Datos que surgen en Cochabamba señalan que una empresa boliviana “offshore”, Soelbo, gestionada por el consorcio jurídico panameño Mossak Fonseca, fue la encargada de vender acciones de la distribuidora eléctrica Elfec a la telefónica Comteco; mientras la Ministra de Transparencia insinuó que el empresario Samuel Doria Medina habría llevado al paraíso fiscal unos $us 300 millones por la venta de sus acciones en Soboce, aunque el empresario se apresuró en desmentir tal versión. En todo caso se aguarda que los periodistas autores del informe “Panama Papers” den a luz la identidad de las 95 empresas bolivianas que funcionan en Panamá, de los 18 gestores que usan los servicios de Mossack Fonseca para crear esas empresas, de los ocho beneficiarios y dueños reales de esas compañías “offshore” y de los 35 accionistas que podrían ser activos testaferros. Entre estos bolivianos podrían emerger desde prósperos narcotraficantes “encubiertos”, empresarios evasores y elusores de impuestos, así como políticos y funcionarios públicos corruptos del más alto nivel…
El Armagedon del siglo XXI parece haber comenzado y una chispa casi incipiente del Big Ban informativo estalla en Bolivia casi por añadidura, suficiente para incendiar al país cuando se desencripten los datos aún marginales. Nuestro país figura al final de la lista de los diez estados nacionales de Sudamérica, apenas antes de los estados recién descolonizados el pasado siglo —Guyana y Surinam— cuyo registro de empresas “offshore” canalizadas por el consorcio Mossack Fonseca promedia el cero. Por la reducida participación boliviana en la carpeta de clientes del consorcio panameño, el informe periodístico que estremeció al mundo ha omitido los datos de Bolivia y se darán a luz en una segunda entrega prevista para mayo con parte de la voluminosa información rezagada.
Según los “Panama Papers”, que es el título de la colosal revelación periodística, Mossack Fonseca creó un total 11.469 compañías “offshore” sudamericanas (no sólo en territorio panameño sino también en paraísos fiscales vecinos como las Bahamas e Islas Caimán, o las Islas Vírgenes británicas), de las cuales 95 empresas de este tipo, es decir el 0,83%, provienen de Bolivia.
De los 930 clientes sudamericanos del consorcio de Panamá que operan como gestores para la tramitación y creación de compañías “offshores”, un total de 18 (1,93%) serían bolivianos.
El registro indica asimismo que Mossack Fonseca tiene 1.795 beneficiarios (dueños reales del capital y sus utilidades) en toda Sudamérica, de los cuales un 0,44%, es decir ocho adinerados de alto vuelo, son de Bolivia.
Finalmente, Sudamérica figura en los Papeles de Panamá con 8.044 accionistas (en gran mayoría sospechosos de ser “palos blancos”) que forman parte de las 11.469 compañías “offshore” creadas por Mossack Fonseca. El 0,43% de esta masa societaria, es decir 35 accionistas, viven en Bolivia.
Las cuatro categorías en los “Panama Papers”
La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) clasifica a los grupos corporativos y personas individuales vinculadas a Mossack Fonseca (uno de cientos de consorcios que operan en todos los paraísos fiscales del mundo ayudando a ocultar dinero extraterritorial) en cuatro categorías: Compañías, Clientes, Beneficiarios y Accionistas. Si bien parecen sinónimos, en el mundo de los “offshore” estas categorías se explican y diferencian así:
Compañías: Sociedades Anónimas que se constituyen bajo la modalidad de empresas “offshore”, es decir fuera del territorio de origen de sus capitales, gozando de absoluta confidencialidad bancaria.
Clientes: Son los operadores y gestores que intermedian entre los beneficiarios y el consorcio creador de los “offshores” dentro el paraíso fiscal (en este caso Mossack Fonseca en Panamá), cuya misión es realizar todos los trámites pertinentes en territorio panameño para constituir las compañías por encargo de los beneficiarios y accionistas.
