El Gobierno obligará a las empresas privadas e instituciones públicas a crear fuentes de trabajo para los jóvenes de 18 a 25 años, en su objetivo de disminuir los niveles de desempleo en el país y dar mejores condiciones de vida a este sector de la población.
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia, elaboró el proyecto denominado Ley Nacional de Juventudes, que pretende dignificar a los jóvenes del país.
El artículo 47 del parágrafo uno del proyecto dice que “el Estado, las empresas e instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras residentes en el país incorporarán obligatoriamente a una parte de la población juvenil económicamente activa mediante cupos establecidos que, en ningún caso, podrán ser menores a diez por ciento”.
El anteproyecto de ley pretende ser entregado a la Asamblea Legislativa el 21 de septiembre, aseguró a La Prensa Nilda Copa, ministra de Justicia, quien explicó que esta entrega puede retrasarse porque la época de incendios perjudicó al Ministerio, para poder desplazarse y socializarlo en todo el país. “Nos falta Pando, esperemos que en estos días podamos concluir con esa región”, dijo.
Copa también explicó que este proyecto fue elaborado junto con los jóvenes, y “ellos pidieron mayores espacios en las fuentes laborales. Sin embargo, esto no significa que los niños trabajen, porque lo que se quiere es erradicar el trabajo infantil. Los empleados deben ser bachilleres”.
La Ministra insistió en que la mano de obra de la juventud debe ser bien requerida y valorada en las empresas, porque, según ella, es “más eficiente y rápido”.
La propuesta de ley indica que el cupo de jóvenes que trabajarán en cada una de las empresas se determinará en función a sus especialidades. Además se incentivará a las instituciones que contraten a esta población, de acuerdo con el porcentaje del mismo, y entre ellos a aquellos que fueran estudiantes.
Aunque la Ministra destacó que habrá sanciones para los que no cumplan con esta ley, “nos enmarcaremos en la nueva Ley General del Trabajo, donde se establecerán las sanciones que tendrán las instituciones que no cuenten como trabajadores a esta población”.
El anteproyecto determina también que el Estado, a través de un trabajo intersectorial, tendrá que elaborar políticas específicas de compatibilización entre el trabajo y estudio juvenil de forma que no sea excluyente del otro, y, más al contrario, puedan complementarse.
Dentro de las políticas que sugiere en proyecto de la normativa, también menciona la obligación de abrir espacios laborales en las empresas, para los jóvenes “graduados de las universidades como mecanismo de acceso a la titulación profesional en los programas de pregrado”.
El proyecto
También establece que se creará un fondo juvenil para las iniciativas.
El Fondo financiará o será garantía para iniciativas productivas.
Se sustentará con fondos de cooperación internacional.
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