El Estado boliviano sufrió un daño económico de Bs 205,7 millones por la condonación y el no pago de impuestos de nueve empresas que se acogieron al denominado “hospital de empresas”. Otras ocho firmas, que tienen deudas por unos Bs 85 millones, también piden una amnistía.
El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Javier Zavaleta, informó ayer que la Ley 2495 de Reestructuración Voluntaria, que creó el “hospital de empresas”, generaba una discriminación entre las firmas que cumplieron con sus adeudos y otras que no lo hicieron y que exigían un trato diferenciado para que se les condone pasivos que tenían con bancos privados en quiebra y otras deudas tributarias.
El asambleísta además indicó que con la norma se generó una injusticia debido a que todas las compañías que se postulaban para obtener dicho trato diferenciado no podían hacerlo pues solo accedían aquellas que estaban vinculadas con “el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, así como las compañías que pertenecían a la familia Calvo, Petricevic, Lonsdale”, entre otras.
La Ley 2495, aprobada el 4 de agosto de 2003, disponía el marco jurídico alternativo al Código de Comercio para que los deudores y sus acreedores acuerden la reestructuración o liquidación voluntaria de las empresas no sujetas a regulación por las superintendencias de Bancos y Entidades Financieras y de Pensiones, Valores y Seguros a través de la firma y ejecución de un acuerdo de transacción.
Adeudo. El asambleísta detalló que de las 400 empresas que se “postularon” para tener el trato especial que les otorgaba la Ley 2495, solo a nueve se les condonó Bs 205,7 millones por los adeudos que tenían con bancos privados en quiebra, además de otras deudas impositivas registradas en las gestiones 2004, 2005 y 2006.
Apuntó que algunas de estas firmas obtuvieron créditos de los quebrados Banco Sur y Banco Boliviano Americano y no pudieron pagar sus deudas y “usaron esta ley para adecuarse a la condonación de deuda”. “Como efecto de esta ley, el Estado sufrió un daño económico de Bs 205,7 millones por la condonación que se hizo a las nueve empresas que se acogieron a esta medida”, sostuvo.
Acotó que hay otras ocho firmas que pidieron la condonación y el no pago de tributos por Bs 85 millones por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007. Ante esta situación, Zavaleta informó que el proyecto de Ley de Cierre del Proceso de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas y de Atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) establece la abrogación de la Ley 2495 de Reestructuración Voluntaria.
Con el proyecto de ley aprobado en grande y en detalle el 11 de marzo por la Cámara de Diputados, Zavaleta afirmó que se busca abrogar la norma para que ninguna otra empresa se acoja a ese trato diferenciado y obtenga la condonación de sus adeudos a través de dicha ley. “En el Estado boliviano el empresario que tiene una deuda tiene que pagarla”, aseguró.
Datos del proyecto de ley
Convenio
El artículo 2 del proyecto de ley establece que la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) verificará el cumplimiento de los acuerdos de transacción en cuanto al vencimiento de plazos en cronogramas o planes de pago establecidos en el acuerdo de transacción y los comunicará a los acreedores.
Acreedores pueden cobrar los préstamos
Con el proyecto de Ley de Cierre del Proceso de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas y de Atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, los acreedores públicos o privados recuperan la facultad de cobrar los préstamos otorgados a las firmas que atraviesan una delicada situación financiera.
El proyecto dispone en la disposición final segunda que “los órganos del Estado, bajo ningún título o circunstancia alguna podrán condonar, remitir o desistir o resignar sus acreencias patrimoniales, ni dar o negociar ventajas con particulares en detrimento de su patrimonio”. Se exime a las compañías públicas de la norma.
Diputados pide investigar irregularidades
La Cámara de Diputados aprobó el 11 de marzo una minuta pidiendo al Gobierno que se inicie una investigación para determinar y procesar a los responsables de la aplicación, homologación y aprobación de la Ley 2495 que creó el “hospital de empresas”.
“Hemos aprobado en la Cámara de Diputados una minuta para que el Ejecutivo inicie una investigación y determine el tipo penal, civil o administrativo para iniciar los procesos en esas jurisdicciones contra los responsables de la aplicación de la ley, su homologación o su aprobación, pues a nuestro juicio es inconstitucional”, señaló el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Javier Zavaleta.
En esa línea, indicó que tras la aprobación de la minuta, el Ejecutivo debe determinar en un periodo de tiempo quiénes son los responsables de estas irregularidades y qué delitos cometieron en el orden penal, administrativo y civil.
Afirmó que el objetivo de la creación del “hospital de empresas” era que éstas sean más productivas y generen empleos, pero más de la mitad terminaron cerrando sus operaciones y las que quedaban estaban al borde de la quiebra por malos manejos.
“Esta ley no cumplió su objetivo y más bien hizo más ricos a algunos empresarios”, dijo el asambleísta. Con la norma en actual vigencia, añadió, se prohíbe al Estado iniciar procesos a dichas compañías para cobras sus adeudos. El diputado agregó que otra de las irregularidades que se detectó con la ley vigente es que, al quebrar el Banco Sur y el Banco Boliviano Americano, el Banco Central de Bolivia (BCB) pasó a ser el principal acreedor, pero era excluido de las juntas de acreedores.
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