La Autoridad de Empresa acusa a Coboce, Soboce, Fancesa e Itacamba de haber conformado un “cártel para fijar precios, distribuir mercado y controlar el negocio del cemento”.
Agregó que Coboce no cuenta con recursos para pagar multas, debido a que todos sus recursos e incluso créditos bancarios están comprometidos con la construcción y puesta en operación comercial de la nueva planta cementera de Irpa Irpa, que demanda una inversión superior a 102 millones de dólares.
En el supuesto de pagar la multa, todo el proceso productivo de la nueva planta no podrá concretarse.
“Estamos haciendo lo que manda la Ley 2341 del proceso administrativo. Tenemos plazo hasta el 4 de enero para presentar el recurso de revocatoria de la medida”, sostuvo y agregó que la AEMP debe responder hasta el 10 de enero.
Agregó que si la respuesta es negativa, Coboce presentará, según proceso administrativo, un recurso jerárquico y otras instancias legales.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales”, dijo a tiempo de agregar que Coboce pertenece a 28 mil socios, brinda empleo a 2 mil trabajadores y busca producir 76 mil bolsas de cemento día.
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