La ex autoridad afronta un proceso penal por presuntos hechos de corrupción en la construcción e instalación de la planta de Papelbol (Villa Tunari).
El fiscal del caso, Aldo Ortiz, informó que se pidió cambiar la medida del arresto domiciliario por la detención preventiva porque al mantenerse en esa condición hay riesgo de obstaculización y fuga. “Nosotros entendemos que existen riesgos procesales y están latentes dichos riesgos procesales de obstaculización y de fuga”, dijo.
La audiencia en la que el juez definirá si da curso o no a ese pedido fue suspendida hace dos semanas porque, según el fiscal, hubo observaciones sobre aspectos procesales que deben ser subsanados.
El SEDEM recordó que el 22 de septiembre de 2011 solicitó, a través de un memorial, cambiar la medida sustitutiva del arresto domiciliario de Peinado por la detención preventiva.
El 21 de julio de 2010, el Ministerio de Transparencia presentó una denuncia formal contra la ex autoridad y el ex gerente de Papelbol Antonio Camberos por presunto daño económico al Estado, contratos lesivos, incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con el cargo.
Ambos ejecutivos, así como otros dos miembros del comité de calificación para el contrato de la planta, fueron imputados.
En el despacho de Desarrollo Productivo se recordó que la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, se pronunció por el encarcelamiento de Peinado por las pruebas acumuladas.
La empresa brasileña D’Andrea se adjudicó a comienzos de 2008 el contrato para la provisión e instalación de maquinaria para la planta de Papelbol, ubicada en el municipio de Villa Tunari (Cochabamba), por un costo aproximado de 13,5 millones de dólares.
El acuerdo establecía un plazo de entrega de 14 meses para que Papelbol inicie operaciones en noviembre de 2009.
Sin embargo, los plazos se incumplieron por lo que el contrato con la brasileña fue rescindido. Se hizo una reingeniería del proyecto. Tras ello, la empresa china Shenzhen Vicstar se adjudicó la continuidad de las obras de la instalación de la planta, el pasado año, pero el costo subió a 16 millones de dólares.
La Fiscalía estableció que la maquinaria entregada por D’Andrea valía la mitad de lo que se había pagado.
Esperemos que la justicia sea aplicada y no se favorezca a militantes del MAS es una verguenza para el pais que los pocos profesionales capacitados en el gobierno tambien esten capacitados para robarnos a los bolivianos. espero carcel y pena maxima ademas de devolver hasta el ultimo centavo para que sirva de ejemplo de que lo que se hace se paga.
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