“Son notificaciones de controversia, anuncios de arbitraje, otros ya en marcha (como) Quiborax, el caso de Guaracachi y el otro de Sabsa, que son anuncios activos, ahí se están constituyendo los tribunales, se van haciendo las reglas procesales y todo lo que corresponde de acuerdo con procedimiento”, indicó el procurador general del Estado, Hugo Montero, a Cambio.
En la actualidad, como Procuraduría, “estamos en un proceso de contratación” de los consorcios que se van a necesitar para “atender estos procesos activos”, dijo Montero.
Los casos
Cada una de las demandas tiene varios tonos y data de circunstancias distintas.
En el caso de Quiborax, subsidiaria de la compañía chilena Non Metallic, la demanda contra el Estado boliviano fue presentada en 2006 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial.
La demanda surgió dos años después de que el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005) anulara, mediante el Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, las concesiones de Quiborax para explotar ulexita en el salar de Uyuni. Ante esta situación, la empresa pide un pago de 66 millones de dólares por esta decisión.
En tanto, la demanda por la generadora de Guaracachi, nacionalizada el 1 de mayo de 2010, fue presentada en 2011 por Rurelec, accionista mayoritaria de Guaracachi América Inc (GAI), en la Corte Internacional de La Haya.
La empresa británica pide 70 millones de dólares por las acciones que tenía en la generadora Guaracachi, que el Gobierno encontró en quiebra cuando tomó posesión.
Hay más
De acuerdo con el detalle proporcionado por Montero, estas dos controversias son parte de 15 que enfrenta en la actualidad el país por la decisión del Gobierno nacional de recuperar las empresas de sectores estratégicos.
“Son entre 15 a 16 casos que son de conocimiento de la Procuraduría, tres de ellos, desde que empezó a trabajar la entidad, se han resuelto en términos muy favorables para los intereses de nuestro Estado”, dijo.
Entre los acuerdos logrados están el arreglo con la empresa canadiense Atlas Precious Metals, que pedía una indemnización de 2 millones de dólares por las inversiones que había realizado para reactivar la planta de Karachipampa, ubicada en Potosí. El Estado le pagó 750 mil dólares.
En tanto, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) pagó a Inversiones Ecoenergy Bolivia Sociedad Anónima 18 millones de dólares por las acciones que tenía en la eléctrica Corani.
DATOS
• La Procuraduría General del Estado cumplió ayer un año de funcionamiento. Fue creada el 7 de febrero de 2011 por mandato de la Constitución.
• La Ley 064 de 5 de diciembre de 2010 señala que está encargada de defender y precautelar los intereses del Estado.
• Fue estructurada a través de los decretos supremos 0788 y 0789.
• Asimismo, la entidad estatal está integrada por la Escuela de Abogados del Estado y el Consejo de Abogados del Estado.
• La Escuela de Abogados, ubicada en El Alto, tiene la función de capacitar, a nivel de posgrado, a estudiosos del área.
• El Consejo de Abogados tiene la tarea de formular doctrinas jurídicas de defensa.
Jindal: aún no notifican a la entidad estatal
El procurador general del Estado, Hugo Montero, señaló que su despacho no ha recibido ninguna notificación oficial del anunciado arbitraje interpuesto por la empresa india Jindal Steel Bolivia (JSB) contra el país.
“Ese tema es uno de los siete que están bajo supervisión, no obstante de que a la fecha no hay una notificación oficial, pero sí ya hemos tomado previsiones, hemos armado las carpetas para respaldar las decisiones legales del Estado que se han tomado en el tema Jindal”, indicó.
La Corte Internacional de Arbitraje de París admitió el año pasado la demanda interpuesta por Jindal contra el Estado boliviano por el cobro de las boletas de garantía por 18 millones de dólares, en abril de 2010, que la firma considera ilegal.
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