"El ingreso de ropa usada se ha duplicado; hace dos años era por un valor de 80 millones de dólares, pero ahora son más de 160 millones de dólares que afectan a la industria nacional”, cuestionó ayer el presidente del sector, Víctor Ramírez.
Los microempresarios exigen el cumplimiento del Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación de prendería a medio uso y la comercialización a partir de marzo de 2008. La norma fue aprobada el 21 de abril de 2007.
Ramírez explicó que los encargados de controlar el ingreso ilegal de prendas al país, principalmente por la ruta de Oruro, son la Aduana Nacional, el Control Operativo Aduanero (COA) y la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronteriza (Ademaf).
En diciembre, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, aclaró que esa entidad no puede decomisar la mercadería que está expuesta a la venta y que sólo actúa ante una denuncia.
Ramírez aclaró que la cuantificación se efectuó sobre la base de un recorrido de los afiliados a Conamype en las diferentes ferias donde se comercializan estos productos, principalmente en Oruro, El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de ferias provinciales.
Sólo en el mercado Kantuta de Oruro el expendio de prendería a medio uso subió en 500%, dijo.
Con respecto a los recursos desembolsados para el programa de reconversión, dirigido a los comerciantes de prendería usada, señaló que el Gobierno no hizo ningún seguimiento.
Página Siete consultó al Ministerio de Desarrollo Productivo sobre el programa, pero respondieron que no se pronunciarán.
En 2007 fue creado el Programa de Reconversión Productiva para que las personas que dependían laboralmente de la venta de prendería usada puedan acceder a préstamos con el fin de emprender una nueva actividad.
En mayo de 2009, el dinero desembolsado llegó a dos millones de dólares de los 11 millones de dólares del fideicomiso creado para este programa.
Ropavejeros: "Aún no hay un plan”
El representante ejecutivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Heriberto Colque, indicó ayer que no funcionó el plan de reconversión que el Gobierno intentó implementar.
El Ministerio de Desarrollo Productivo no se pronuncia al respecto.
"El plan anunciado de reconversión para el sector nunca se ha cumplido porque hasta la fecha nos dijeron que no hay recursos. Nosotros ahora buscamos reunirnos con las autoridades porque nuestros afiliados son abatidos por los efectivos del Control Aduanero”, dijo.
Con el transcurso de los años, el número de afiliados se incrementó de 30.000, en 2006, a más de 250 mil, registrados hasta finales de 2013, informó.
"No podemos dejar este rubro porque no tenemos empleo y el Gobierno no ha cumplido con la reconversión; entonces, las autoridades son las responsables de dar una solución. Requerimos cursos de capacitación y créditos ágiles para el sector, pero hasta el momento no tenemos respuesta”, aseguró.
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