La Resolución Administrativa RA/AEMP/77/2017, del 19 de julio, otorga más poder de fiscalización a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AE), que tendrá potestad para realizar controles financieros, comerciales y contables, como así también sancionar las posibles infracciones que detecte.
La norma permite a la AE aplicar las siguientes sanciones administrativas: amonestación escrita, multa, suspensión temporal de la matrícula de comercio, cancelación de la matrícula de comercio y suspensión temporal del presidente del directorio y del gerente.
En este nuevo escenario, la actividad contable será uno de los principales aspectos que el nuevo reglamento controlará celosamente.
Más presión a los formales
José Antonio Alberti, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, sostuvo que este reglamento afecta a las sociedades comerciales y a las empresas unipersonales, en especial contra sus representantes legales con sanciones que van desde amonestaciones hasta multas y suspensiones.
Alberti hizo notar que a este nuevo reglamento, que aprieta aún más a las empresas legalmente constituidas, se debe sumar la elaboración del nuevo Código Penal, donde se determina que la figura de la personería jurídica también puede ser objeto de sanción penal.
“Esta es una combinación peligrosa que demuestra la doble moral del Gobierno, que por un lado firma acuerdos y pide trabajar con los privados y por el otro aumenta la regulación, haciendo más difícil el trabajo empresarial”, sostuvo Alberti.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz indicó que va a analizar el reglamento, pero adelantó su preocupación por las constantes normas que, en vez de permitir más producción, son las sanciones las que priman.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario