Representantes de las entidades empresariales del país se mostraron preocupados por las recientes normas de control que están siendo aplicadas o serán aprobadas. Lamentan la excesiva regulación de parte del Estado, que podría frenar las posibles inversiones o la creación de nuevas iniciativas.
El 19 de julio, la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) emitió la Resolución 77/2017 que aprueba el nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables. En la Asamblea Legislativa se quiere introducir 31 delitos penales para personerías jurídicas en el proyecto de ley del código del sistema penal. Y hay otras disposiciones impositivas criticadas.
“Estos temas vienen preocupando al sector privado desde hace tiempo. Hemos venido planteando nuestras observaciones al Gobierno. Si el país quiere aspirar a un desarrollo productivo, industrial, agresivo, que permita generar más riqueza y empleo digno, lo que se debe corregir son estas decisiones, que generan inseguridad jurídica, desazón, fomentan la informalidad y ahuyentan la inversión, entre otros elementos negativos”, afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas. Valoró, no obstante, la apertura al diálogo del ministro de Economía, Mario Guillén.
Los sectores se suman
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Javier Bellott, solicitó al director ejecutivo de la AEMP, Germán Taboada, que reformule la aplicación de sanciones, ya que no se adecúan a la realidad económica y “desincentiva la asociatividad, acosa y asfixia al aparato productivo formal nacional”, efectos que podrían ser “catastróficos”.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, consideró “una presión tributaria excesiva” las normas que el Servicio de Impuestos Nacionales pretende aplicar.
“Y la última reglamentación de la AEMP aumenta la presión de las empresas en la fiscalización. Pero estamos optimistas de que en las próximas semanas vamos a tener resultados concretos”, ponderó.
Horacio Villegas, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, aseguró que existe un “exceso de normativa”, sobrefiscalización, desconfianza en empresas y empresarios, que no atraerá inversión”, añadiendo que los riesgos de multas y ser incluidos en la normativa penal ponen en dificultad mayor al empresario.
El presidente del Colegio de Administradores de Empresas de La Paz, Luis Portugal, calificó la nueva reglamentación como “punitiva y una amenaza para quienes quieren formar una empresa en el país”. “Es draconiana, es muy sancionatoria y nadie se animaría a formar una pequeña empresa por el temor de esta reglamentación”, advirtió.
AEMP opta por el silencio
EL DEBER trató de entrevistar al director de la AEMP, pero en ocho días no respondió a un cuestionario que se le envió.
El ministro Guillén dijo la anterior semana que se trabaja en una agenda para tratar cada uno de los puntos, en especial las observaciones impositivas para llegar a acuerdos, “lo que no significa que nosotros estemos supeditando nuestras cosas a la decisión de ellos, sino que vamos a negociar”, dijo.
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