Las principales obras del país se encuentran en manos de empresas chinas que han sido observadas por incumplimiento de contratos y vulneración de derechos de trabajadores. Sin embargo, en la mayoría de los casos el gobierno no solo no ha rescindido sus contratos sino que les ha adjudicado nuevos proyectos.
La razón es -según el analista Iván Arias- que China es el primer acreedor bilateral de Bolivia. "La deuda no viene libre, viene restringida a que se contrate mano de obra china y bajo sus condiciones deplorables de trabajo", sostuvo a tiempo de indicar que las obras se convierten en feudos donde los empresarios chinos ponen sus propias normas e incumplen derechos bolivianos como el pago del doble aguinaldo. "No generan empleo digno ni capacidades", sentenció.
El país asiático otorga financiamientos millonarios a cambio de que todos los proyectos implementados con ese crédito sean ejecutados por sus empresas, una práctica común, sostiene Arias. El analista recuerda que en el pasado los créditos concedidos por Brasil también se condicionaban a la ejecución de empresas brasileñas, "pero ellos contrataban mano de obra local con condiciones decentes".
Según información pública, desde el primer gobierno de Evo Morales se han suscrito más de una docena de contratos de préstamos bancarios de China por un importe total de más de 1.200 millones de dólares. Uno adicional (comprometido este mes) asciende a casi 7.400 millones de dólares e incrementará la deuda externa boliviana de 17 a 35% del Producto Interno Bruto.
El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que esa deuda es "manejable, racional y sana". El nuevo crédito se traducirá en varios proyectos de infraestructura vial de la red troncal que integrará la amazonía, los valles y el altiplano. Todos serán ejecutados por empresas chinas.
CAMC
El monstruo estatal La empresa estatal china CAMC Engineering es una de las que tiene mayor presencia en Bolivia. Actualmente ejecuta cuatro grandes proyectos por un monto de $us 483,6 millones a pesar de que dos de ellos han sido observados por retrasos e incumplimiento: la hidroeléctrica Misicuni (54 millones de dólares) y el tramo I de la ferrovía Bulo Bulo-Montero (83,6 millones de dólares). Por éste último, el ministerio de Obras envió la intención de rescisión de contrato, aunque finalmente el gobierno decidió que la empresa continuara. El tramo II (que ejecutaba la empresa China Railway) fue rescindido por incumplimiento de contrato y adjudicado a la boliviana Convisa.
Actualmente la ferrovía lleva entre un 20 y un 25% de ejecución, según estimaciones no oficiales proporcionadas por el equipo técnico del concejal de Montero, Carlos Vera. En agosto el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, declaró que el avance de la ferrovía era del 30 o 40%.
"La empresa no tiene un trato correcto con los trabajadores", menciona Vera. A consecuencia de ello los empleados bolivianos han realizado varias huelgas. Recientemente tomaron el campamento de trabajo de Santa Rosa (Santa Cruz) para que les pagaran salarios debidos y todavía permanecen en negociaciones con los gerentes chinos, lo que ha ocasionado graves retrasos.
Si la ferrovía no llegara a estar en funcionamiento en el segundo trimestre de 2016 no podrán exportarse las 2.100 toneladas de urea y 1.200 toneladas de amoniaco diarias que producirá la planta que YPFB construye en la localidad de Bulo Bulo, en el Chapare. El viceministro Álvaro Arnez confirmó a este medio que la planta estará en funcionamiento desde mediados de año, aseguró que su ejecución va camino del 80% e insistió en la necesidad de la ferrovía para garantizar su rentabilidad.
En el proyecto hidroeléctrico de Misicuni, que ejecuta CAMC desde septiembre de 2014, también se registraron retrasos a causa de protestas de trabajadores bolivianos. El gerente del Consorcio, Jorge Alvarado, reconoció que "no es fácil trabajar con chinos porque tienen otra mentalidad" y destacó la barrera del idioma. Confirmó que actualmente hay cuatro traductores para 500 trabajadores. "Al principio hubo problemas sociales porque no conocían las leyes del país y las exigencias en cuanto a derechos de los empleados", subrayó. Alvarado destacó que los problemas se superaron y actualmente el proyecto contempla un avance del 80%.
CAMC también construye la planta industrializadora de azúcar de San Buenaventura en La Paz que será inaugurada la semana que viene (168 millones de dólares) aunque la producción de 1,2 millones de quintales de azúcar por año no estará garantizada hasta 2020 porque no hay suficiente caña. Trabajadores bolivianos también se pusieron varias veces en huelga por las malas condiciones laborales, report+o un canal de televisión local.
A pesar de haber sido observada, la empresa se adjudicó en mayo la construcción de la Planta Industrial de Sales de Potasio en Uyuni, por la que cobrará 178 millones de bolivianos.
CWE
Carretera Trinidad-San Ignacio de Moxos La pavimentación de la vía que une Trinidad y San Ignacio de Moxos fue adjudicada a la empresa china International Water Electric Corp. (CWE) con invitación directa después de tres licitaciones desiertas. La carretera es de gran importancia para unir la capital beniana con la red vial que conecta con La Paz, especialmente en época de lluvias cuando el camino se vuelve intransitable.
La obra enfrenta un largo retraso, que la empresa justifica por las lluvias. Luis Fernando Zelada, gerente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en el Beni, informó a ANF que la obra lleva un avance del 12%. El contrato se firmó en noviembre de 2013 y la carretera debería estar lista en 2017.
Además, este año 300 trabajadores bolivianos contratados por CWE se movilizaron por lo que consideraban "condiciones laborales infrahumanas", informó un empleado que no quiso identificarse. Declaró que el salario no llegaba al mínimo nacional, la empresa trasladaba a los obreros a los campamentos en camiones amontonados y denunciaron hacinamiento en los lugares de pernocte.
PUENTE RURRENABAQUE
La empresa china Sinopec comenzó en junio de este año el movimiento de tierras en el proyecto de construcción del puente que unirá Rurrenabaque (Beni) y San Buenaventura (La Paz).
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) firmó el contrato con la empresa en agosto de 2014 para la construcción del puente con una inversión total de Bs 118.429.406 millones. La obra tendrá una duración de 36 semanas.
La concejala de Rurrenabaque, Eliane Moreno, denunció que la ficha ambiental presentada por la empresa es del 2009 y está desactualizada. También declaró que el movimiento de tierras está provocando daños ambientales. Según su testimonio, la playa de Rurrenabaque se estaría perdiendo y a cambio se estaría generando otra en San Buenaventura, en el otro extremo de la construcción. Además, sospecha que el camino que dará continuación al puente atravesará varias viviendas, algo que asegura no se ha comunicado a los habitantes de la zona.
Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Rurrenabaque, Pablo Ferreira, reconoció que en estos proyectos siempre hay oposición pero que la finalidad es llevar progreso al municipio.
Los operadores turísticos de la zona se resisten al puente porque temen que cuando esté habilitado, el municipio se convierta en un pueblo de paso para decenas de camiones, lo que acabará con el turismo del área.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario