LAS EMPRESAS OBSERVAN LA LEY 060 Regulación, multas y burocracia frenan las promociones empresariales

La aplicación de la Ley de Juegos de Loterías y Azar (Ley 060), aprobada el 25 de noviembre de 2010, frena la ejecución de promociones y sorteos en el sector privado debido a que varias empresas la consideran una normativa inflexible y burocrática. La mayoría de las firmas consultadas por Dinero prefieren mantener su nombre en reserva por temor a represalias de la la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ).

Aún así, cinco representantes de compañías y economistas tomaron el pulso a las acciones de la AJ.

De enero a la fecha, la AJ recibió 701 solicitudes de promociones, autorizó 619 y rechazó 53. Santa Cruz es el departamento que mayor cantidad de solicitudes realizó (45%). A escala sectorial, Entel ejecutó 36 promociones hasta junio de 2013, entregando un valor en premios de Bs 47 millones; Tigo efectuó 11 promociones por un valor de Bs 13,6 millones; Go Media, de publicidad en móviles, abrió nueve promociones; PAT, nueve; BNB, ocho y completan el ranquin de las diez primeras, CBN, Viva, Multivisión, Kimberly Clark Bolivia y Colgate, con Bs 4,3 millones en valor.

El 10% de los montos de cada promoción lo retiene Impuestos Nacionales como tributo al juego. La apertura de una primera promoción demora entre 5 y 20 días, según aseveraron dos compañías, y luego, esa misma formalidad se repite y la AJ tiene cinco días como plazo para autorizar el sorteo, el juego o la promoción.

“Mientras mayores sean los trámites, menor será la predisposición de las empresas por apostar a las promociones como estrategia comercial”, manifestó Elvira Uzeda, gerenta de comunicaciones de Nestlé, argumentando que desde el inicio de las actividades de la AJ, en febrero de 2011, las grandes promociones que realizaba esta compañía se redujeron un 60% y las pequeñas, que superaban las 30, disminuyeron por completo.

Sin embargo, Mario Cazón, director ejecutivo de la AJ, aseveró lo contrario. Dijo que hasta octubre de este año, las empresas presentaron 86 solicitudes más que en 2012, año en el que se dio curso 615 solicitudes, y que este comportamiento se debe a “la responsabilidad de las personas individuales y colectivas para contribuir con el pago de los impuestos y transparentar el desarrollo de las promociones generando credibilidad en los consumidores o clientes”.

Sergio Asbún, gerente general del Banco Económico, manifestó que la entidad ha sido afectada con la normativa porque ahora, cualquier tipo de promoción tiene que estar autorizada por la AJ, lo que significa más ‘tramitología’. “Creemos que debería haber cambios profundos a esta norma para dar mayor margen de acción para que las entidades realicemos promociones”, expresó Asbún.

Desde la Cervecería Boliviana Nacional indicaron que desde la vigencia de la ley se ha disminuido la cantidad de promociones que realizaban. “Los métodos de control y fiscalización de la AJ a veces no responden a la realidad de la mecánica de las promociones, haciendo que su cumplimiento, en algunos casos, sea casi imposible”, señalaron.

Algunas empresas del sector de telecomunicaciones, farmacéutico y de consumo masivo se abstuvieron de responder a las solicitudes arguyendo ‘ser un tema álgido’. Por ejemplo, la asesora legal de una compañía recomendó no declarar para evitar sanciones de parte de la AJ. Iván Dorado, gerente de márquetin de Industrias Venado, afirmó que recién desde este año llevaron a cabo dos promociones y que, si bien al inicio se siente un poco “la burocracia del papeleo, luego se vuelve un proceso mecánico”.

Destino de los tributos
Desde la Cainco aseveraron que el sector empresarial considera de ‘vital importancia’ la modificación de la norma, de manera que el impuesto al juego se perfeccione una vez concluida la promoción y no al momento de la entrega de la autorización.

Para el abogado Otto Riter, la Ley 060 es inconstitucional. “Los juegos de azar y las loterías son una competencia concurrente entre el nivel central de Gobierno y los niveles autónomos”, dijo.

Según la AJ, por el impuesto del 10% han recaudado más de Bs 6 millones de enero a la fecha. La normativa indica que el tributo se distribuirá en un 70% para el Tesoro General de la Nación, un 15% para el gobierno departamental y un 15% para el municipio.

Carlos Schlink, director de Tesoro de la Gobernación cruceña, indicó que la ley fue promulgada en noviembre de 2010, pero que recién hace dos meses que la entidad recibió un desembolso de Bs 140.000 posiblemente por la gestión 2013, que tenía un presupuesto programado de Bs 139.953. “El presupuesto del 2011 por este impuesto fue de Bs 1.260.869, pero no se acreditó ningún peso a la Gobernación y en 2012 fue de 93.976, pero tampoco se acreditó”, dijo.

Desde Hipermaxi y Fidalga coincidieron en señalar que no hacen sorteos. “Al inicio sentimos una frenada de promociones de los proveedores y después se dio una flexibilizacion de los requisitos ”, manifestó Meger Schamisseddine, socio de Fidalga