Habla sobre el récord en otorgación de derechos en planes de ordenamiento predial (POP) y planes de desmonte (PDM) y que alistan un plan de gestión integral de bosques.
¿Cuál es la evaluación de su gestión? ¿Hubo avances?
Creo que ha sido positiva. Nos hemos abierto a todos los actores públicos y privados de la cadena productiva forestal para articular un pacto social y respaldar las políticas delineadas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que ponen al sector forestal como un agente que contribuirá a la economía con un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Bolivia aspira a una economía de $us 50.000 millones para 2020. Vale decir, que los forestales tienen que generar y aportar $us 3.000 millones. Internamente, en la política de seguridad y soberanía alimentaria, la ABT ha facilitado los procesos administrativos para seguir la línea del Gobierno de alcanzar 4,7 millones de hectáreas cultivables hasta 2020. En ese cometido, en 2015, se consiguieron cifras históricas y récord en la otorgación de planes de ordenamiento predial (POP) y planes de desmonte (PDM). En el marco de las competencias de la ABT se autorizaron POP por una superficie que abarca más de 800.000 hectáreas -unas 417.000 son nuevas y el resto es actualización- un 100% más comparado con 2014. Igual tendencia se refleja en los PDM. Se legalizaron 157.000 hectáreas.
¿Cuáles son las directrices y qué incluye ese pacto social?
Los ejes temáticos ya fueron delineados y consensuados en las mesas forestales en la que participaron más de 700 personas de 22 instituciones indígenas, campesinas y empresariales relacionadas con el sector forestal a lo largo y ancho de todo el país. Los acuerdos serán anunciados pronto por el órgano Ejecutivo y serán oficializados en las cumbres forestales previstas en los próximos meses. No quisiera adelantarme a los hechos.
El sector forestal habla de una profunda crisis y factores externos e internos que asfixian a los actores productivos, ¿qué se hará desde la ABT?
Aquí toma notoriedad el pacto social que es la base en la que se definirán las acciones y directrices de las políticas públicas que permitan relanzar a este sector y diversificar la matriz productiva del país que, en la actualidad, se sostiene en las exportaciones de hidrocarburos y recursos naturales no renovables. No solo estamos avanzando en la expansión del área agrícola y pecuaria cultivable, también estamos combinando esfuerzos para que la frontera forestal crezca de 10 a 13 millones de hectáreas bajo manejo forestal en los próximos años. No obstante, somos conscientes de que si no hay una política de industrialización, acompañada de una agresiva búsqueda de mercados externos, resultará difícil que la gente se interese por acompañar el crecimiento de la frontera forestal.
Estamos simplificando la otorgación de planes de manejo. Por ejemplo, con los inventarios forestales pretendemos reducir los costos de $us 30.000 a 3.000 para permitir a los indígenas y campesinos -dueños de los bosques- gestionar planes de manejo forestal y no queden relegados y con deudas adquiridas con acreedores privados.
En el tema de importación, ¿qué políticas asumirán?
Se ha trabajado una serie de medidas de emergencia con los respectivos ministerios, entre otras, aumentar arancel y Certificado Forestal de Origen (CEFO) a las importaciones de muebles y tableros melamínicos. Pronto habrá novedades.
En el ámbito interno, ¿qué gestión se hará para potenciar a los forestales?
Hay un eje financiero. El sector forestal no es sujeto de crédito, pero desde la ABT se ha trabajado con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para buscar un producto que se adecue a los actores de la cadena productiva con garantías no convencionales. Esta medida también será anunciada muy pronto.
La ABT está visibilizando un nuevo modelo forestal en Bolivia, ¿qué incluye?
Un desarrollo integral de los bosques. Si no conseguimos que los indígenas que viven en los bosques de tierras bajas - son dueños de casi el 75% de los bosques- salgan de la pobreza usando al bosque, va a ser difícil defender los bosques en Bolivia. Por lo tanto, como política estatal estamos en la línea de no solo enfocarnos al bosque como un proveedor de madera, sino también desarrollar otras potencialidades en el área no maderable. Por ejemplo, la castaña en el norte del país genera $us 160 millones por año en exportación. El reto para Bolivia es desarrollar un plan de gestión integral de los bosques donde no solo sea sacar madera, sino extraer resina y hasta industrializar el asaí.
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