Las oficinas ejecutivas de la empresa china CAMC fueron cerradas y ahora los directores atienden en otra dirección, ubicada en la calle 13 de la zona de Calacoto. La nueva ubicación es mantenida en reserva por los pocos funcionarios que permanecen en la constructora de origen asiático.
“Hasta que no se cierre el caso (sobre supuesto tráfico de influencias), los directores no atenderán a nadie, esa es la decisión”, informó la recepcionista, y cuando es consultada si hay algún director en su oficina, responde: “No hay nadie”, sin mayores comentarios.
Luego de un recorrido por otros pisos, los copropietarios del edificio aseguran que no han visto a los ejecutivos de la CAMC “desde hace mucho tiempo y, finalmente, dijeron que los directores de la empresa china tienen otras oficinas y que por eso no vienen a este edificio, aunque no precisaron desde cuándo no se apersonan por el inmueble.
El representante legal de la empresa en Bolivia, Liu Yang, dijo, a través de una carta difundida en marzo, que no habrá ninguna declaración a la prensa mientras no culminen las investigaciones en la justicia.
La relación de la CAMC con el Estado fue revelada el 3 de febrero, cuando el periodista Carlos Valverde informó de que la empresa china ejecutaba obras para el Estado por más de $us 500 millones y que la gerenta comercial de la firma era Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales, y levantó sospechas sobre un supuesto tráfico de influencias.
Sin embargo, el supuesto tráfico de influencias no es investigado por la justicia ordinaria porque el caso estaba en manos de una comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional que concluyó que no hubo ninguna irregularidad en los contratos que suscribió la empresa CAMC con el Estado.
“Ellos (los del MAS) cerraron el caso y aprobaron el informe que elaboraron, aunque consideramos que el caso debió ampliarse a otros ámbitos por todo lo que sucedió, pero el oficialismo tiene mayoría en la Asamblea y ahora el caso está cerrado para el MAS”, dijo el diputado opositor Wilson Santamaría (UD), que fue parte de la comisión especial.
La exejecutiva de la empresa china Gabriela Zapata, los funcionarios del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque y Jimmy Morales, así como los supuestos empresarios Ricardo Alegría y Carlos Ramírez, son las cinco personas que guardan detención preventiva, pero por la conformación de organización criminal y otros ocho delitos, pero que en los que no está vinculada la constructora CAMC
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