Beneficiarios: Aquellos que reciben las utilidades en sus cuentas de un banco suizo o panameño y son los dueños reales de los capitales que se reciclan en los paraísos fiscales. Existen dos tipos de beneficiarios: legales, porque usan los “offshore” como terreno neutral de actividades trasnacionales, declarando y pagando impuestos en sus países de origen (es el caso de jugadores del fútbol mundial o artistas de fama internacional); e ilegales, porque usan este sistema permisivo para lavar dinero de origen dudoso utilizando socios accionistas como palos blancos (es el caso de narcotraficantes, empresarios evasores de impuestos y funcionarios públicos corruptos).
Accionistas: Son las personas que integran las sociedades anónimas “offshore”, de cuya idoneidad empresarial no hay duda en caso de ser legal la actividad de sus compañías; pero también pueden ser testaferros (“palos blancos”) que encubren a los beneficiarios principales: habitualmente pertenecen al entorno íntimo del propietario real del dinero, ya sean familiares o subalternos políticos.
La incógnita provoca ansiedad en Bolivia
La presunta existencia de empresas y empresarios bolivianos que realizaron operaciones extraterritoriales con el consorcio Mossack Fonseca, al conocerse los mapas referenciales del informe “Panama Papers”, fue motivo de una cierta frustración especialmente en los círculos periodísticos que no pudieron acceder a los datos específicos del país, todavía encriptados hasta mayo.
Cunde la ansiedad por establecer cuáles son las 95 empresas “offshore” creadas para Bolivia por el consorcio panameño, por conocer los nombres de los 18 gestores o tramitadores bolivianos que usan los servicios de Mossack Fonseca para crear empresas “truchas” fuera del territorio del Estado Plurinacional, por identificar a los ocho capitalistas principales que generan este movimiento de fuga de dinero para beneficio directo, y por saber quiénes son los 35 socios (auténticos o testaferros) de esos ocho propietarios reales de las 95 compañías.
Hace pocas horas la ministra de Transparencia Lenny Valdivia, quien anteriormente ejerció el cargo de ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), dirigió una carta al grupo periodístico ICIJ solicitando la información que sobre Bolivia se entrevé en el mapa referencial del reporte “Panama Papers”. “En Bolivia nos interesa saber el modo de operar de las personas o empresarios privados que habrían realizado estas operaciones o inversiones en paraísos fiscales, a objeto de que podamos establecer si hay indicios e iniciar una investigación y establecer si éstos incurrieron en delitos de orden público”, dijo Valdivia al informar sobre la solicitud enviada a Marina Walker, vicepresidenta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Otra fuente importante de la información que requiere el Ministerio de Transparencia es la propia Embajada y los consulados de Bolivia en Panamá. La información diplomática permitiría descartar a las “offshores” bolivianas que no cometen delitos de lavado de dinero y realizan actividades legales pagando sus impuestos al Estado Plurinacional e ingresando al territorio panameño con el visto bueno de la Embajada. Actualmente el Embajador de Bolivia en Panamá es el ex Prefecto de Pando, un militar, el contraalmirante Rafael Bandeira Arze.
Dos casos bolivianos bajo sospecha
Según la Ministra de Transparencia, un “candidato” a figurar en la lista de los “Panama Papers” sería el empresario y dirigente político Samuel Doria Medina, quien habría sacado del país aproximadamente $us 300 millones que obtuvo por la venta del 51,35% de sus acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). Es habitual entre empresarios indolentes expatriar sus utilidades para evadir impuestos, o crear empresas activas en paraísos fiscales para eludir obligaciones tributarias en sus países de origen.
“Doria Medina ha vendido sus acciones en aproximadamente 300 millones de dólares, y para eludir el pago de impuestos en nuestro país lo que ha hecho es transar en la Bolsa Boliviana de Valores y esos dineros los ha sacado afuera, para eludir el control de sus operaciones”, advirtió Valdivia a tiempo de revelar que dichos recursos económicos no ingresaron al sistema financiero nacional.
El empresario no tardó en responder desmintiendo a la Ministra de Transparencia. Doria Medina negó que aquellos $us 300’000.000 fueron expatriados a un paraíso fiscal y admitió que se hallan “a buen recaudo” dentro el país, para evitar que el Gobierno del cual es acérrimo opositor le confisque ese capital.
