Mientras la escasez de cemento se prolonga principalmente en Santa Cruz y afecta a más de 160 edificaciones del mercado formal y miles de obras clandestinas, además que pone en riesgo unas 200.000 fuentes de trabajo, el ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, culpó a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) por el problema. También admitió que será difícil importar en el corto plazo el producto de otros países por sus elevados costos.
“Lamentablemente, el tema de la importación no se puede resolver de un día para otro. Hay que buscar el cemento en los volúmenes correspondientes, hay que resolver el problema logístico, el de distribución, tampoco estamos dispuestos a importar cemento para que alguna gente vaya a especular”, aseveró Vincenti al tiempo de denunciar que hay otras unidades empresariales que ocultan el cemento.
Asimismo, la autoridad aseguró que la raíz del problema radica en una ampliación que Soboce hizo en la planta de Viacha.
“Ellos dicen que han invertido 35 millones de dólares, pero no consideraron la alimentación de gas para esta planta, es decir, no hicieron una solicitud a YPFB y menos aún no tomaron la previsión de instalar un ducto de 20.000 metros para garantizar el abastecimiento energético. En pocas palabras, se compraron un auto, pero sin el tanque, y así no funcionan las cosas”, dijo.
Por su lado, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia, Jesús Acosta, advirtió que la escasez de cemento pone en riesgo 200 mil fuentes de trabajo, el 50% de los 400 mil trabajadores que tiene el sector.
En medio de esta situación, ayer organizaciones sociales marcharon contra el pedido de indemnización por un valor de $us 80 millones que exige el empresario Samuel Doria Medina.
Al respecto, la sociedad cementera no emitió comentarios. Sin embargo, se pudo conocer que hoy se pronunciará la Cámara Nacional de Comercio.
Mientras tanto, en La Paz el vicepresidente Álvaro García Linera reiteró: “Lo que era de los bolivianos y nos quitaron volverá a los bolivianos, con esa bandera ganamos en 2005, recuperar lo que era del Estado, hemos cumplido lo que hemos dicho hace cinco años".
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), Enrique García, manifestó que la postura esgrimida por el vicepresidente García Linera desincentiva la inversión extranjera y nacional cuando el país requiere desarrollarse económicamente para generar mayor productividad y empleos.
Buscan compensación económica
El Gobierno no descarta reclamar una compensación a los empresarios mexicanos de la cementera Chihuahua y bolivianos (Soboce) a los que expropió la semana pasada sus acciones en Fancesa, anunció el vicepresidente Álvaro García Linera.
El funcionario señaló que el Ejecutivo hará un estudio para "conciliar" lo que han ganado y pagado los expropiados, "y lo que valen" ahora las acciones que tenía Soboce.
Al comentar la indemnización que piden los empresarios, García Linera dijo: "Hay que conciliar cuentas y ver qué vamos a hacer luego para reponer, devolver algo de dinero, o más bien pedir que nos den más dinero".
En el acto, también acusó al ex presidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga de haber ayudado a Doria Medina a privatizar Fancesa cuando ambos ocupaban el cargo de ministros el año 1992, en el Gobierno de Paz Zamora.
En Soboce, principal productora de cemento del país, tiene el 51% del capital un grupo de inversores bolivianos encabezados por Doria Medina y 47% el Grupo Chihuahua.
Doria Medina, líder de Unidad Nacional, compró en 1999 el 33% de las acciones de la estatal Fancesa por $us 26 millones y ahora esa participación se cotiza en 80 millones.
Se envió un cuestionario a la embajada de México en Bolivia y se contactó con personeros del grupo Chihuahua en México, quienes optaron por no opinar./EFE y HHG
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