En los últimos meses, tres empresas chinas están en el centro de la tormenta. Se trata de las empresas chinas CAMC Engineering Co Ltd. Bolivia Branch, Sinohydro y Sinosteel.
El denominador común de las tres es que todas tienen contratos con el Estado boliviano, que, por diversas causas, han sido cuestionados. No es un buen antecedente para uno de los principales socios del gobierno de Evo Morales; según un reciente reporte, Bolivia es el cuarto prestatario de créditos chinos en Latinoamérica.
El caso CAMC
Es el que ha despertado más polémica.
Se fundamenta en una denuncia sobre el delito de tráfico de influencias lanzada por el periodista Carlos Valverde y que involucra al presidente Evo Morales y a la compañía china CAMC.
Según el Código Penal, se entiende como tráfico o uso indebido de influencias a aquella conducta punible que tiene como sujeto a un funcionario público o autoridad.
"El funcionario público o autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventajas o beneficios para sí o para un tercero, será sancionado con presidio de dos a ocho años y multa de 100 a 500 días”, expresa el texto que tipifica el delito de uso indebido de influencias.
¿Qué liga al principal funcionario público boliviano, el presidente Morales, con CAMC? Valverde ha denunciado que la gerente comercial de la compañía china, Gabriela Zapata, es la pareja del Primer Mandatario -ambos tuvieron un hijo, ha afirmado el periodista-, por lo cual la compañía asiática se ha adjudicado siete contratos con el Estado, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por 566 millones de dólares.
Entre ellos figuran la compra de tres perforadoras de pozos petroleros en 2009 por 60 millones de dólares; el ingenio azucarero de San Buenaventura en 2012, por 168 millones de dólares; el tramo I del ferrocarril Montero-Bulo Bulo en 2013, por 104,8 millones de dólares; obras del proyecto Misicuni en 2014 por 54 millones de dólares y la planta de sales de potasio de Uyuni en 2015 por 178 millones de dólares.
El año de adjudicación es importante, porque Quintana, para desvirtuar la denuncia, ha afirmado que Zapata es ejecutiva de CAMC desde 2013.
En el remezón posterior, el Presidente y sus ministros han comparecido ante la opinión pública para confirmar la relación sentimental, aunque se ha enfatizado que ya concluyó; que el hijo de Morales y Zapata falleció y que, con respecto a lo medular de la denuncia, que es el tráfico de influencias, el Gobierno ha ejecutado inclusive las boletas de garantía de la empresa china por el incumplimiento en el contrato de la construcción del tramo ferroviario Bulo Bulo-Montero. Sin embargo, ya se sabe que un amparo de CAMC frenó la ejecución de esos avales por 156 millones de bolivianos.
Lejos de aplacar la controversia y los cuestionamientos, el Presidente ha solicitado a la Contraloría General del Estado (CGE) que investigue los procesos de adjudicación de los siete contratos de CAMC; pero ante las críticas a la CGE, porque hay dudas sobre su imparcialidad, Morales ha pedido la conformación de una comisión legislativa mixta que indague a fondo los contratos con la compañía china.
CAMC, en medio de la tormenta, ha anunciado una querella contra el periodista Carlos Valverde.
No obstante, persisten las contradicciones sobre el año en que Gabriela Zapata ingresó a CAMC y la fecha de los contratos adjudicados, la ejecución de las boletas de garantía del tramo I Montero-Bulo Bulo y la multiplicidad de obras, de diversos rubros, para una sola compañía. Es un caso en evolución que, en lo político, podría tener efectos en el referendo por la reforma constitucional del 21 de febrero.
El caso Sinohydro
Los problemas que afronta la compañía Sinohydro tienen relación con las normas laborales.
La empresa asiática ejecuta actualmente dos proyectos para el Estado: la doble vía Ivirgazama-Ichilo y la planta hidroeléctrica San José. Coincidentemente, se han presentado conflictos laborales en las dos obras, aunque más en los trabajos camineros.
Los trabajadores de la obra caminera ingresaron en una huelga de hambre y un pliego con las siguientes peticiones: la estabilidad laboral, el cumplimiento y respeto a los dirigentes, el seguro de vida, la instalación de postas médicas, un contrato de trabajo, ropa de trabajo, la solución a los descuentos de planillas, el pago del segundo aguinaldo y la reincorporación de cuatro exfuncionarios.
El problema en la obra vial se prolongó por más de 22 días, lo cual obligó al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, a pedir que la compañía china cumpla las normas laborales bolivianas; aunque el conflicto está superado, pues las partes llegaron a un acuerdo, se ha resuelto conformar comisiones para analizar las demandas de los trabajadores.
No se han cuantificado los daños de la huelga, pero Sinohydro ha obtenido el compromiso de los trabajadores de dedicar dos horas más para cumplir el cronograma original establecido.
¿Empresa "zombi”?
Es el más llamativo de los tres hechos en que están involucradas las compañías chinas.
Después de un largo proceso, el Gobierno finalmente adjudicó el proyecto siderúrgico de El Mutún, que consiste básicamente en la instalación de una miniacería que procesará el hierro de ese yacimiento de 40.000 millones de toneladas a la empresa Sinosteel.
La compañía Sinosteel, que se presentó tres veces a la convocatoria estatal, propuso desarrollar el proyecto por 450 millones de dólares y su contrincante Henan por 419 millones de dólares.
Pero el 19 de enero de este año, cuando la compañía se adjudicó el proyecto siderúrgico, se conoció casi simultáneamente una denuncia en ERBOL, con información económica de Bloomberg, una de las empresas más confiables en noticias sobre el ámbito bursátil, que sostenía que Sinosteel es una empresa calificada como "zombi”, pues no paga los intereses de una emisión de bonos de 315 millones de dólares en los mercados de capitales.
La noticia echó sombras sobre la empresa adjudicataria del proyecto en el que fracasó la india Jindal, por lo que inclusive el directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún suspendió el acto oficial de la firma del contrato hasta que llegue un certificado del gobierno chino que avale la solvencia de Sinosteel.
El perfil
Los tres casos han dejado dudas sobre la incursión de empresas chinas en el país.
Se trata de compañías que obtienen grandes contratos con el Estado, debido a que los créditos chinos están condicionados a que los proyectos sean ejecutados por empresas de ese país; tienen problemas en el cumplimiento de las normas laborales, lo cual a veces se interpreta como "discrepancias” culturales en cuando al trabajo asalariado e independiente y, en general, no muestran una absoluta transparencia.
No son datos menores si se considera que, como ha anunciado el Gobierno, se han dado los pasos necesarios para la contratación de un crédito chino de 7.400 millones de dólares, condicionado a que la mayoría de los proyectos camineros esté a cargo de compañías asiáticas. Al menos se ha anunciado que CAMC no podrá obtener ningún contrato en los próximos tres años.