Por otra parte, el diario Los Tiempos de Cochabamba reveló que la Sociedad Eléctrica Boliviana (Soelbo), sociedad anónima a la que la telefónica Comteco compró las acciones de Elfec, es una “offshore” creada en Panamá por el bufete de abogados Mossack Fonseca, según consta en el sitio opencorporates.com.
En las denuncias de supuesto daño de $us 17 millones causado a Comteco por esa compra de acciones de Elfec, se decía que Soelbo era una firma fantasma.
Los datos a que figuran en Open Corporates sugieren que Soelbo no utilizó clientes bolivianos (gestores) de Mossack Fonseca para realizar los trámites de su constitución, sino directamente al consorcio panameño, cuyo staff aparece integrando el directorio del “offshore” cochabambino. El representante legal de Soelbo en Bolivia era Javier de Udaeta, quien también fue gerente general de Elfec. La empresa “offshort” funcionó apenas dos años entre su creación y disolución: del 3 de julio del 2007 al 11 de junio del 2009, mientras se procedía a la transacción. La compra de las acciones de Elfec a Soelbo, por parte de Comteco, se consumó el año 2008, bajo la presidencia de Carlos Zenteno en la Directiva de la telefónica, siendo Fernando Gamboa Gerente General de la misma.
En noviembre de 2011, Udaeta y otros personeros de Elfec fueron imputados por enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y creación de sociedades ficticias, supuestamente cometidos durante el negocio de compraventa de las acciones de Elfec a Comteco con su exsocia estadounidense PPLG Bolivia Holding Company Ltda.
La denuncia, que abarcaba evasión de impuestos, fue realizada por el interventor de Elfec, Álvaro Herbas, en julio de ese año, quien acusó a los involucrados de haber creado empresas ficticias fuera del país para cerrar el negocio con PPLG Bolivia Holding Company Ltda, de capitales estadounidenses, que controlaba Elfec y su subsidiaria Integra con 521.994 acciones que representaban el 92,12 por ciento del total. Según la denuncia, “las compañías abiertas en Panamá son Cochabambina de Electricidad SA, Trabajadores de Luz y Fuerza SA y Soelbo, siendo las dos primeras propietarias de la tercera a la que finalmente la PPLG transferiría las acciones de la empresa Luz del Valle, controladora de Elfec e Integra”.
El exgerente general de Comteco Fernando Gamboa, en cuya gestión se realizó esa transacción, dijo a Los Tiempos que para efectuar la compra de acciones de Elfec se encargó un análisis legal que verificó que Luz del Valle era la dueña de las acciones de Elfec y de Integra. Dijo también que lo que Comteco compró fue “una propiedad real, de una empresa de carne y hueso (…)” y añadió que la cooperativa actuó como agente de retención de impuestos por aproximadamente 3 millones de dólares, que era lo que correspondía por la transacción.
El panorama sudamericano
Panama Papers Mapa SudamericaLas 11.469 compañías “offshore” creadas por Mossak Fonseca para Sudamérica, junto a sus 930 clientes gestores, 1.795 beneficiarios y 8.044 accionistas, constituyen un complejo escenario de contradicciones y paradojas. Por ejemplo, el país sudamericano que encabeza el ranking con casi 5.000 empresas creadas en este paraíso fiscal es Uruguay, cuyo y territorio y población son los más reducidos del subcontinente.
El caso del Perú es muy llamativo, pues tiene menos empresas “offshort” que Bolivia, apenas 52 (Bolivia 95); aunque registra una cantidad desbordante de beneficiarios, 290, muy por encima de Uruguay. A la vez, Perú es el segundo país sudamericano con mayor cantidad de accionistas (1.391) suscritos en las compañías peruanas constituidas en Panamá
En todos los casos, con solo tres excepciones (Bolivia, Guyana y Surinam), el informe “Panama Papers” revela nombres de empresas, empresarios, políticos gobernantes y opositores, artistas y deportistas que poseen “empresas ofshort” en este y otros paraísos fiscales. No todos los casos son oscuros. Los periodistas que investigaron el tema insisten en aclarar que el informe no implica acusaciones a priori, pues este tipo de compañías pueden también ser creadas lícitamente, sin evadir ni eludir impuestos en sus países de origen, realizando actividades extraterritoriales propias de la economía globalizada.
