De enero de 2010 a abril de 2014, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) decomisó 62.276 fardos de ropa usada. De esta cantidad, solo el año pasado se incautaron 27.985 y, en lo que va de esta gestión, esa cifra llegó a 2.488, según datos oficiales.
Del total de la mercadería incautada en cuatro años y cuatro meses, Oruro encabeza la lista con el 58,81% de esa cantidad. Le sigue La Paz (19,08%), Cochabamba (14,31%), Santa Cruz (4,34%), Potosí (1,90%) y Tarija (1,53%), de acuerdo con datos oficiales de la administración aduanera.
Según los comerciantes de esta mercadería, un fardo de ropa usada pesa unos 45 kilos. Los precios por paquete varían de acuerdo con la procedencia y calidad del producto.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, dijo —en entrevista con La Razón— que “el tema de la ropa usada es uno de los mayores dolores de cabeza por el que pasa (actualmente) el país”. “Tenemos que ver con una preocupación para todos que es el tema de la ropa usada, pues en términos de cantidades, desde enero hasta abril de este año, son 2.488 fardos” que se han incautado, afirmó.
Mediante el Decreto Supremo 28761, aprobado en junio de 2006, el Gobierno prohibió la importación de prendería usada a partir del 21 de abril de 2007, además de la comercialización en territorio nacional desde el 1 de marzo de 2008, plazo que fue ampliado hasta el 1 de abril de 2009 a través del Decreto Supremo 29521.
El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), Víctor Ramírez, sostuvo que hace cinco años habían alrededor de 180.000 comerciantes de ropa usada en el país y ahora este número se incrementó hasta 250.000.
Según Ardaya, “una política de Estado no comprensible para países como Bolivia Perú y la propia Argentina es la política que tiene Chile”. Explicó que este país nacionaliza la mercancía usada en frontera y “no le interesa” que estos productos estén prohibidos en naciones vecinas.
Acuerdos. La presidenta de la Aduana señaló que tratados binacionales, como en el caso de Perú, se encuentran avanzados en lo referido a la lucha contra el contrabando.
“El trabajo binacional (aduanas de Bolivia y Perú) está siendo manejado con la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), migración de ambos países, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Policía, Ejército. Pero independientemente de estos grupos (...) se controlará mediante un grupo especial de la Aduana junto con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de Perú”, manifestó.
En 2009, para evitar la comercialización de ropa usada en el mercado nacional, el Gobierno planteó un Programa de Reconversión Productiva para incorporar a los vendedores al menudeo a rubros industriales. Este medio solicitó información referente a este tema a la Unidad de Comunicación del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, pero no respondieron a la solicitud.
El 22 de mayo, el viceministro de la Microempresa, Martín Bazurco, expresó que se coordina con la ANB para mejorar los controles en fronteras y evitar el ingreso ilegal de ropa usada. “Hay operativos e incautaciones. Hay instancias gubernamentales, en este caso, municipales que autorizan la venta”.
Coordinan acciones con Argentina
Estrategia
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, anunció que el 10 de junio se reunirá con su par de Argentina para analizar una estrategia de control en fronteras con el objetivo de frenar el contrabando entre ambos países.
Ropa usada genera pérdida de $us 160 MM
La Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype) aseguró ayer que el contrabando de ropa usada que ingresa al país genera una pérdida de unos $us 160 millones al sector textil.
El presidente de la Conamype, Víctor Ramírez, denunció que desde 2011 hasta la fecha se duplicaron las pérdidas y dijo que la reconversión productiva no funcionó. “La internación de ropa usada se duplicó; hace dos años era por un valor de $us 80 millones, pero ahora son más de $us 160 millones que afectan a la industria nacional”, señaló el dirigente a este medio.
Ramírez indicó que el jueves se realizará una reunión con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo para tratar los temas de contrabando de ropa y el daño que genera. El dirigente sostuvo que solo en el mercado Kantuta de la ciudad de Oruro la comercialización de este tipo de prendería se incrementó en 500%.
Este sector exige al Gobierno el cumplimiento del Decreto Supremo 28761. La norma fue aprobada el 21 de junio de 2006 y prohíbe la importación de mercancías clasificadas como prendería usada.
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