Uno de los problemas más acuciantes tiene que ver con la constante subida de costos, entre ellos el laboral. Los últimos años son el escenario de un sistemático incremento del salario mínimo nacional y de haberes básicos, además de la imposición irracional del doble aguinaldo y de otros beneficios como los aportes patronales solidarios para el sistema de jubilación.
El primer cuadro de esta página muestra la evolución del salario medio nominal entre 2005 y 2014.
Con base en datos de la encuesta de salarios del INE, se aprecia que en el período referido, el salario medio nominal de toda la economía creció en 64 por ciento. En tanto, en los sectores manufactureros y exportadores, los incrementos fueron superiores al promedio general; en todos estos últimos, los costos asociados al trabajo prácticamente se han duplicado.
El segundo cuadro permite ver que el incremento salarial acumulado en el sector de empresas formales llegó al 300 por ciento, considerando el bono de antigüedad, aportes patronales, doble aguinaldo y previsiones por indemnización por tiempo de trabajo.
En 10 años, el costo laboral para las empresas prácticamente se ha triplicado. Al mismo tiempo, y por causa del estancamiento de la economía mundial, los precios y la demanda internacionales caen, lo que significa que las empresas sufren por doble partida: caen sus ventas, y tienen que afrontar mayores costos para mantener su planilla de trabajadores.
No sube la producción
Los decretos de aumento salarial fijan incrementos mínimos, pero también abren la posibilidad de que los trabajadores negocien, en cada empresa, incrementos superiores. De hecho, esto es lo que sucede todos los años: los sindicatos presentan un pliego amplio de peticiones, que además de ajustes salariales adicionales incluyen bonos, pulpería, trasportes y otros beneficios, que incrementan considerablemente el costo real del empleo en las empresas.
Lo peor de todo radica en que esta suma de aumentos salariales no tiene como contrapartida la mejora en la productividad laboral, que simplemente no tiene cabida en las negociaciones de los empleadores con sus trabajadores, y no hay instancia gubernamental que se preocupe de la productividad o condiciones del mercado y, en definitiva, por la sostenibilidad financiera de las empresas privadas.
Los empleadores, por su parte, sean de empresas grandes, medianas y pequeñas, no tienen cómo hacer valer sus intereses y derechos; desprotegidos por la ley o por su incumplimiento, deben someterse a imposiciones, chantajes y medidas de fuerza de dirigentes sindicales.
Normas no son iguales
Lo paradójico de esta situación es que cuando se trata de las empresas públicas, el Gobierno sí toma en cuenta la situación financiera de éstas y su capacidad de hacer incrementos salariales.
En efecto, el Decreto Supremo 2348, del 1 de mayo de 2015, determina que el ajuste salarial en las empresas estatales se aplicará en función a la utilidad neta y la disponibilidad financiera de cada empresa.
Es decir, que en las empresas estatales el incremento salarial tiene como requisito “demostrar sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado a por lo menos tres años”, además de “haber generado utilidad operativa en la gestión anterior”.
La pregunta obvia es por qué las empresas privadas no pueden hacer lo mismo y actuar bajo las mismas reglas de racionalidad económica.
En este sentido, es posible advertir que el Gobierno se muestra comprensivo con sus empresas, pero ignora los problemas que agobian al sector privado.
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