Un político uruguayo, Sergio Abreu, explicó la razón de ser de las empresas “offshore” con una interesante comparación: “Es como que vos vendés un cuchillo y no sabés si el comprador va a matar a la madre, al padre y al hijo o va a cortar un churrasco”.
El caso uruguayo
En Uruguay precisamente, país que encabeza la lista, viene resonando el nombre de Juan Pedro Damiani, actual presidente del club Peñarol y miembro del Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Según los registros del consorcio Mossak Fonseca develados por la investigación de ICIJ, Damiani y su buffete de abogados trabajaron para siete sociedades “offshore” vinculadas a Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA, acusado de fraude y blanqueo de dinero por el FBI en Estados Unidos, extraditado a Uruguay y ahora en prisión. En febrero le incautaron a Figueredo propiedades valuadas en más de $us 10 millones. Las filtraciones también revelan que Damiani supuestamente hizo de intermediario de una empresa registrada en Nevada (Estados Unidos) vinculada a Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo acusados de pagar millones de dólares en sobornos para adjudicarse derechos de televisión de eventos de la Conmebol. Otro de los documentos menciona que el futbolista argentino Lionel Messi utilizó un “despacho uruguayo” para constituir una sociedad panameña con el objetivo de seguir facturando sus derechos de imagen sin que se paguen los impuestos respectivos en España.
Tres capos del Estado en Ecuador
En Ecuador el escándalo mundial le salpicó al actual Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, que según “Panamá Papers” creó en los años 90, antes de ser Fiscal, su empresa ”offshore” conocida como “Madrigal Finance Corporation”, mediante los servicios de Mossak Fonseca. Según El Comercio de Quito que se contactó con el mismo consorcio panameño, Galo Chiriboga presentó una solicitud a la firma que fue recibida a través de un cliente (tramitador) profesional.
Otro nombre notable que entró al baile es de un familiar del presidente Rafael Correa, Pedro Miguel Delgado Campaña, que dirigió el Banco Central del Ecuador. De acuerdo con la información filtrada, Delgado es un cliente de Mossack Fonseca, es decir tramitador, habiendo procesado una hipoteca en nombre de su esposa, entonces vice cónsul general de Ecuador en Miami. La hipoteca de $us 190.000 era para comprar una casa en North Miami Beach. En ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central.
Se reveló igualmente que el Ministro encargado de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador (Senain), Rommy Vallejo, aparece relacionado en los “Panama Papers” con Javier Molina, quien fue asesor externo de la Senain entre 2014 y 2015 y representante en Quito de Mossack Fonseca hasta el año 2011.
Colombia, matices entre lo legal y lo ilegal
Según Connectas, el medio colombiano que participó en la investigación de ICIJ, un concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, aparece mencionado en los documentos. “Desde 2007 hasta 2014, Gutiérrez Robayo creó una red de 12 compañías ‘offshore’ y tres fundaciones en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas”, según los documentos.
El empresario Alberto Ríos es otra de las personalidades colombianas que se han mencionado en este escándalo financiero internacional. Ríos es un empresario de gran cercanía con el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y con los hermanos Nule, protagonistas del desfalco a Bogotá a través del carrusel de contratos y en el que resultó involucrado el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.
Connectas.org aclaró empero que el hecho de ser mencionado en este listado no significa que sus actividades sean ilegales y enfatizó en que Ríos siempre ha resaltado la transparencia de sus finanzas a través de sus “declaraciones de renta”, sin embargo, aseguró que sí aparece en algunas conversaciones que lo relacionan con el grupo de abogados Mossack Fonseca.
Carlos Eduardo Huertas, representante de Connectas, dijo que el imaginario que se tiene es que los involucrados en este tipo de operaciones son narcotraficantes, secuestradores o mafiosos, y aclaró que hasta el momento no se ha encontrado en ese listado a nadie con ese perfil y que por el contrario “los nombres que aparecen allí corresponden a personalidades públicas y empresarios que gozan de gran reconocimiento”.
