"El balance de trabajo de defensa legal correspondiente a estos primeros años, destaca la recuperación de la Planta de Fundición de Karachipampa", señaló el procurador General, Raúl Montero. El complejo polimetalúrgico de Potosí fue nacionalizado en el 2010 y el acuerdo con Atlas fue suscrito en mayo del 2011.
"La solución integral promovida por la Procuraduría permitió que no se devuelva el monto de la póliza ejecutada reclamada por la empresa accionista", destacó el Procurador al señalar que tan solo se reconoció "una justa compensación".
Por Karachipampa, el Estado pagó 750.000 dólares, monto menor en 100.000 dólares de la póliza de garantía por 850.000 que se ejecutó a Atlas Precious Metals Inc. Además se evitó la cancelación de 2 millones de dólares que reclamaba esa firma.
CORANI
En cuanto a la generadora de energía eléctrica Corani, Montero aseguró que al accionista mayoritaria GDF Suez se pagaron $us 18,42 millones, en tanto que al socio minoritario, la empresa Carlson Dividend Facility, tan sólo 240.000 dólares.
Dejó en claro que "las gestiones de la Procuraduría derivaron en el pago del monto establecido" en "una valuación independiente" que "dispuso pagar un determinado monto de compensación".
Montero aseguró que en estos dos casos "se preservaron en favor del patrimonio del Estado alrededor de 49 millones de bolivianos", además de evitar "procesos arbitrales internacionales que hubieran costado (en cada caso) 3 millones de dólares aproximadamente, sin considerar las pretensiones de los inversionistas", remarcó.
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