Luego de que el precio del aceite se disparara en el mercado interno, el Gobierno prohibió ayer temporalmente la exportación del producto. Según los empresarios, esto derivará en que Bolivia incumpla sus compromisos internacionales, sea sancionada y pierda sus contratos de provisión.
Conforme al Decreto Supremo 29480, aprobado ayer, ya no se podrán vender aceites refinados de soya y girasol y los crudos de esas mismas variedades. La Comunidad Andina (CAN) era el principal comprador, a través de Colombia, Perú y Ecuador. También se realizaban envíos a Chile, Venezuela, Argentina, Japón, Holanda y Sudáfrica.
En 2006, Bolivia lideró una campaña en defensa de sus mercados de oleaginosas ante el temor de que Colombia se los quite.
La ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, aseguró que ante los eventuales efectos sobre los compromisos externos, los industriales deben asumirlos como “empresarios emprendedores con responsabilidad social”.
La autoridad defendió la medida bajo el argumento de que el costo del aceite se incrementó en 39 por ciento en dos meses en este año y en 77 por ciento en 2007. Además que entre enero y febrero de este año, el sector exportó 365.793 toneladas, cifra mayor a lo que se vendió en toda la gestión pasada.
La medida será temporal. La ministra Rivero precisó que durará hasta que bajen los precios del aceite en el mercado local, donde el envase de cinco litros llegó a 65 bolivianos, cuando hace una semana valía 60 bolivianos.
Según la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), los empresarios elevaron los costos debido a que subió el precio de la soya en el mercado internacional a más de 400 dólares la tonelada y que el decreto los perjudicará más aún.
Con la disposición gubernamental, que recién hoy será publicada en la Gaceta Oficial, habrá seis veces más aceite del que requiere el mercado local. Según el Ministerio de Desarrollo Rural, la producción promedio es de 420.000 de toneladas y el consumo llega a 70.000 toneladas. A la exportación destina unas 350 mil toneladas (ver cuadro).
El vicepresidente de la Cámara de Exportadores de La Paz, Guillermo Pou Mont, aseguró que sólo se requiere el 20 por ciento de la oferta de aceite de soya para cubrir el consumo nacional y el restante 80 por ciento puede ser enviado sin problemas a la exportación junto a la producción total de girasol.
Según la lógica de mercado mientras más amplia es la oferta, los precios tienden a disminuir, y eso es lo que busca el Gobierno.
De acuerdo con una investigación que realizó La Prensa en 2007, la producción de ese alimento está en manos de dos familias y dos multinacionales.
Tatiana Marinkovic, hermana del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, opositor al Gobierno, es la dueña de Industrias Oleaginosas (Iol), una de las principales exportadoras de aceite del país. Comercializa la marca “Rico”.
Industrias de Aceite S.A. también destaca en el exterior por su producto Fino. La empresa pertenece al Grupo Romero, de Perú, que además tiene acciones en el Banco de Crédito. Forma parte del Grupo ASSA.
El aceite Sao, por su lado, que es uno de los más consumidos en la CAN, Chile y Japón, es producido por Archer Daniels Midland (ADM), una corporación estadounidense que asumió el control de la empresa en 1998, antes de fue israelíes.
Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gravetal y Granos son otras compañías que también tienen mercados en el exterior. Otras fuentes precisaron que la primera es manejada por empresarios colombianos y bolivianos y la segunda por el cruceño Hugo Spear.
Efectos internos y externos
Para el presidente de la Cainco, Eduardo Paz, la medida del Gobierno es netamente política y sólo afectará a 300 mil familias que dependen de la agroindustria.
El presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia, Eduardo Bracamonte, calificó el hecho como “un atentado a la libertad económica” y anticipó que afectará a los productores.
El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, aseguró que la decisión es una “torpeza”, “una medida poco inteligente que complicará más la gestión económica del Ejecutivo, que “no tiene ni pies ni cabeza”. “Si a un estudiante de primer año de Economía se le hubiera ocurrido semejante barbaridad, se hubiera aplazado por no saber leer la realidad ni la gravedad del problema”.
Detalló que no sólo se afectará la oferta de soya y girasol que se vende a la CAN, sino que también repercutirá en la oferta de torta de soya, que sirve para la alimentación de aves y de cerdos.
El especialista en Comercio Exterior, Julio Alvarado, dijo que el decreto además arriesga mercados y abre la posibilidad de que los empresarios bolivianos sean sujetos a penalidades por incumplir los contratos suscritos con sus compradores. Dijo que las sanciones son variables..
Conforme al Decreto Supremo 29480, aprobado ayer, ya no se podrán vender aceites refinados de soya y girasol y los crudos de esas mismas variedades. La Comunidad Andina (CAN) era el principal comprador, a través de Colombia, Perú y Ecuador. También se realizaban envíos a Chile, Venezuela, Argentina, Japón, Holanda y Sudáfrica.
En 2006, Bolivia lideró una campaña en defensa de sus mercados de oleaginosas ante el temor de que Colombia se los quite.
La ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, aseguró que ante los eventuales efectos sobre los compromisos externos, los industriales deben asumirlos como “empresarios emprendedores con responsabilidad social”.
La autoridad defendió la medida bajo el argumento de que el costo del aceite se incrementó en 39 por ciento en dos meses en este año y en 77 por ciento en 2007. Además que entre enero y febrero de este año, el sector exportó 365.793 toneladas, cifra mayor a lo que se vendió en toda la gestión pasada.
La medida será temporal. La ministra Rivero precisó que durará hasta que bajen los precios del aceite en el mercado local, donde el envase de cinco litros llegó a 65 bolivianos, cuando hace una semana valía 60 bolivianos.
Según la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), los empresarios elevaron los costos debido a que subió el precio de la soya en el mercado internacional a más de 400 dólares la tonelada y que el decreto los perjudicará más aún.
Con la disposición gubernamental, que recién hoy será publicada en la Gaceta Oficial, habrá seis veces más aceite del que requiere el mercado local. Según el Ministerio de Desarrollo Rural, la producción promedio es de 420.000 de toneladas y el consumo llega a 70.000 toneladas. A la exportación destina unas 350 mil toneladas (ver cuadro).
El vicepresidente de la Cámara de Exportadores de La Paz, Guillermo Pou Mont, aseguró que sólo se requiere el 20 por ciento de la oferta de aceite de soya para cubrir el consumo nacional y el restante 80 por ciento puede ser enviado sin problemas a la exportación junto a la producción total de girasol.
Según la lógica de mercado mientras más amplia es la oferta, los precios tienden a disminuir, y eso es lo que busca el Gobierno.
De acuerdo con una investigación que realizó La Prensa en 2007, la producción de ese alimento está en manos de dos familias y dos multinacionales.
Tatiana Marinkovic, hermana del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, opositor al Gobierno, es la dueña de Industrias Oleaginosas (Iol), una de las principales exportadoras de aceite del país. Comercializa la marca “Rico”.
Industrias de Aceite S.A. también destaca en el exterior por su producto Fino. La empresa pertenece al Grupo Romero, de Perú, que además tiene acciones en el Banco de Crédito. Forma parte del Grupo ASSA.
El aceite Sao, por su lado, que es uno de los más consumidos en la CAN, Chile y Japón, es producido por Archer Daniels Midland (ADM), una corporación estadounidense que asumió el control de la empresa en 1998, antes de fue israelíes.
Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gravetal y Granos son otras compañías que también tienen mercados en el exterior. Otras fuentes precisaron que la primera es manejada por empresarios colombianos y bolivianos y la segunda por el cruceño Hugo Spear.
Efectos internos y externos
Para el presidente de la Cainco, Eduardo Paz, la medida del Gobierno es netamente política y sólo afectará a 300 mil familias que dependen de la agroindustria.
El presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia, Eduardo Bracamonte, calificó el hecho como “un atentado a la libertad económica” y anticipó que afectará a los productores.
El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, aseguró que la decisión es una “torpeza”, “una medida poco inteligente que complicará más la gestión económica del Ejecutivo, que “no tiene ni pies ni cabeza”. “Si a un estudiante de primer año de Economía se le hubiera ocurrido semejante barbaridad, se hubiera aplazado por no saber leer la realidad ni la gravedad del problema”.
Detalló que no sólo se afectará la oferta de soya y girasol que se vende a la CAN, sino que también repercutirá en la oferta de torta de soya, que sirve para la alimentación de aves y de cerdos.
El especialista en Comercio Exterior, Julio Alvarado, dijo que el decreto además arriesga mercados y abre la posibilidad de que los empresarios bolivianos sean sujetos a penalidades por incumplir los contratos suscritos con sus compradores. Dijo que las sanciones son variables..
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