Brasil, escándalo financiero y crisis política
“Panama Papers” muestra a 107 empresas “offshore” vinculadas a personas o firmas envueltas en la causa judicial del escándalo de Petrobras, informó el portal local UOL, que investigó la vertiente brasileña de “Panama Papers”. Los documentos señalan además que la empresa panameña Mossack Fonseca creó o vendió las empresas extraterritoriales a políticos pertenecientes a siete partidos brasileños o a familiares de los mismos. En la lista divulgada no figuran miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sí del PMDB, el mayor grupo del congreso brasileño que rompió con la presidenta Dilma Rousseff la semana pasada. También hay del partido opositor PSDB.
Una de las “offshores” que aparecen operadas por un banquero suizo es atribuida al presidente de la cámara brasileña de Diputados, Eduardo Cunha, que integra el PMDB y enfrenta en su país acusaciones de corrupción, aunque él en un comunicado de reacción a la publicación de “Panama Papers” negó poseer cuentas en el exterior. La investigación concluyó que algunas de las empresas “offshore” operadas por Mossack están vinculadas a grandes constructoras acusadas de pagar sobornos por contratos millonarios en Petrobras.
La firma panameña Mossack Fonseca entró en enero en el radar de las autoridades brasileñas de la red de sobornos en Petrobras, que presumían ayudó a ocultar identidades de dueños de inmuebles sospechosos.
Más escándalo en el chavismo de Venezuela
La palabra “Venezuela” aparece en 241.000 documentos de los “Panama Papers”. El caso que más comentarios genera es el de Adrián Velásquez, jefe de seguridad del fallecido expresidente Hugo Chávez, que el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la victoria de Maduro en las presidenciales, formó una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca. Velásquez y su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén, expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, residen ahora en República Dominicana, según informan medios venezolanos. Otros funcionarios del gobierno, así como de las Fuerzas Armadas y Petróleo de Venezuela, registraron empresas —algunas sin actividad comercial, según los reportes— en paraísos fiscales.
Argentina, los Macri y los Kirchner
Según los documentos, el presidente Macri integró el directorio de una sociedad “offshore” registrada en las islas Bahamas, en el Caribe, desde 1998. Identificada como “Fleg Trading Ltd.”, el actual presidente figuró como su director y vicepresidente. La sociedad funcionó hasta fines de 2008, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. “Es una operación legal”, se defendió Macri, que le atribuyó la creación de la sociedad a su padre, Franco Macri. “Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño”, dijo el nuevo Presidente argentino que reemplaza a Cristina Kirchner.
También se vio señalado en los documentos Daniel Muñoz, secretario y hombre de confianza del expresidente Néstor Kirchner. Muñoz sirvió durante dos años como asistente de la esposa de Kirchner, Cristina Férnandez, presidenta de 2007 a 2015.
El nombre del empresario Lázaro Baez, acusado de lavar en cantidades industriales dinero desviado de las obras públicas durante el régimen de la familia Kirchner, volvió a aparecer en escena. Se confirmó que Báez montó una gigantesca estructura de lavado de aquel dinero proveniente de la corrupción pública, creando más de 300 empresas fantasmas en Panamá mediante los servicios gestoriales de Mossack Fonseca.
Chile y el dinero sucio de la Gran Minería
Las revelaciones precipitaron la renuncia inmediata del presidente de Chile Transparente, el capítulo local de Transparencia Internacional, Gonzalo Delaveau Swett.
Según el Centro de Investigación Periodística (Ciper-Chile), integrante del grupo de medios que reveló la información contenida en el reporte “Panama Papers”, el bufete panameño Mossack Fonseca aparece como “agente de al menos cinco sociedades chilenas ‘offshore’ con domicilio en Bahamas y vinculadas a empresa la minera Andes Copper y en las que el abogado Delaveau ha tenido un rol clave en calidad de director o secretario de algunas de ellas”.
