El dirigente empresarial se refirió, por ejemplo, al Decreto 3615, que establece los niveles del aumento salarial para las empresas públicas, autorizando porcentajes menores al 5,5% acordado con la COB y obligatorio para los privados.
El dirigente empresarial se refirió, por ejemplo, al Decreto 3615, que establece los niveles del aumento salarial para las empresas públicas, aplicando porcentajes menores al 5,5% que fue acordado con la COB y se determinó que sea obligatorio para los privados.
“En sus empresas, el Gobierno define los aumentos con un criterio de productividad y situación financiera, lo que nos parece correcto, pero en el caso de los privados impone un aumento ciego y abusivo, sin considerar algunas de estas variables y sin importarle que haya empresas al borde de la quiebra o afectadas en su producción por el contrabando, la informalidad y el ingreso indiscriminado de productos chinos”, expuso el dirigente empresarial.
Según Nostas, la política salarial que está aplicando el Gobierno, en acuerdo con la COB, es también discriminatorio para los propios trabajadores, ya que el aumento del 5.5% alcanza a menos del 30% de los asalariados, que son los dependientes de las empresas privadas del sector formal.
“Hay cientos de alcaldías y varias gobernaciones y ministerios que están autorizados a no aumentar salarios, pero sobre todo el aumento no llega al 70% de las personas que trabajan en la informalidad y no acceden a ningún incremento ni aguinaldo, lo que es discriminatorio”, puntualizó el dirigente.
Expresó también su preocupación por las negociaciones que llevan adelante la COB y el Gobierno, en las que tratan temas salariales, laborales e incluso de productividad, los que tienen que ver directamente con el sector empresarial.
“Se está negociando en secreto entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) y nosotros tememos que estén decidiendo nuevas medidas para afectar más a las pequeñas y medianas empresas y a la estabilidad laboral de los trabajadores. Lamentablemente los ministros no quieren comprender o no les interesan estas consecuencias”, señaló al respecto.
EMPRESAS
En entrevista realizada con el presidente de la Cámara de Comercio de Oruro, Fernando Dehene, el dirigente dijo que, al parecer, las medidas que aplica el Gobierno buscan acabar con los emprendimientos privados, como lo hacen ya algunos países de la región.
Como se recordará, en la fijación del aumento salarial así como en la aprobación de la Ley de Empresas Sociales, no tuvo participación el sector privado, fue aprobado únicamente entre el Gobierno y la COB.
Los empresarios expresaron, en reiteradas oportunidades, que se cumpla el acuerdo que tiene el Gobierno con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de efectuar reuniones tripartitas en los temas sociales, pero no aplica el compromiso que contrajo con este organismo.
Ahora, los empresarios expresan su preocupación por las medidas discriminatorias que impone el Gobierno, favoreciendo a sus empresas estatales, en desmedro de las empresas formales del territorio nacional.
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