Dos de los siete decretos aprobados el 1 de mayo “retrasan” el libre ingreso de 399 tipos de productos a Bolivia, como prendas de vestir, alimentos, bebidas, calzados y muebles. Los empresarios destacan ambas normas, pero las consideran insuficientes.
El Día Internacional del Trabajador, el presidente Evo Morales firmó los decretos 2751 y 2752, con los que se pretende proteger la industria nacional a través de la implementación de autorizaciones previas para la importación de 399 tipos de productos. El primero incluye a 41 en seis categorías y el segundo a 358 en 46 categorías.
La autorización previa es una licencia que pide el importador a la jurisdicción competente en lugar de solicitar el permiso de internación de mercadería, con el cual hasta antes de la aprobación de ambas normas se realizaba la libre importación de productos con el pago correspondiente de aranceles, explicó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
“En la práctica, la autorización puede o no ser otorgada”, por lo que “se debe esperar la reglamentación” para saber en qué casos se emitirá o no esta licencia, agregó.
El viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Martín Bazurco, informó a La Razón que ambas normas servirán “principalmente para retrasar las importaciones”.
El Decreto 2751 sustituye el permiso de importación de alimentos y bebidas que otorga el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) por autorizaciones previas, que deberán ser dadas a las firmas de comercio exterior en un plazo de hasta 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En el anexo se inscriben aceites de soya y girasol, azúcar de caña, jugos de fruta y agua mineral y natural, así como sus derivados.
El Decreto 2752, por su parte, instruye al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural otorgar autorizaciones previas para la importación de manufacturas —excepto las de menor cuantía y las compras originadas en los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú)—, con el objetivo de incentivar la incorporación de los productos hechos en Bolivia en el mercado interno. Estas licencias se darán en un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
En su anexo se contemplan mercancías como abrigos, trajes sastre, camisas, blusas, ropa interior, pijamas, camisetas, suéteres, calcetines, calzados en general, carpas, toldos, artículos de tapicería, cortinas, muebles y otros.
Los procedimientos de solicitud y emisión de estas autorizaciones estarán listos en 30 y 60 días hábiles, respectivamente, computables a partir de la publicación de ambas normas (1 de mayo). El 27 de abril, el secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia y secretario de Organización de la Central Obrera Boliviana (COB), Vitaliano Mamani, recordó que los decretos 2751 y 2752 fueron consensuados “para proteger la industria nacional” en mesas de trabajo conformadas por autoridades del Ejecutivo, empresarios privados y trabajadores.
Un día antes, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ibo Blazicevic, quien fue parte de esos encuentros, informó que para la aplicación de estas medidas se trabajará en estudios que incluyan el incremento en la cantidad importada del producto, las causas del alza y la presentación de pruebas de los daños anotados por esa situación. Añadió que en el mediano plazo se acordó analizar un incremento de aranceles para los países con los que se tiene un Acuerdo de Complementación Económica, como los de la Comunidad Andina.
IMPACTO. En reiteradas ocasiones, los empresarios privados expresaron su preocupación por el mayor ingreso legal e ilegal de productos al país, a raíz de la devaluación de las monedas en países como Argentina y Brasil, lo que hace que las manufacturas de esos países se vendan a menor precio en el mercado nacional.
El Decreto 2751, sostuvo Rodríguez, protege a los alimentos de sectores “fuertemente afectados” tanto por fenómenos climáticos como por la devaluación en países vecinos, pero no incluye a productos como la carne de pollo y res, maíz, trigo y azúcar refinada, entre otros que también son perjudicados por este tipo de situaciones.
“Esta norma tiene la buena intención de proteger a la producción boliviana y a la generación de empleos, pero solo de la importación legal, no así de los artículos que ingresan vía contrabando”.
La Razón solicitó al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene tuición sobre el Senasag, información sobre los efectos del Decreto 2751 en la industria boliviana, pero la Unidad de Comunicación no llegó a concretar la entrevista requerida por este medio.
“Valoramos los esfuerzos del Gobierno. Son un gran avance, pero confiamos” en que se puedan “seguir construyendo medidas que ayuden al aparato productivo del país, que en este momento se encuentra en crisis en varios sectores. Esperamos que pronto puedan tomarse otras acciones urgentes”, dijo a La Razón el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, quien agregó que el rubro no fue convocado para elaborar la reglamentación de ambas normas, pese a su solicitud para ello.
El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Guillermo Pou Munt, afirmó que estas medidas serán positivas siempre y cuando “estén dirigidas a regular la incorporación al mercado local de productos que compitan con la industria nacional”, y en tanto se complementen con otras disposiciones que frenen el mayor contrabando que ambos decretos pueden causar.
Mamani adelantó que el Ejecutivo se comprometió a elaborar una norma para reforzar el control fronterizo. “El vicepresidente (Álvaro García) ordenó a la viceministra de Política Tributaria (Susana Ríos) que elabore una disposición legal que pueda endurecer el control (en fronteras)”. La Aduana, asimismo, debe ejercer un mayor control para frenar el ingreso masivo de productos que afectan a la industria nacional, agregó.
De acuerdo con datos del INE procesados por el IBCE, el valor de las exportaciones de la industria manufacturera boliviana entre 2007 y 2014 —cuando alcanzó su máximo histórico— se incrementó en 173%, de $us 1.331 millones a 3.635 millones. Las importaciones de estos productos, a su vez, se elevaron en 200%, de $us 3.452 millones a 10.360 millones. El año pasado, las ventas sumaron $us 2.540 millones y las compras 9.656 millones. Esta situación hizo que en los últimos nueve años el déficit comercial se elevara más de tres veces, de $us 2.121 millones a 7.116 millones.
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