viernes, 29 de febrero de 2008

Piden al Gobierno anular norma, porque desincentiva la producción

El sector exportador nacional, particularmente el del Oriente nacional, calificó como “un atentado a la producción nacional” al DS 29.460 por considerar que desincentiva a ese sector y que en consecuencia rechazaron el mismo.

Mientras tanto, desde tempranas horas, el Jefe de Estado intentó justificar la medida para combatir la inflación, el agio y la especulación. Sin embargo, a las pocas horas el rechazo era generalizado en el sector productivo y, con especial énfasis, entre los exportadores.

El Decreto Supremo 29.460 prohíbe la exportación temporal de harina y la manteca de cerdo entre otros alimentos de primera necesidad y de consumo básico.

Primero fue la promulgación del Decreto 29453 que creó el Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo con 600 millones de dólares, y ayer, el Gobierno aprobó esta otra norma en la que también ordena la importación de alimentos básicos con arancel cero.

El objetivo de estos decretos, según el presidente de la República, Evo Morales y de sus colaboradores del sector económico, es frenar el creciente desabastecimiento que se registra en los mercados con el constante incremento de los precios que afecta directamente la economía de la mayoría de la población de bajos recursos económicos.

Crisis alimentaria

El gobierno del presidente Evo Morales, por un lado, reconoce que Bolivia enfrenta una seria crisis económica que puede llegar a una ‘estangflación’ (abundante liquidez y poca oferta), y por su parte el sector productivo privado que está a cargo del 80 por ciento de la producción interna, reconoce el mismo problema, ambos sectores aún no llegan a concertar una agenda común para enfrentar el problema.

Sin embargo, en los últimos días, el pedido de los representantes de los empresarios privados de trabajar junto al Gobierno en posibles soluciones ha sido constante, la respuesta con la emisión del decreto que prohibe las exportaciones de algunos alimentos, molestó sobre todo a los exportadores.

“No se puede prohibir exportaciones porque, para empezar, es ilegal porque va en contra de la misma Ley de Aduanas y la Ley de Exportaciones”, declaró a EL DIARIO el presidente de la Cámara de Exportadores (Cadex) de Santa Cruz, Oswaldo Barriga.

Sin embargo, lo más grave es que con esta medida se desincentiva totalmente la producción nacional y se pone en inminente peligro los mercados externos.

“Al desincentivar la producción, la capacidad productiva y no reactivarla y más bien castigarla, el efecto es que muchas industrias tendrán que cerrar sus puertas porque no van a poder subsistir en el mercado interno lo que a su vez genera desempleo”.

Otro de los puntos que argumenta barriga en contra de este Decreto es que para exportar antes que nada se tiene que conquistar el mercado interno para ser competitivos y luego darse a conocer en el mercado externo y para presentarse como empresas también competitivas.

“Primero se abastece el mercado interno para después abastecer o llevar adelante procesos de exportación”, afirmó Barriga.

Proceso especulativo

El problema que atraviesa la economía no es porque que exista desabastecimiento, según los exportadores de Santa Cruz, que atribuyen la actual crisis económica a un proceso de especulación de parte de los comercializadores intermediarios.

La solución a esta situación parte de las mismas reparticiones del Poder Ejecutivo y de los municipios que tienen que ejercer un verdadero control, por un lado en las fronteras para evitar el contrabando y por otro lado en los mercados para impedir que se especule con los productos de primera necesidad.

Por su parte, el presidente de la Confederación Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, coincidió con Barriga al calificar la medida como un atentado al incentivo y a la producción nacional.

“Si el Presidente de la República quiere destruir el aparato productivo del país y encarecer los productos que lo diga más claramente”, afirmó Roca.

Con todo, los exportadores admiten que como norma impuesta mediante Decreto se la tiene que cumplir, “pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo, ya que la rechazamos, por lo que le pedimos al Gobierno anular esta medida ya que sólo va en contra de la producción nacional.

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