España trasladó este lunes a la Unión Europea (UE) "su inquietud" por la forma en que se llevaron "a cabo nacionalizaciones" de empresas españoles en países de América Latina, como en Bolivia y Argentina, señaló el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.
El ministro español señaló en una rueda de prensa antes de reunirse con el comisario de Comercio, Karel de Gucht, que la UE tiene la "obligación de proteger a las empresas europeas, y por supuesto a las españolas", según se desprende del Tratado de Lisboa.
El ministro español destacó a De Gucht la "importancia de que se den condiciones estables de seguridad jurídica para la inversión y el buen funcionamiento de las empresas, en un espíritu de diálogo y de cooperación con terceros países", según el comunicado divulgado al final de la reunión.
El gobierno de Bolivia anunció a mediados de febrero la nacionalización de la empresa aeroportuaria SABSA, filial de las españolas Abertis y Aena, que controla las tres terminales internacionales del país, en la tercera expropiación que afecta a capitales de esa nacionalidad en menos de un año. En mayo de 2012, Bolivia expropió la Transportadora de Electricidad (TDE), empresa en la que Red Eléctrica de España (REE) tenía casi el 100% de las acciones, y en diciembre pasado nacionalizó cuatro empresas vinculadas al sector de la electricidad gestionadas por la firma privada española Iberdrola.
Previamente, en 2006 el gobierno boliviano había afectado las inversiones de la gigantesca petrolera española Repsol, en el marco de una masiva nacionalización de sus hidrocarburos. En su primera reacción, el Ejecutivo español calificó como un "acto inamistoso" la decisión de Bolivia, y advirtió que se va a "replantear el conjunto de las relaciones bilaterales" con La Paz.
Casi un año atrás el gobierno argentino de Cristina Kirchner anunció la transferencia al Estado del 51% de las acciones de la petrolera argentina YPF, que era operada por la española Repsol desde 1999. En ese entonces, el gobierno español recibió "una respuesta franca e inmediata" de la UE, que no dudó en apoyar a España ante la OMC.
Pero el caso de las recientes nacionalizaciones en Bolivia "aún no se ha planteado" en Bruselas, dijo García-Margallo a los periodistas, al recordar que la "lista de empresas europeas afectadas es muy larga".
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