Empresarios privados no podrán dirigir futuras empresas mixtas

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El Gobierno interpuso un serio obstáculo a la inversión privada en la conformación y administración de las nuevas empresas mixtas al establecer como máximo un 49 por ciento de participación del sector privado en el capital accionario o propietario, lo que le impediría acceder a su dirección.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar, sostuvo que el proyecto de Ley de Empresas Públicas que fue conocido por el sector, señala que el proyecto de norma da el control mayoritario al Estado.

“La propiedad de las empresas públicas en sus tipologías de empresa estatal mixta, empresa mixta, gran nacional u otra, tendrán una participación del nivel central del Estado de al menos 51 por ciento y la participación propietaria del sector privado a 49 por ciento en el mejor de los escenarios”, advirtió el directivo.

El artículo 6 inciso c) del proyecto indica que “la empresa mixta cuyo patrimonio está constituido con aportes del nivel central del Estado, desde 51 por ciento y hasta el 70 por ciento y aportes privados de origen interno y/o aportes de las empresas públicas o privadas extranjeras”.

DESIGNACIÓN A DEDO

Por otro lado, la administración de las empresas públicas estará en manos del Estado, cuya máxima autoridad ejecutiva será designada por el presidente Evo Morales. “El sector privado que invierta en las empresas públicas no podrá ejercer la administración o gestión de las mismas”. Recordó que el indicado artículo en su inciso II señala que “el nivel central del Estado deberá ejercer el control y la dirección de las empresas públicas”.

CONTROL TOTAL

Por otro lado, la visión, líneas estratégicas, planes y políticas de las nuevas empresas públicas serán determinadas por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa públicas (Coseep) integrado por el 100 por ciento por autoridades estatales, de acuerdo al artículo 12 del proyecto de ley.

El Coseep estará conformado por el Presidente del Estado, el Vicepresidente, las ministras o ministros de la Presidencia, Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas.

“La citada Ley reafirma la intervención del Estado en la economía que arrancara el 2006 con la nueva visión de la política económica del actual Gobierno y que es complementaria al Plan Nacional de Inversiones estatal, que pretende invertir $us 1.900 millones y crear 28 complejos productivos públicos”, dijo Yaffar.

COMPETENCIA DESLEAL

Hace un par de meses el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Cáceres, alertó a la opinión pública sobre una virtual “competencia desleal” en que incurriría el Gobierno al instalar ese número de complejos productivos, aunque hasta el presente no se conoce qué sectores de actividad estarían involucrados.

Según reproduce en su editorial la revista de la citada Cámara, “el sector privado, en particular el industrial manufacturero, ha manifestado que la función del sector privado son las actividades económicas empresariales y la función del Estado es social antes que empresarial”.

Yaffar insistió en la publicación, que “el Estado debe crear las condiciones adecuadas para fomentar la inversión privada, en particular debe potenciar la infraestructura de la producción industrial y elevar las competencias y conocimientos y destrezas del talento humano en Bolivia, requisito indispensable para alcanzar el crecimiento y desarrollo económico”.