La abrogación de la Ley 2495, que creó el Hospital de Empresas, promulgada Gonzalo Sanchéz de Lozada en 2003, enfrenta a oficialistas y opositores.
Los primeros opinan que causó un daño económico de 205 millones de bolivianos y solamente benefició a nueve empresas ligadas al Gobierno de turno. La oposición considera que si se derogara esa norma se ahuyentará a la inversión privada y se vulnerarán derechos laborales.
EL OFICIALISMO busca la ABROGACIÓN. El diputado masista Javier Zabaleta señaló que la mencionada disposición posibilitó un acogimiento, extraordinario, preferencial y discriminatorio de algunas empresas, que se beneficiaron con la condonación de deudas contráida tanto con entidades bancarias en quiebra como tributarias.
"Como efecto de esta ley, el Estado perdió 205 millones de bolivianos solo en nueve empresas que se acogieron a esta medida, Al hacer una investigación, se descubrió que estas empresas pertenecían a la familia Calvo, parientes de Sánchez de Lozada, Petricevick y otras vinculadas al Gobierno del MNR".
Zabaleta explicó que se dio estas facilidades a tales empresas, con el fin de que creen empleo, eviten la quiebra y aumenten su productividad, pero al realizarse el balance y un análisis, se observa que éstas se cerraron sin crear empleo ni productividad.
"Solo hubo un beneficio económico y vemos que los propietarios de esas empresas gozan ahora de una buena fortuna y salud económica".
En criterio de Zabaleta, el daño económico causado al Estado, debe ser motivo de una investigación sobre exaccionistas y exejecutivos de dichas empresas para determinar si cabe, en su contra, responsabilidad administrativa, civil o penal.
LOS OBJETIVOS DEL OFICIALISMO. Según el oficialista Zabaleta, el objetivo de abrogar esta norma es que ninguna otra empresa pueda acogerse a sus beneficios, porque el Estado se arriesga a sufrir una pérdida mucho más fuertea y "el Estado no está en condiciones de perder dinero en empresas privadas".
La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle, el pasado miércoles, el proyecto de Ley 004 que decreta el cierre del proceso de reestructuración y liquidación voluntaria de empresas, al establecer las competencias y atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp).
La oposición critica la medida. La diputada Shirley Franco, de Unidad Demócrata, dijo que confirma que el oficialismo condena y dificulta la iniciativa privada a fin de consolidar el capitalismo de Estado.
Señaló que, así, se ahuyenta a la inversión privada y extranjera, que genera empleo en el país.
"El objetivo central de la Ley 2495 era fundamentalmente garantizar los derechos laborales de los trabajadores, en caso de que la empresa, en lugar de cerrarse, se reconfigure para enfrentar una situación crítica. La abrogación deja en desamparo al sector laboral, en sentido que el Estado se desliga de una responsabilidad social en caso de que se produzca una crisis empresarial".
Así, la oposición observará en el Senado, como lo hizo en su momento en la Cámara Baja, la abrogación de la norma y aclarará que esta ley protege a empresas en situación crítica, pero prioritariamente los derechos laborales de sus trabajadores.
Según Shirley Franco, de lo contrario, se está dejará a los trabajadores de estas unidades en estado de indefensión absoluta. "Esperemos que el oficialismo reflexione y retroceda en la abrogación y comprenda la importancia de la iniciativa privada".
Empero, el Hospital de Empresas no permitió, en muchos casos, recuperar a unidades en crisis.
EL PROYECTO DE LEY 004, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DISPONE EL CIERRE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE EMPRESAS, QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY 2495, QUE CREÓ UN MARCO JURÍDICO ALTERNATIVO AL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA QUE EMPRESAS DEUDORAS Y ACREEDORAS ACUERDEN SU REESTRUCTURACIÓN O LIQUIDACIÓN.
Las empresas favorecidas por el "hospital" fueron Mónica Cottons Sociedad Anónima; Gundlach; SAGIC; Bebidas Sociedad Anónima; Yotau Sociedad Anónima, Texturbol, Ametex, Hidroeléctrica Boliviana Sociedad Anónima y Bolser. La norma se promulgó el 4 de agosto de 2003, menos de tres antes de que Gonzalo Sánchez de Lozada renunciara a la Primera Magistratura del país, tras la matanza de octubre en la ciudad de El Alto.
"El objetivo de la abrogación de esta ley es básicamente, defender al Estado, porque con nueve empresas ligadas a Sánchez de Lozada perdió 205 millones de bolivianos". Javier Zabaleta - DIPUTADO DEL MAS
DATOS ADICIONALES
Algunos artículos del proyecto de ley del Movimiento al Socialismo
> El artículo segundo dispone la invalidez inmediata de acuerdos de reestructuración y liquidación voluntaria de empresas ejecutados por la Ley 2495.
> El artículo cuaerto establece que los acreedores públicos o privados, recuperan la facultad de cobrar los préstamos efectuados a estas empresas.
> Entre las disposiciones finales, establece que los órganos del Estado, bajo circunstancia alguna podrán condonar, remitir o desistir de la cobranza de sus créditos patrimoniales, ni otorgarles ventajas en detrimento de su patrimonio.
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