Otro de los nombres destacados en los documentos es el de Alfredo Ovalle Rodríguez, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio entre 2006 y 2008. Además, fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) de 2005 hasta que dimitió en 2009 por haber realizado negocios con el exdirector de finanzas de la DINA, la policía secreta en tiempos del gobierno militar de Augusto Pinochet. Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle, junto a su socio histórico, Raimundo Langlois, crearon en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá. Ambos son directores del Grupo Minero Las Cenizas y, según los documentos,usaron Sierra Leona para invertir en minería y en distribución alimentaria en Chile, para recibir dividendos de sus inversiones y para abrir cuentas bancarias en diferentes países. Ovalle Rodríguez no respondió a la petición de comentario realizada por Ciper.
Paraguay legisla los “offshore”
Al menos un centenar de casos vinculados a Paraguay aparecen en la histórica filtración de documentos sobre datos de empresas “offshore” creadas en paraísos fiscales entre 1977 y 2015, con asesoramiento de la firma panameña Mossack Fonseca. Muchos de estos casos están escondidos detrás de testaferros panameños.
ABC Color es el único medio paraguayo que formó parte de la investigación global realizada por unos 380 periodistas y 109 organizaciones periodísticas de todo el mundo que estuvieron trabajando a lo largo de un año, encabezadas por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Para la legislación paraguaya, crear una “offshore” no representa necesariamente una actividad ilegal a no ser que se la esté utilizando para lavar dinero, evadir impuestos o como fachada para la comisión de otros ilícitos.
En los últimos días, y ante la inminente publicación de los documentos, Mossack Fonseca comenzó a enviar correos electrónicos a todos sus clientes alrededor del mundo advirtiendo sobre la filtración de sus datos y, al mismo tiempo, hizo desaparecer de su página web la dirección de sus sucursales alrededor del mundo.
Perú, campañas electorales como lavadero
Los documentos revelados en los Panamá Papers incluyen a dos destacados personajes de la política peruana, dos de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori, favorita en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 10 de abril. Uno es Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto Fujimori y jefe de campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y el otro su sobrino, Jorge Yoshiyama Sasaki.
Yoshiyama Sasaki y Carlos Rubiños Zegarra son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises, constituida en octubre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio panameño Mossack Fonseca.
Según IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, refirió en enero que Yoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaña fujimorista $us 61.821 y $us 61.519 respectivamente, destacó BBC Mundo.
El también candidato presidencial y exministro Pedro Pablo Kuczynski aparece en los documentos divulgados. Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastón Acurio. Según “Panamá Papers”, dos sociedades “offshore” de Acurio fueron registradas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, y otra vinculada a su principal emporio gastronómico, Acurio Restaurantes, también creada en Panamá y luego trasladada a otro paraíso fiscal: Delaware, en Estados Unidos.
Acurio admitió a Ojo Público, medio peruano que investigó los papeles, ser el dueño personal de sociedades “offshore” y reconoció que a través de ellas compró dos embarcaciones de lujo. “He comprado un barco en las Islas Vírgenes y para poder comprarlo tienes que fundar, o sea, tienes que ser el propietario de esta compañía que es la propietaria de ese barco (…). Creo que no tiene nada de malo ni de ilegal comprarse un barco por más chiquito, mediano, grande que te pueda parecer”, dijo Acurio.
Bolivia y las Guayanas
Bolivia y dos de las tres guayanas son los únicos países sudamericanos sobre los cuales “Panama Papers” no difundió datos específicos más allá de enumerar a los involucrados con Mossack Fonseca en las cuatro categorías descritas.
La República Cooperativa de Guyana, ex colonia inglesa que se independizó en 1966, registra cero compañías “offshore”, ningún cliente gestor, sólo un beneficiario y un accionista que se supone son la misma persona, no identificada.
Surinam, antigua colonia holandesa hasta 1975, no registra ni una compañía, ni cliente ni beneficiario; aunque apunta seis accionistas que podrían pertenecer a un “offshore” creado para otro país.
La Guayana Francesa, todavía colonia de Francia, no tienen ningún vínculo, cero total, con el consorcio panameño cuyos papeles han sido filtrados por los periodistas de ICIJ.
En el caso de los datos de Bolivia aún encriptados, sólo queda esperar la segunda parte del informe anunciado para mayo, o alentar la posibilidad de que ICIJ de curso sin más trámite a la información solicitada oficialmente por la Ministra de Transparencia.
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