Valerian Cruz, representante de los obreros de Hilasa, una de las fábricas del consorcio Ametex, confirmó que la compañía sólo aseguró el pago de los beneficios sociales, por lo que están en reuniones para concretar la cancelación del otro beneficio porque ese pago no puede ser negociado, es un derecho.
“Ametex si se cierra debe pagar el respectivo desahucio, pero no quieren asumir”, explicó.
La Ley General de Trabajo establece el pago de tres meses de sueldo cuando un trabajador es despedido, e incluso si decide renunciar a su fuente laboral.
En el caso de Ametex, los empleados consideran que no pueden renunciar a ese beneficio porque no están dejando la empresa, sino que los dueños de ésta decidieron acogerse a una liquidación voluntaria.
Nuevo contrato
Según Cruz, en caso de que Ametex no pague los desahucios, la Empresa Pública Nacional Estratégica Textil (Enatex) tendrá que contratarlos con una antigüedad de tres meses.
Es decir, sin un periodo de prueba y con el monto total ganado hasta la fecha en esa empresa privada. Los trabajadores esperan reunirse con la gerente general de Enatex, Betty Silva, con quien pretenden cerrar la contratación de todos los trabajadores para el inicio de operaciones del nuevo emprendimiento.
Cruz también precisó que la semana pasada se acordó con el propietario de Ametex, Marcos Iberkleid, y con el Gobierno que el pago de beneficios sociales se hará en un plazo de seis meses.
Sobre los sueldos devengados existe el compromiso para que esta semana se pague el monto adeudado del mes de mayo y que posteriormente se programará la cancelación del salario correspondiente a junio, añadió.
El Gobierno decidió crear Enatex para que reemplace a Ametex en la producción de textiles, compañía que cerrará sus operaciones por falta de mercados.
La empresa estatal iniciará sus operaciones sobre la base de las cuatro fábricas de Ametex, para lo que alquilará esas maquinarias. También contratará a los trabajadores de la textilera que ascienden a un número de 1.900.
Fabriles en emergencia
La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia se declaró ayer en estado de emergencia en demanda de atención a su pliego petitorio de un mayor incremento salarial y un mínimo nacional de 1.500 bolivianos. También plantean la reactivación del aparato productivo, la creación de parques industriales y una revisión de la Ley de Pensiones.
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