“Evidentemente hay una prohibición”, admite Cano, en referencia al decreto 28761, que veta la comercialización e importación de estas prendas. No obstante, afirma que ante la falta de empleo, ésta es la forma con la que subsisten varias personas.
La norma establece plazos para impedir la importación de ropa y, luego, la comercialización de ésta, además de que los vendedores se acogieran a un plan de reconversión productivo, el cual no tuvo los resultados esperados, dice Dionisio Martínez, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de Ropa y Prendería a Medio Uso.
“Es una utopía y una gran mentira” porque “no hubo ni un solo reconvertido”, comenta Martínez. La reconversión implicaba acceder a créditos y tecnología para los vendedores, entre otras medidas.
Los vendedores desafían: “Si hay una prohibición, nos vamos a levantar, y nuestras movilizaciones serán más fuertes que las de los maestros y médicos”, dijo Beatriz Márquez, quien vende prendas en el centro.
Martínez acota que el decreto fue “gestado en un momento de confusión, hemos demostrado que viola la Constitución”.
La intervención al comercio de la ropa usada en mercados corre por cuenta de las alcaldías, dice la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, quien resalta que su institución se encarga, principalmente, de evitar el contrabando. Pero, el decreto no establece qué entidad es la responsable, aunque fija como fecha tope para comercializar las prendas el 1 de marzo de 2008 “indefectiblemente”. No obstante, el 16 de abril de 2008 el Ejecutivo aprobó el decreto 29521, que amplía el plazo hasta el 1 de abril de 2009.
El intendente de La Paz, Mauricio Ruiz, dice que el tema es “complicado”, porque el Gobierno dio un plazo para vender los stocks, por lo que es difícil determinar si la prenda comercializada forma parte de un stock comprado recientemente o si se trata de uno que ellos ya tenían mucho tiempo atrás.
Al respecto, Tomas Quispe, vicepresidente de la Comisión Nacional de Defensa de Ropa y Prendería a Medio Uso, sostiene que no hay plazo para que su sector pueda terminar de vender su mercadería que quedó remanente. “Está prohibida la importación y la comercialización. Seguimos vendiendo, de qué vamos a vivir”, dijo.
Este medio buscó la versión del Gobierno. No obstante, pese a los diversos requerimientos a la oficina de prensa del Ministerio de Desarrollo Productivo no se logró concretar una contraparte.
Venta y perjuicio
En La Paz , el comercio se realiza sin problemas en algunos sitios, constató Página Siete en un recorrido por tiendas y puestos de venta del centro, próximo a la calle Mercado, y en Villa Fátima.
Además, los ropavejeros advierten que seguirán con sus negocios. “Vamos a seguir trabajando y no permitiremos que se nos quite nuestras mercaderías”, dice Martínez, quien informa que hay 300 mil comerciantes de ropa usada.
Seis vendedores señalaron que la venta es “regular”, pero que posibilita tener ingresos. “No es tan comercial, pero también tenemos para llevarnos cada día algo. Por eso seguimos”, dijo una de ellas.
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