Esa determinación está contenida en las disposiciones transitorias del Decreto Supremo 1121 de enero de este año, que amplió los márgenes que tenían las compañías del Estado en la provisión de bienes y servicios.
“Las entidades públicas podrán efectuar la contratación directa de bienes y servicios provistos por empresas públicas, empresas públicas nacionales estratégicas, empresas con participación estatal mayoritaria, entidades financieras con participación mayoritaria del Estado, así como a sus filiales o subsidiarias, siempre y cuando su misión institucional determine la capacidad de ofertar bienes y servicios”, señala la norma aprobada el 11 de enero.
También en la medida que “dispongan de capacidad suficiente para cumplir con las condiciones establecidas por la entidad convocante; los precios de su propuesta económica fueran iguales o menores a los precios de mercado; los bienes y servicios ofertados cuenten con la calidad requerida”, añade.
El Decreto Supremo 181 de Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios no tomaba en cuenta a las entidades financieras con participación mayoritaria del Estado y tampoco a las filiales o subsidiarias de empresas estatales.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, espera que el decreto no desfavorezca al sector privado y demandó transparencia en los procesos de contratación directa.
“El sector privado espera que toda reglamentación o toda ley para el sector público sea buscando el equilibrio, lo que significa la sana competencia, por un lado, y, por otro lado, que se busquen los mecanismos para que sea transparente”, aseguró.
El analista y ex presidente del Banco Central de Bolivia Armando Méndez consideró que esa norma da tratamiento especial y preferencial a las empresas estatales en desmedro de las privadas.
Además, considera que con esa normativa el Gobierno profundiza la presencia y participación del Estado en la economía. Se crea, sin embargo, un círculo cerrado entre las empresas estatales, como lo que se hacía en las planificaciones socialistas de los países con ese régimen.
“Es una señal de que al Gobierno le interesa profundizar más el desarrollo de las empresas estatales y la interrelación de éstas con las entidades públicas, y le da una señal al sector privado de que puede hacer compras al sector estatal, donde no puede darse una normativa más exigente”, consideró Méndez.
Según el analista, la normativa va contra las empresas privadas que dan el mismo servicio que las públicas. Un ejemplo es la línea aérea estatal BoA, que tiene más ventajas que AeroSur, que es una empresa privada. También está ENTEL, que aventaja a las empresas del sector de telecomunicaciones, añadió.
Punto de vista
Armando MéndezEx presidente del BCBEl mensaje es trabajen entre ustedes, es decir que las empresas estatales tienen libertad para relacionarse con las entidades públicas sin ninguna restricción. Por lo tanto, solamente las entidades estatales se vincularían con las empresas privadas en la medida en que no exista lo que requiere en el sector público.Ahora, es evidente que la mayoría de las actividades sigue siendo privada. El Estado sigue siendo muy pequeño, tiene muy pocas actividades a las cuales se dedica, o sea que en lo que no exista en el sector estatal va a tener que recurrir a lo privado, donde evidentemente es más amplio.
Pero lo que no quiero que se pierda de vista es que lo que el Gobierno está dando es una señal de que Bolivia, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, quiere desarrollar de manera más precisa un sector más estatal, así fue el socialismo en el pasado.
Al Estado le interesa consolidar su economía estatal y veremos cómo le va en la práctica, ya el tiempo lo dirá. Si las relaciones entre las empresas estatales es limpia y sana, para qué vamos a prejuzgar.
Una de las consecuencias para el sector privado puede ser que no le convenga desarrollar actividades en las cuales el Estado ya está presente, ello debido a que la empresa estatal será preferida.
En Bolivia la presencia estatal es tan importante que una empresa que no pueda venderle al Estado está limitada y ésa va a ser la consecuencia para el sector privado.
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