La AJ se constituyó en parte querellante del proceso penal instaurado contra Añez, y también como víctima en representación del Estado boliviano, a través de su Dirección Regional de Santa Cruz.
La sentencia se dio en el entendido de que el acusado, en su labor de administrador de la ilegal actividad, favoreció al enriquecimiento ilícito de los propietarios de ese establecimiento, pese a que hasta ahora no han sido identificados.
La acción ilegal también ocasionó daños a la economía del Estado, al haber evadido el pago de tributos al fisco, explicó la AJ.
"A partir de esta sentencia, la Autoridad del Juego podrá demandar el resarcimiento del daño ocasionado en contra del Estado", remarcó la AJ.
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