“Nos estamos enfrentando a una norma que cerraría con candado la información respecto del uso y la utilización de los recursos públicos destinados al desarrollo, además, se estaría creando una gran discrecionalidad respecto a la asignación de los recursos destinados al desarrollo y, esta subordinación está directamente relacionada con el Presidente del Estado”, afirmó Vargas respecto a dicho proyecto de Ley ingresado oficialmente el pasado 13 de junio a la Cámara de Diputados.
Se trata de la Disposición Adicional Décima que modifica el Artículo 228 del Código Penal con el siguiente texto: “El que en virtud de su cargo, empleo, posición o responsabilidad, teniendo acceso o conociendo información privilegiada, utilice, divulgue, transmita o disponga de la misma para lograr beneficios, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”.
Sin embargo, respecto a ese documento ingresado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la Cámara de Diputados, con la clave PL-398-13 el pasado 13 de junio, será cuestionado a través de la Presidencia de la entidad camaral para dar a conocer los criterios de los periodistas al respecto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario