"La empresa transnacional SIKA, con mas de 16.000 empleados en 110 países en el mundo, se negó a cumplir con sus obligaciones derivadas de los contratos laborales suscritos legalmente, al haber desvinculado a su ex gerente general y fundador de SIKA Bolivia SA”, detalla un comunicado que la víctima envió a Página Siete.
La empresa le ofreció menos de un 10% del valor del cálculo respectivo. Al no aceptar este ofrecimiento, el ingeniero Gonzalo Castillo insistió ante SIKA respecto a los adeudos acordados. Tras varios meses a la espera de que SIKA rectifique "su ilegal actitud”, el exgerente dijo que se vería obligado a iniciar el cobro a través de los tribunales del Ministerio de Trabajo de Bolivia.
"La respuesta fue más sorprendente. El mensaje fue que si iniciaba dichas acciones tendiente a cobrar los montos impagos, se iniciaría un juicio penal por cualquier motivo”, agregó la nota de Castillo.
Luego de un año presentó la demanda. "No habiendo obtenido ninguna respuesta, (SIKA) presentó la demanda laboral respectiva en los tribunales bolivianos. Como respuesta, y cumpliendo su amenaza, la empresa inició dos semanas después un juicio por abuso de confianza”.
Luego, la compañía logró cambiar la jurisdicción de la demanda y pasó de Santa Cruz a Cotoca, donde se hallaron varias irregularidades identificadas por el Consejo de la Magistratura.
Ante estos hechos, esta entidad judicial intervino y recomendó "que el encargado distrital de Santa Cruz del Consejo de la Magistratura presente denuncia contra el juez Federico Jiménez Rúa (...) de Cotoca”.
Castillo denunció los abusos de la empresa "tan reñidos con los principios corporativos que dice respetar”.
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