El vicepresidente Álvaro García anunció ayer que utilizará a las Fuerzas Armadas y a la Policía para hacer cumplir la prohibición de vender aceite al mercado externo y, a la vez, amenazó a los empresarios con aplicar otras medidas para frenar “esta campaña política y especulativa”.
En una solicitada publicada el jueves, los empresarios de Santa Cruz pidieron al Ejecutivo que derogue el decreto que prohíbe la exportación de aceite, caso contrario, advirtieron con recurrir al gobierno departamental para que implemente un sistema que promueva y garantice la exportación de sus productos.
García Linera viajó ayer a la ciudad de Santa Cruz para reunirse con la Federación de Campesinos y, en la oportunidad, aseguró que “cuatro empresarios no son Santa Cruz” y advirtió que la prohibición de exportar aceite es una primera medida y que se están preparando otras.
“El Estado puede tomar muchas decisiones si esta campaña política y especulativa continúa. Nosotros estamos preparando otras medidas. Ésta es la primera —dijo, refiriéndose al decreto que prohíbe exportar aceite—, por eso es bueno que reconsideren que no hagan guerra económica con el hambre de la gente”.
La ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, aseguró que la decisión de prohibir la exportación de aceite se debe al injustificado incremento del precio de este producto. “En tan sólo tres meses de este año el precio de este producto subió 39%”, dijo.
Sin embargo, esta información fue desmentida por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). “Los datos que maneja el Ministerio de Desarrollo Rural no se ajustan a la realidad”.
Según el IBCE, y en base a datos de la Aduana, Bolivia exportó cerca de 54 mil toneladas de aceites crudos y refinados entre enero y febrero. “Esta cifra dista una enormidad del dato que maneja” la ministra Susana Rivero que dijo que, en ese tiempo, la exportación fue de 365.793 toneladas.
García Linera afirmó que la decisión empresarial de subir el precio del aceite es política.
En ese marco, el ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, dijo que si el sector industrial disminuye los precios, el Gobierno, en un plazo de tres meses, podría revisar su medida.
Similar posición fue expresada por la ministra Rivero, quien dijo que la medida tienen carácter temporal y podría revisarse una vez que los productores decidan incrementar la cantidad de aceite para el mercado interno y no den prioridad a la exportación.
“Los productores están obligados a pensar en los bolivianos y no sólo en el dinero”, agregó el Ministro de Hacienda.
En una solicitada publicada el jueves, los empresarios de Santa Cruz pidieron al Ejecutivo que derogue el decreto que prohíbe la exportación de aceite, caso contrario, advirtieron con recurrir al gobierno departamental para que implemente un sistema que promueva y garantice la exportación de sus productos.
García Linera viajó ayer a la ciudad de Santa Cruz para reunirse con la Federación de Campesinos y, en la oportunidad, aseguró que “cuatro empresarios no son Santa Cruz” y advirtió que la prohibición de exportar aceite es una primera medida y que se están preparando otras.
“El Estado puede tomar muchas decisiones si esta campaña política y especulativa continúa. Nosotros estamos preparando otras medidas. Ésta es la primera —dijo, refiriéndose al decreto que prohíbe exportar aceite—, por eso es bueno que reconsideren que no hagan guerra económica con el hambre de la gente”.
La ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, aseguró que la decisión de prohibir la exportación de aceite se debe al injustificado incremento del precio de este producto. “En tan sólo tres meses de este año el precio de este producto subió 39%”, dijo.
Sin embargo, esta información fue desmentida por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). “Los datos que maneja el Ministerio de Desarrollo Rural no se ajustan a la realidad”.
Según el IBCE, y en base a datos de la Aduana, Bolivia exportó cerca de 54 mil toneladas de aceites crudos y refinados entre enero y febrero. “Esta cifra dista una enormidad del dato que maneja” la ministra Susana Rivero que dijo que, en ese tiempo, la exportación fue de 365.793 toneladas.
García Linera afirmó que la decisión empresarial de subir el precio del aceite es política.
En ese marco, el ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, dijo que si el sector industrial disminuye los precios, el Gobierno, en un plazo de tres meses, podría revisar su medida.
Similar posición fue expresada por la ministra Rivero, quien dijo que la medida tienen carácter temporal y podría revisarse una vez que los productores decidan incrementar la cantidad de aceite para el mercado interno y no den prioridad a la exportación.
“Los productores están obligados a pensar en los bolivianos y no sólo en el dinero”, agregó el Ministro de Hacienda.
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