El empresariado advirtió que el procedimiento para que los ejecutivos de las firmas asuman con su patrimonio el pago de deudas tributarias ejecutoriadas ocasionará que éstos renuncien o que sea más difícil encontrar a sus reemplazantes.
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dispuso el procedimiento de derivación de acción administrativa para el pago de deudas tributarias ejecutoriadas. La norma establece la forma para exigir a los gerentes, directores, administradores y representantes legales de las compañías el pago con su patrimonio de estos adeudos en caso de que la firma no haya cancelado la deuda total y cuando éstos hayan cometido actos dolosos durante su administración.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, dijo que la medida ocasionará que sea “más difícil encontrar ejecutivos que deseen ocupar esos cargos en las compañías”. Por eso, añadió, “la norma debe revisarse, pues estas personas toman decisiones a nombre de la empresa y no de forma personal”.
Afirmó que la disposición busca “atemorizar a las firmas”, además que “genera un clima de incertidumbre en la administración de éstas”. “Las empresas tienen su patrimonio y por eso hay diferentes tipos societarios”.
El presidente de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Víctor Ramírez, aseveró que rechazan la disposición debido a que no se incentiva a que las empresas se formalicen. Por ello, indicó que en el proyecto de Ley de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa se plantea que el sector tenga preferencias tributarias.
“La medida afectará a todo el sector productivo de manufacturas, pues en vez de que se incentive a que las firmas tributen se las está presionando para que se conviertan en importadores y ya no produzcan”, sostuvo.
Consecuencias. Ramírez agregó que pese a que los cargos jerárquicos en el sector son reducidos, con la normativa los pocos ejecutivos no “aceptarán asumir esa responsabilidad”.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Cáceres, expresó que si bien la medida tiene el fin de reducir la evasión fiscal, ésta debería aplicarse a la compañía y no recaer sobre los que la administran.
“Hay que resaltar que existe una fiscalización periódica de parte del Gobierno hacia las empresas. Por lo tanto, hay una responsabilidad compartida. Pero la responsabilidad se debe mantener a nivel de la persona jurídica”.
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