"Al señor se le hizo un finiquito que comprende sus derechos que la ley le otorga y el monto de ese finiquito fue depositado en el Ministerio de Trabajo y este señor retiró dicha suma de dinero”, detalla un informe proporcionado por la compañía.
Esta aclaración la hizo después de la denuncia que hizo el exempleado. Castillo afirmó que su compañía le negó el pago de desahucio tras ser retirado después de 30 años de trabajo. Al respecto, SIKA aclaró que viene trabajando en el país 21 años y no las tres décadas, como afirmó.
La empresa detalló que el exempleado, al haber retirado el dinero de su liquidación del Ministerio de Trabajo, "convalidó la legalidad del pago realizado”.
"Posteriormente, Gonzalo Castillo inició un proceso laboral ante el juez de Trabajo en el que SIKA -haciendo uso de sus derechos- ha interpuesto las excepciones que corresponden. No obstante (...) se ha presentado al juez que conoce la causa una fianza bancaria en garantía de pago si acaso prosperara el reclamo del señor Castillo”, puntualizó la compañía.
Denuncias
Castillo informó que la empresa le inició un juicio por abuso de confianza para evitar que continúe con sus reclamos para el pago de su liquidación.
Al respecto, SIKA confirmó este hecho, pero aclaró que "existe una sentencia condenatoria dictada por el juez penal y que se encuentra en una etapa de apelación” de la misma.
La sentencia declaró al imputado "autor y culpable de los delitos de abuso de confianza, apropiación indebida de acuerdo a los artículos 345 y 346 del Código Penal, toda vez que las pruebas aportadas de cargo fueron suficientes para generar convicción del imputado”, según la resolución del juez de Partido Mixto y Sentencia de la Niñez y Adolescencia. Incluso se lo condena a una pena de tres años, según un documento dado a conocer por SIKA.
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