Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) deberán adoptar prácticas de buen gobierno corporativo para transparentar su gestión, según dispone el proyecto de Ley de Empresas Públicas.
“Las empresas desarrollarán y aplicarán prácticas de gobierno corporativo, con el fin de lograr un óptimo desempeño empresarial, prácticas que incluirán el relacionamiento y la necesaria coordinación entre la Empresa Corporativa y sus empresas filiales y subsidiarias y entre estas últimas”, dispone el artículo 20.
De acuerdo con el proyecto, las empresas públicas corporativas son YPFB, ENDE, ENTEL y Comibol.
El gobierno corporativo es el conjunto de relaciones que se dan entre las instancias tomadoras de decisiones de los diferentes niveles de la empresa en la aplicación de políticas, estrategias, lineamientos y normas generales y específicas que regulan su gestión y que generan “buenas prácticas de gobernanza”, explica el artículo 44.
La Resolución Administrativa RA/AEMP/142/2012 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas señala que “el gobierno corporativo es un conjunto de principios, técnicas y medidas que permiten a cualquier empresa desempeñarse bajo estándares mínimos de eficiencia, equidad, transparencia y probidad”.
Este tipo de gestión trata de suprimir las prácticas empresariales nocivas, débiles o defectuosas relacionadas con la estructura de propiedad o, dicho de otro modo, los intereses contrapuestos que se generan entre socios, la asamblea de socios o administradores, agrega.
El analista Armando Álvarez considera que, a partir de la vigencia de la futura ley, lo que se debe esperar es que estas compañías cuenten con directores independientes, ejecutivos elegidos por selección o concurso de méritos, transparencia en la difusión de información, de sus estados financieros y en la remuneración de personal, entre otros aspectos ligados a la gestión.
El analista económico Alberto Bonadona destacó la obligación que establece la futura ley para que las compañías sigan prácticas internacionalmente reconocidas con el fin de garantizar la transparencia de su gestión.
“Deben ser profesionalmente manejadas, pues hoy no son entidades que estén bien reguladas, hay interferencia política, los gerentes son designados a dedo, no por meritocracia”, precisó.
El proyecto de Ley de Empresas Públicas fue remitido el jueves 13 por el Ministerio de Planificación a la Comisión de Economía Plural de la Cámara Baja. El documento comenzará a ser analizado en 15 días, luego de la Ley de Servicios Financieros.
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