Sin identificar las fábricas, por temor a despertar susceptibilidades, Quispe informó que la situación económica y financiera de las 12 fábricas será analizada la próxima semana con técnicos de los ministerios de Desarrollo Productivo y del Trabajo, para ver si corresponde aplicarles el Decreto Supremo 1754 que permite la constitución de empresas sociales a cargo de los empleados.
Detalló que son cinco fábricas de La Paz, tres de Cochabamba y cuatro de Santa Cruz, que, al margen de sus dificultades económicas, incumplen obligaciones laborales, que ponen en riesgo permanente la salud de los trabajadores.
El decreto, emitido en 2013, permite y facilita a los trabajadores tomar las riendas de empresas en caso de quiebra o venta, con el fin de que ellos mismos puedan fundar una nueva empresa, a fin de garantizar las fuentes laborales.
Quispe adelantó que en próximos días sostendrá reuniones con la Cámara Nacional de Industrias para confirmar qué empresas arrojan cifras en rojo e incumplen obligaciones laborales, antes de aplicar el Decreto 1754 o de solicitar al Gobierno la inyección de un capital de operaciones que les permita subsistir.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) Jaime Ponce, dijo que la dirigencia fabril, en vez de alentar la intervención de empresas y generar incertidumbre jurídica a las inversiones privadas, debería hacer esfuerzos para recuperar las empresas y evitar su quiebra.
“Si los trabajadores tienen esa perspectiva, es muy peligroso porque estarían en la línea de boicotear las empresas, generar malos resultados y crear condiciones negativas para luego justificar su intervención”, sostuvo.
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