al mes más de $us 1.000 al banco. Vendíamos a Oruro, Sucre y Santa Cruz. Teníamos madera en cantidad, ahora veremos a qué otra actividad dedicarnos, porque voy a tener que cerrar”.
No hay trabajo. José María Tayarapo, desde hace seis años presta servicios de maquinaria para los diferentes aserraderos que habían en la zona. Hace varios días ninguno de los dos que se encuentran operando recibe el material necesario. Él ocupa operadores de motosierra para esta actividad, pero ahora está sin trabajo.
“El año pasado empezamos a trabajar desde mayo y terminamos a fin de año, Santa Rosa es un pueblo maderero. El 80% de nuestra economía gira en torno a este recurso, no hay trabajo. Ahora estamos en julio y no hemos sacado nada. Todo está paralizado y la ABT es cada vez más rigurosa con los que trabajamos de manera formal", afirma.
ABT revisará concesiones. Actualmente la ABT está en pleno proceso de revisión de las concesiones forestales en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y en el Norte de La Paz para evaluar el cumplimiento del manejo sostenible, ante el crecimiento de la tala indiscriminada de árboles.
Según la entidad estatal, la tasa promedio de deforestación anual en los últimos 10 años fue de 260 mil hectáreas, aunque esta cifra tiende a disminuir las proyecciones de la entidad estatal. En 2011, las deforestaciones autorizadas llegaron a 37.782 hectáreas, mientras que las ilegales abarcaron hasta 177.329. Los departamentos más afectados fueron Beni y Santa Cruz.
Sector forestal redujo exportaciones. De acuerdo a datos del INE señalan que las exportaciones en valor cayeron de $us 35 millones al primer cuatrimestre de 2011 a solo $us 25 millones, aproximadamente en el 2012. La crisis económica internacional que afecta a la Unión Europea y los Estados Unidos y la suba del valor de la madera en el mercado local, mermaron en las exportaciones del sector que cayeron en un 29% en los primeros meses del 2012.
La burocracia fomenta la ilegalidad. Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), señaló que el sector apoya la legalización de la actividad maderera en la esta localidad, e indicó que las empresas que operan legalmente no deben tener problema para acatar esta disposiciones, ya que la reserva forestal de El Choré debe ser usada solo por los que se dedican legalmente a la actividad. Sin embargo, reconoció que actualmente existe mucha burocracia en el otorgamiento de permisos de operación en esta zona.
"La actividad forestal no debe de tener demasiada burocracia debe ser fácil y ágil, porque el exceso de ella fomenta la ilegalidad. Esto es una debilidad del Estado que se debe mejorar", señaló Ávila.
El sector forestal está normado
Regla. La legislación forestal ha abierto la oportunidad para que todos los actores productivos puedan acceder a este recurso como las comunidades rurales, pueblos indígenas, los operadores privados, empresas titulares de concesiones forestales y Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL).
Marco legal. El sector se rige bajo normas del Estado, y la Constitución Política del Estado y la Ley Ambiental. La operatividad del sector se rige por la Ley Sectorial 1700 promulgada en 1996.
Madera legal. Es el producto forestal maderable que proviene de un área forestal autorizada, que forma parte de un Plan de Manejo Forestal, aprobado por la autoridad y cuyo producto ha sido verificado en su traslado por formularios denominados Certificados Forestales de Origen (CFO).
Regiones. Hay seis regiones productoras en Bolivia: Bajo Paraguá, Chiquitania, El Choré, Guarayos, en Santa Cruz; Preandino-amazónico y Amazonia, ubicadas entre La Paz, Beni y Pando.
"Cualquier cosa que ayude a formalizar la actividad va a ser apoyada por la Cámara Forestal. Pero creemos que se debe reducir la burocracia.
El sector legal debe ser ágil y flexible, porque el exceso de burocracia estimula la ilegalidad".
Jorge Ávila
Gerente de la Cámara Forestal
"Antes la cosa era bonita, había madera en abundancia, ahora todo está mal no sabemos qué vamos hacer porque Santa Rosa es un pueblo que vive desde hace años de la madera. Hace 30 años que me dedico a esto, tengo siete hijos, tres de ellos van a la escuela".
Lorgio Vaca Surubí
Trabajador
"Diariamente solíamos producir dos a tres trailers. Para cada trailer tenía 20 troncas de las gruesas ahora lo único que podemos sacar es ochoó que es la de menor calidad. Antes tenía 36 trabajadores ahora tengo cinco que trabajaban todo el día".
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