“Es una violación flagrante al derecho internacional. Imponen exigencias por pagos anticipados incluso exigen boletas de garantía para prestar servicios. A modo de ejemplo, el 2004 la tarifa de estiba era de 1,87 dólares la tonelada y el año pasado ya estaba en 7.64 dólares. Este incremento no tiene ninguna justificación”, denunció Alurralde.
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