El representante del empresariado lamentó que la Asamblea Legislativa persistiera en el tratamiento de dicha norma pese a la gravedad de las observaciones realizadas al contenido.
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“En atención a la declaratoria de emergencia y como primera medida, se ha dispuesto que el equipo jurídico de la CEPB, junto a especialistas en derecho constitucional elaboren la acción abstracta que se presentará una vez que se promulgue la ley”, dijo Nostas.
Las críticas continúan a dos días del Día del Trabajo, cuando el presidente Evo Morales promulgará la ley y será entregada a los trabajadores.
Señaló que es evidente que la Asamblea Legislativa decidió prestar oídos sordos a la racionalidad y la legalidad y más allá de las observaciones enviará al presidente Evo Morales para su promulgación, de una norma “que vulnera derechos básicos y pone en riesgo la propiedad privada, lo que nos parece una grave irresponsabilidad con el país”.
La pasada semana, los presidentes de las cámaras legislativas, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño; el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada y los representantes de la CEPB se reunieron para dialogar sobre esta normativa pero no arribaron a acuerdos.
El presidente del Senado manifestó que la actitud de los empresarios fue de “inviabilizar” la Ley de Empresas Sociales haciendo planteamientos que una vez aprobada la norma no hubiera podido ser aplicada en beneficio de los trabajadores.
SIN CONSENSO
“(Existe) la falta de voluntad política para elaborar una norma respetuosa y apegada al espíritu del Art. 54 de la Constitución” con base en consensos, según Nostas.
En una pasada conferencia de prensa el representante de los privados dijo que la Ley de Empresas Sociales “es el más grave atentado contra la propiedad privada en el país, que, además, fomenta la confrontación entre trabajadores y empleadores y deja a las empresas en indefensión frente a toma de unidades productivas”.
Nostas explicó además que la ley sancionada por la Asamblea el pasado jueves, desconoce la posibilidad de ejercer el derecho a la propiedad privada en sus dimensiones integrales y desconoce la función de los emprendimientos como fuentes generadoras de valor para la sociedad.
“Esta norma pareciera entender que el emprendedor, deliberadamente, desea fracasar o que, intencionalmente, va a acudir a un proceso de quiebra, incidiendo en una extensa y abundante regulación de los mecanismos de protección de los trabajadores, incluso a costa de otros acreedores de la empresa”, explicó el empresario.
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