Uno de los problemas más acuciantes tiene que ver con la constante subida de costos, entre ellos el costo laboral. Los últimos años son el escenario de un sistemático incremento del salario mínimo nacional y de los haberes básicos, además de la imposición irracional del doble aguinaldo y de otros beneficios, como los aportes patronales solidarios para el sistema de jubilación. El Cuadro 1 muestra la evolución del salario medio nominal entre 2005 y 2014.
Sectores más afectados
Con base en los datos de la encuesta de salarios del INE, se aprecia que en el periodo referido el salario medio nominal de toda la economía creció en 64%. En tanto que en los sectores manufactureros y exportadores los incrementos fueron superiores al promedio general; en todos estos últimos los costos asociados al trabajo prácticamente se han duplicado.
El Cuadro 2 permite ver que el incremento salarial acumulado en el sector de las empresas formales llegó al 300%, considerando el bono de antigüedad, los aportes que están a cargo del empleador, el doble aguinaldo y las previsiones de indemnización por tiempo de trabajo.
En un periodo de diez años, el costo laboral para las empresas prácticamente se ha triplicado. Al mismo tiempo, y por causa del estancamiento de la economía mundial, los precios y la demanda internacionales caen, lo que significa que las empresas sufren por doble partida: bajan sus ventas y tienen que afrontar mayores costos para mantener su planilla de trabajadores.
No sube la productividad
Los decretos de aumento salarial fijan los incrementos mínimos, pero también abren la posibilidad de que los trabajadores negocien, en cada empresa, incrementos superiores. De hecho, esto es lo que sucede todos los años: los sindicatos presentan un pliego amplio de peticiones, que además de ajustes salariales adicionales incluyen bonos, pulpería, transporte y otros beneficios, todos los cuales incrementan considerablemente el costo real del empleo en las empresas.
Lo peor de todo radica en que esta suma de aumentos salariales no tiene como contrapartida la mejora en la productividad laboral; este aspecto simplemente no tiene cabida en las negociaciones de los empleadores con sus trabajadores y no hay instancia gubernamental que se preocupe por la cuestión de la productividad o por las condiciones del mercado y, en definitiva, por la sostenibilidad financiera de las empresas privadas, de la que depende la estabilidad de los puestos de trabajo o la contratación de nuevos empleos.
Los empleadores, sean de empresas grandes, medianas y pequeñas, no tienen cómo hacer valer sus legítimos intereses y derechos; desprotegidos por la ley o por su incumplimiento, deben someterse a las imposiciones, los chantajes y las medidas de fuerza de los dirigentes sindicales, a la vista y paciencia de la autoridad laboral.
Normas desiguales
Lo paradójico es que cuando se trata de las empresas públicas, el Gobierno sí toma en cuenta la situación financiera de éstas y su capacidad de hacer incrementos salariales.
En efecto, el Decreto Supremo 2348, del 1 de mayo de 2015, determina que el ajuste salarial se aplicará en función a la utilidad neta y la disponibilidad financiera de cada empresa. Es decir, en las empresas estatales el incremento salarial tiene como requisito "demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado a por lo menos tres años”, además de "haber generado utilidad operativa en la gestión anterior”.
La pregunta obvia es por qué las empresas privadas no pueden hacer lo mismo y actuar bajo las mismas reglas de racionalidad económica. El Gobierno se muestra comprensivo con sus empresas, pero ignora los problemas que agobian al sector privado.
El boliviano apreciado en 30% golpea la capacidad exportadora
De enero a julio de 2015 las exportaciones de productos no tradicionales se redujeron en 418 millones de dólares, que representan un 27% menos que el valor exportado en igual periodo de 2014. Esta disminución refleja la pérdida de competitividad de las exportaciones bolivianas frente a las exportaciones de otros países que llegan a los mercados internacionales con precios menores y favorecidos por la depreciación de sus monedas con respecto al dólar.
Prácticamente todos los países vecinos han devaluado sus monedas (ver el cuadro 1).
En contraste con la situación general en la región, Bolivia mantiene un tipo de cambio fijo desde 2011. Como resultado, la competitividad cambiaria de la economía boliviana se torna cada vez más adversa.
El gráfico 1 muestra la evolución del tipo de cambio real entre enero de 2008 y julio de 2015, tomando el promedio de Brasil, Perú, Chile, Colombia y Uruguay, con o sin Venezuela, frente a la forma cómo ha evolucionado el tipo de cambio en Bolivia.
Fenómeno inverso
Mientras que en Bolivia se registra una apreciación real del boliviano de más de 30%, en los otros países el fenómeno que se vive es exactamente el inverso: la apreciación real de sus monedas, lo que arroja como resultado una brecha de 28% en contra de Bolivia. Y los más perjudicados son los exportadores nacionales, cuyos productores deben pagar sus costos en bolivianos, a un precio invariable, mientras que las exportaciones de otros países tienden a abaratarse.
Así ocurre, por ejemplo, con los productos brasileños, cuyos costos en reales hoy día son 156% más baratos con respecto al dólar. También la joyería peruana tiene un menor precio en dólares y lo mismo sucede con sus textiles, que compiten con los productos bolivianos.
En el cuadro 2 se aprecia la situación en tres rubros de manufacturas, afectadas por fuertes caídas en volumen y valor de ventas, además de una baja en el precio implícito.
Sector afectado
En realidad el impacto negativo de la pérdida de competitividad de las exportaciones bolivianas se siente en todo el sector productivo no tradicional, que acusa la ya referida caída de 418 millones de dólares y la reducción en volumen de ventas de 455 mil toneladas métricas, para los primeros siete meses de 2015, en comparación con un periodo similar en 2014.
Los datos desagregados arrojan pérdidas en todos los rubros: la soya cayó en 36%; los productos de la industria alimenticia en 33%; la quinua y derivados en 40%; el cuero en 23%; el café en 61% y los textiles en 31%. Qué duda cabe, son contracciones dramáticas para un periodo tan corto.
A diferencia de las ventas al mercado interno, en el cual es posible discriminar precios, desarrollar capacidades de ventas al por menor, impulsar promociones y otras iniciativas de mercadeo, en las exportaciones es el todo o nada; son ventas al por mayor, en las cuales las diferencias marginales de precio pueden determinar la venta de toda la producción o, por el contrario, de nada. Los centavos de dólar hacen la diferencia.
Precios marginados
Al haber depreciado sus monedas, los países con los que compite Bolivia en el mercado internacional venden a precios menores, lo que no pueden hacer los exportadores nacionales, y en la medida en que sus precios de venta en dólares son más caros, van quedando marginados del mercado.
Ni siquiera en la exportación de quinua, en la que Bolivia tiene ventajas de diferenciación (quinua real), tradición de cultivo y condiciones climáticas propicias, tales ventajas alcanzan para competir con un tipo de cambio sobrevaluado como el actual.
También en la cadena del cuero los productos bolivianos son desplazados por los productos argentinos o brasileños. Y en cuanto a la industria de alimentos no hace falta sino acercarse a cualquier mercado local para verificar la inundación de productos extranjeros, debido a la brecha cambiaria. No solamente es más difícil exportar, sino, incluso, preservar el mercado interno para la producción nacional.
"Lo paradójico es que cuando se trata de las empresas públicas, el Gobierno sí toma en cuenta su situación financiera y su capacidad de hacer incrementos salariales”.
"En la cadena del cuero los productos bolivianos son desplazados por los argentinos o brasileños. Y en la industria de alimentos hayinundación de productos extranjeros”.
